La energía distribuida democratiza el servicio
María Inés Grandoso*

En la última sesión legislativa, la provincia de Río Negro adhirió a la Ley Nacional Nº 27.424. Esto se logró gracias a un proyecto consensuado entre legisladores de las diferentes bancadas Daniela Agostino (ARI-Cambiemos), Leandro Tozzi (JSRN), Soraya Yauhar (UCR). Por el Frente para la Victoria, Marcelo Mango y quien suscribe.
Esta iniciativa prevé el régimen de fomento a la generación distribuida de energía renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública.
Los beneficios de los sistemas de generación distribuida incluyen que son descentralizados, modulares y utilizan tecnologías flexibles y no contaminantes. Simultáneamente disminuyen el impacto ambiental y la pérdida de energía por transporte e incrementan la seguridad y confiabilidad del suministro eléctrico.
Frente al modelo tradicional de suministro de energía eléctrica, en donde su flujo es unidireccional y las plantas de generación normalmente están alejadas de los centros de consumo, se presenta el de la generación distribuida. En el cual las centrales de generación son de reducido tamaño, conectadas a las redes y situadas más cerca de los puntos de consumo.
La particularidad de esta Ley, es el concepto de auto-producción, en donde son los consumidores los que emplazan pequeños generadores en sus hogares, con los cuales luego se producirá toda la electricidad o parte de la que necesiten para su propio consumo. El sistema de “balance neto” dentro de la Ley, se plantea como complemento regulatorio, permitiendo compensar los excesos de energía producida con la no consumida y vertida en la red. De esta manera, el consumidor que produce energía puede compatibilizar su curva de producción con su curva de demanda.
En el contexto actual, de tarifazos, donde el precio de la energía incrementa cada año, las energías renovables serán cada vez más accesibles y eficientes.
En este sentido, la idea de promoción de la generación de energía “distribuida”, está unida a la protección del ambiente y por tanto a los conceptos “energía alternativa” o “energía sustentable”.
La particularidad de esta Ley, es el concepto de auto-producción, en donde son los consumidores los que emplazan pequeños generadores en sus hogares, con los cuales luego se producirá toda la electricidad o parte de la que necesiten para su propio consumo.
Esto implica una radical opción por la democracia en la gestión económica local, y una asunción por la ciudadanía de la “soberanía energética”.
Esta energía limpia puede ser generada por grandes instalaciones centralizadas o por la propia comunidad de consumidores. La diferencia fundamental es que cuando es “distribuida” y no “concentrada”, vuelca sus beneficios a la comunidad local.
Por eso creo que debe hacerse énfasis en facilitar en un futuro todas las formas asociativas como “generadores comunitarios de energía limpia”, y facultar la entrega de energía al sistema no sólo en forma individual, sino especialmente en forma comunitaria, barrial o en unidades familiares o productivas (como parques industriales).
Somos una provincia cuyo mandato constitucional supone un compromiso con la economía solidaria, con el desarrollo regional y local, con la promoción de los valores de la solidaridad y la inter-cooperación. Dentro de esas formas comunitarias sin fines de lucro están las cooperativas y mutuales que en Río Negro tienen protección constitucional.
Es por ello que considero fundamental que la provincia genere una política propia en relación a este tema involucrando a las Universidades y también al Invap, a fin de facilitar la investigación y generación de tecnología apropiada y económica que haga posible su utilización por parte de los usuarios.
Es importante destacar los aspectos más significativos de la adhesión a la Ley Nacional Nº 27.424: ahorro en el consumo de la energía primaria; reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero; disminución de las pérdidas en el sistema de distribución en energía eléctrica; menores inversiones en redes de distribución y transporte, entre otras.
* Legisladora Frente para la Victoria. Vocal Suplente de la Comisión Especial de Cooperativas, Mutuales y Economía Social.
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