La fiscalía y la querella pidieron confirmar el desalojo en Cuesta del Ternero
La defensa de los mapuches imputados por la usurpación de un campo, ubicado en cercanías de El Bolsón, reiteró el pedido de una mesa de diálogo. El juez escuchó a las partes y anunció que pasadas las 13 informará su decisión.
En la audiencia judicial realizada esta mañana de lunes para dirimir la controversia sobre el desalojo de la comunidad Quemquemtreu en Cuesta del Ternero, la defensa de los referentes mapuches imputados en la causa aseguró que llevar el conflicto a la instancia penal fue un error y pidió la apertura de “una mesa de diálogo”. Mientras que la fiscal jefa Betiana Cendón y el abogado por la querella, Ernesto Saavedra, solicitaron al juez que confirme la resolución que ordenó el desalojo de las personas imputadas.
Mientras, un grupo de manifestantes corta desde esta mañana la ruta nacional 40 a la altura del ingreso a Cuesta del Ternero para protestar contra el eventual desalojo. La policía solo actúa de manera preventiva y fijó puestos para informar a los automovilistas y evitar que se acerquen al piquete, informó el sitio web Infochucao de El Bolsón,.
La abogada Andrea Reile, quien representa a los cuatro hombres y dos mujeres acusados del delito de usurpación, pidió la impugnación de la audiencia del 16 de diciembre en la cual el juez Ricardo Calcagno impuso el desalojo y fijó plazo para el retiro voluntario de los ocupantes del campo hasta el 23 de diciembre.
Esa orden luego quedó en suspenso a la espera de la actual instancia de revisión, que está a cargo del juez de juicio Gregoor Joos, quien luego de escuchar a las partes vía zoom volvió a citarlas a las 13, para dar a conocer su decisión.
El campo de Cuesta del Ternero está ubicado en cercanías de El Bolsón y funciona allí una explotación forestal, que está a cargo de Rolando Rocco, por concesión otorgada por la provincia. El empresario actúa en la causa como querellante con el patrocinio de Saavedra, quien pidió hoy la concreción del desalojo porque “la usurpación se produjo, el delito se produjo, y hay peligro en la demora”.
Dijo que su representado “no puede tener ningún tipo de actividad en el campo desde el 18 de septiembre”, cuando se inició la toma por la lof Quemquemtreu, lo cual fue desmentido por la defensa.
La abogada Reile aseguró que la explotación no cesó, como lo demuestra la incursión de dos empleados de Rocco que terminó con un homicidio y otro joven de la comunidad con heridas graves.
Dijo que la lof no se encuentra asentada sobre la forestación de pinos sino en un sector de bosque nativo, y “la ley les concede derecho a llevar su vida de manera sustentable en un terreno de ese tipo”.
Según la defensora, la comunidad “siempre estuvo dispuesta a solucionar el conflicto de manera pacífica pero no fue escuchada”. Dijo que el Estado provincial “debe bajar la conflictividad y llamar a una mesa de diálogo”. También afirmó que “está pendiente de resolución la escucha de organismos entendidos en el tema” como el Inai y el Parlamento Mapuche Tehuelche.
Cendón defendió el desalojo resuelto hace ya once días y dijo que “en seis oportunidades” distintos agentes del Ministerio Público Fiscal se acercaron al lugar en busca de diálogo pero fueron recibidos con actos de violencia. También dijo que los miembros de la comunidad Quemquemtreu actúan encapuchados y resistieron la identificación, por lo cual debieron actuar mediante un allanamiento.
Aseguró que no estaba en juego el derecho indígena en esa causa y citó al juez Calcagno para subrayar que “no hay normativas que avalen las vías de hecho como una usurpación”.
Con esa postura chocó la defensora de los jóvenes imputados, quien insistió con la posibilidad de diálogo y aseguró que “todo este tiempo la comunidad ha intentado de manera muy sincera llegar a una solución pacífica”. A las 13, el juez informará si confirma la orden de desalojo o la revoca.
En la audiencia judicial realizada esta mañana de lunes para dirimir la controversia sobre el desalojo de la comunidad Quemquemtreu en Cuesta del Ternero, la defensa de los referentes mapuches imputados en la causa aseguró que llevar el conflicto a la instancia penal fue un error y pidió la apertura de “una mesa de diálogo”. Mientras que la fiscal jefa Betiana Cendón y el abogado por la querella, Ernesto Saavedra, solicitaron al juez que confirme la resolución que ordenó el desalojo de las personas imputadas.
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