Los abogados quieren una ley para los juicios orales civiles

Reclaman que el principio de oralidad se efectivice según la Constitución Provincial. La Federación Argentina de Colegios de Abogados se adhirió al pedido.

Los abogados de la provincia de Neuquén quieren que la implementación de la oralidad en los juicios civiles a partir del año próximo se formalice a través de una ley y no mediante una disposición del Tribunal Superior de Justicia.

Con la firma de siete colegios de profesionales en una solicitada, refieren que el colegio de abogados de la provincia se reunió con integrantes del TSJ para tratar la “generalización de la oralidad efectiva en la etapa de prueba de los procesos de conocimiento civiles y comerciales” que incluye la fecha para el año próximo.

En ese encuentro y frente al presidente del TSJ, Germán Busamia y la vocal Soledad Gennari, los abogados manifestaron su postura para que la implementación del principio de oralidad se efectivice según la Constitución Provincial, “es decir mediante la sanción de leyes especiales y no a través del dictado de un reglamento administrativo sin la participación del pueblo”.

En el documento contaron que una vez que advirtieron esta postura, Busamia les dijo que los jueces que no apliquen el protocolo se los someterá a sumario administrativo. Esta acción, a juicio de los abogados, quiebra “la independencia funcional de los jueces de primera instancia quienes ya no podrán resolver por si sobre sus facultades”.

El 20 del mes pasado la Federación Argentina de Colegios de Abogados resolvió adherir al reclamo de los neuquinos y también se solicitó una reunión con la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Legislatura, pero no tuvieron respuesta.

“El colegio de abogados no guardará silencio ante el avance de un poder estatal sobre otro porque el juramento nos impone actuar y alertar sobre los excesos de poder”, dijeron.


Los abogados de la provincia de Neuquén quieren que la implementación de la oralidad en los juicios civiles a partir del año próximo se formalice a través de una ley y no mediante una disposición del Tribunal Superior de Justicia.

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