Cerraron la investigación por la presunta usurpación de tierras

La Justicia penal cerró la investigación por la presunta usurpación de la cancha del Santo Fútbol Club en el barrio Mi Bandera.

Funcionarios del municipio de Viedma que presentaron la denuncia penal no documentaron la propiedad legal municipal. Al no ser dueño de ese terreno el municipio no se configuró el delito de usurpación, por lo menos para esta institución que presentó la denuncia penal. El planteo podrá continuar ahora pero por la vía civil.

Ante este marco de situación, el fiscal Guillermo Sacco desistió de la acción y se cerró la investigación para el fuero penal. El fiscal evaluó la documentación acercada desde el municipio y el informe recibido de Catastro que documentó que ese terreno es propiedad del club “Esperimental” que ya no existe, según consta en una ordenanza de 1985 en la que consta que el municipio de Viedma cedió esas tierras a aquella entidad.

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Para el Código Penal ese delito se configura cuando se usurpa algo que tiene en su poder otro ya sea poseyéndolo jurídicamente o con la tenencia. Las pruebas reunidas en este caso no certificaron que el municipio tuviera algunos de esos derechos.

El nuevo Código Penal de Río Negro fija una serie de requisitos para que se configure el delito de usurpación como la existencia de clandestinidad, violencia, ejercicio de la fuerza y el desapoderamiento de la tenencia de la poseción o de algún derecho real de alguien.

A una semana de la ocupación de las tierras es importante la cantidad de familias que comenzaron a levantar pequeñas viviendas de madera y distintos materiales, incluido la escasa infraestructura del club que había quedado en pie.

No configuraría el delito de usurpación la ocupación de los terrenos de la cancha de Santo Fútbol Club, en el barrio Mi Bandera de esta capital. Por lo menos no lo sería en relación al municipio de Viedma por no ser el propietario de esas tierras, según las pruebas reunidas.

Para el Código Penal ese delito se configura cuando se usurpa algo que tiene en su poder otro ya sea poseyéndolo jurídicamente o con la tenencia. Y en este caso el municipio no tendría ni una cosa ni la otra, de acuerdo a la información recibida por el fiscal Guillermo Sacco, a quien Catastro le informó que ese predio es propiedad del club “Experimental”, de acuerdo a una ordenanza de 1985 en la que el municipio cedió las tierras en cuestión a esa entidad que ya no existe.

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El presidente del club Santo, Juan Millaguán, aseguró que hace 20 años esta entidad tiene un permiso de ocupación de esos terrenos.

En la tarde del miércoles pasado varias personas, en su mayoría jóvenes, se asentaron con maderas y algunas pequeñas carpas en ese predio. En pocas horas dividieron en forma precaria el lugar y hasta clavaron estacas en el medio de cada rectángulo con apellidos, a modo de pertenencia.

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Apenas fueron informadas de los primeros movimientos, las autoridades municipales radicaron una denuncia penal ante la fiscalía a cargo de Guillermo Sacco, quien como primera medida pidió a la Policía informe sobre la permanencia de personas en el terreno y la existencia o no de niños, entre otros datos.

En forma simultánea le requirió al municipio que certificara la titularidad de esas tierras tomadas. Una de las áreas consultadas fue Catastro que informó sobre la cesión al club Experimental como último dato certificado respecto de la tenencia de esas tierras.

¿Tierras de nadie?

En su artículo 181 el nuevo Código Penal de Río Negro fija una serie de requisitos que configuran el delito de usurpación a los efectos que el juez interviniente pueda ordenar el desalojo forzoso. Entre ellos exige la existencia de clandestinidad, violencia, ejercicio de la fuerza y el desapoderamiento de la tenencia de la posesión o de algún derecho real de alguien. Y en este caso específico el municipio como denunciante no tiene nada de eso, si se tiene en cuenta lo informado por Catastro.

Habrá que ver como pasaron esas tierras del Experimental al Santo pero ese tema escapa al derecho penal para el que no habría usurpación por lo menos para el municipio que no es el dueño de ese predio.

Ante esta situación el camino que le quedaría al municipio para pedir el desalojo sería la Justicia civil.