La economía, el virus y los mapuches

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La gobernadora plantea con quienes habla un escenario muy complicado desde el punto de vista financiero. Por ahora los sueldos se pagan, incluso el aguinaldo.

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El panorama que describe la gobernadora a los empresarios de la provincia con los que se ve por videoconferencias es negro. Arabela Carreras les habla con “honestidad brutal” pero con tono calmo y ese acento cordobés que adquirió cuando se fue a estudiar Letras y que nunca le preocupó olvidar.

A sus interlocutores, no necesariamente empresarios, les dijo que hasta julio hay plata para pagar los salarios del Estado, aguinaldo incluido.

En cuestión de días, a principios de junio, la Provincia debe hacer frente a un nuevo pago de intereses de los bonos en dólares emitidos para financiar el plan de obra pública bautizado con el apellido del primer gobernador constitucional de la provincia, el radical intransigente Edgardo Castello.

Son 11.650.000 dólares, entre 800 y 1.000 millones de pesos, según el tipo de cambio.

En marzo, que es la última información procesada por el Ministerio de Economía de la Provincia, por regalías petroleras ingresaron 1.500 millones de pesos, pero en abril se derrumbó el precio internacional del crudo y la demanda se fue en picada.

Ahora hay un “barril criollo” a 45 dólares, pero mientras el comercio y la industria no recuperen ritmo no habrá mayor consumo de hidrocarburos. Y tampoco habrá pago de Ingresos Brutos, el principal impuesto de las provincias.

¿Hay posibilidades de que Río Negro vuelva a emitir bonos para pagar salarios y proveedores? La gobernadora no lo niega, pero por supuesto que ni se le ocurre confirmarlo.

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El gobierno no logra ir por delante de la covid-19, especialmente en Bariloche; ni del foco de conflicto permanente que representa una comunidad mapuche en Villa Mascardi.

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La idea del regreso de las “cuasimonedas” le provoca dolor de cabeza a cualquiera; son como un símbolo de los orígenes del terrible desbarranque de nuestro país en enero de 2002.

Luego de los cambios de gabinete que dejaron ver cierta debilidad, al colocar incondicionales en reemplazo de funcionarios heredados de la gestión de Alberto Weretilneck, Carreras tiene en sus frentes abiertos el avance del coronavirus en la provincia, especialmente en su ciudad, Bariloche.

El ministro de Salud, Fabián Zgaib, sobrevivió a un primer sacudón. Esta semana insinuó que Río Negro tiene más contagio que Neuquén porque hace más testeos, “el doble de pruebas” que el gobierno de Omar Gutiérrez. “El virus está, si uno lo busca lo encuentra”, razonó como con lógica. Tal vez sea mejor ponerse por delante del covid en vez de ir por detrás.

Tampoco nadie va por delante del conflicto con comunidades o grupos mapuches en Bariloche. No es un asunto nuevo y de su gravedad habla por sí solo el crimen de Rafael Nahuel, en noviembre de 2017. El paso del tiempo por sí mismo no resuelve nada.

El Estado (sea cual fuere la jurisdicción) muestra en este caso su enorme incapacidad: actúa con firmeza y armas de fuego, con consecuencias sangrientas, o deja la zona liberada y se vandalizan propiedades públicas y privadas.

El gobierno nacional, con la rionegrina Magdalena Odarda a la cabeza, llegó recientemente a Villa Mascardi y habló de solución pacífica. Pero la paz es una quimera en ese rincón de la Patagonia.

La Provincia se desentendió de los hechos de violencia del jueves: es un parque nacional y una ruta federal. La responsabilidad de Río Negro -agregó- es la seguridad de la comisión de fomento y de los pobladores, que son los que denuncian las constantes agresiones del grupo de jóvenes mapuches que se instalaron allí hace casi tres años.

Detrás de capuchas que solo dejan ver los ojos, ejercen lo que ellos sostienen que es su derecho con una violencia tal que los aísla, aun dentro de las organizaciones mapuches de la ciudad y la provincia. No es que están simplemente fuera de la ley, como muchos que no son mapuches y que avanzaron sobre tierras cordilleranas con artilugios para eludir las normas. A estos jóvenes no les interesa lo que el Estado argentino les ofrece como realidad, lo que transforma un problema en una delicadísima situación de resolución muy compleja.