Los militares y el poder político

Desgraciadamente, no les es dado mantenerse fuera del escenario político. A menudo tienen que elegir entre acatar órdenes que podrían ser ilegítimas o inventar pretextos para desobedecerlas.

La función principal, acaso la única que no admite discusión, de las fuerzas armadas consiste en pelear contra sus equivalentes de otras latitudes. Así lo entienden los militares mismos. Pasan mucho tiempo preparándose mental y físicamente para participar de conflictos “convencionales”, como los de antes, que en teoría podrían estallar en cualquier momento pero que, por suerte, han sido poco comunes en América latina.

Ha sido en buena medida por tal motivo que en esta parte del mundo los militares, hartos de limitarse a fantasear con guerras que sabían improbables y conscientes de lo difícil que les era justificar los costos siderales de las organizaciones a las que pertenecían, se las ingeniaran para atribuirse roles más positivos como integrantes de “la reserva moral de la Patria”, una “elite modernizadora” o, últimamente, con mayor humildad, defensores abnegados de la Constitución.

Es lo que dicen haber hecho los militares bolivianos cuyo jefe dejó caer a Evo Morales al “sugerirle”, como permite la Constitución de su país, que le convendría renunciar, ya que no estaba dispuesto a ordenar a sus hombres reprimir a quienes protestaban en las calles contra lo que a todas luces fue un fraude electoral flagrante.

¿Se trató de un golpe de Estado? Bien, el que un presidente se haya sentido obligado a buscar refugio en otro país debido a una “sugerencia” militar sí lo hizo víctima de un golpe, pero de uno que a primera vista no supuso ninguna violación de las reglas constitucionales. Sea como fuere, el que Mauricio Macri no lo haya denunciado con contundencia por no ser cuestión de un golpe tradicional fue suficiente como para que sus muchos adversarios lo tomaran por un golpista nato.

La situación en que se encontraban los militares de Bolivia no era nada sencilla. Al negarse a actuar como la guardia pretoriana de un presidente en apuros provocaron su derrocamiento, rompiendo de tal modo un tabú que es muy importante en una región en que muchos tienen motivos de sobra para no querer que las fuerzas armadas desempeñen un papel político, pero de haber salido de los cuarteles para enfrentar a los revoltosos hubieran corrido el riesgo de ser juzgados por abusar de los derechos humanos de los manifestantes, o sea, de enfrentar el “lawfare”, o “guerra jurídica”, que tanto molesta a su santidad Jorge Bergoglio, al presidente electo Alberto Fernández y a casi todos los progresistas a pesar de que sea un concepto ideado por defensores de las fuerzas armadas norteamericanas.

Desgraciadamente para los militares, no les es dado mantenerse fuera del escenario político. Por mucho que se resisten a adoptar posturas a favor o en contra de los gobernantes, a menudo tienen que elegir entre acatar órdenes que podrían ser ilegítimas o inventar pretextos para desobedecerlas. Tales dilemas no surgirían si las reglas constitucionales fueran menos ambiguas de lo que suelen ser en todas partes, pero especialmente en América latina, donde abundan políticos que son expertos consumados en el arte de torcerlas, interpretándolas conforme a sus propios prejuicios ideológicos.

De tener razón quienes prevén que los años venideros sean sumamente agitados en toda la región al ensancharse la brecha entre las expectativas de la mayoría y la deprimente realidad económica, muchos otros militares enfrentarán disyuntivas parecidas a la que indujo a los bolivianos a poner fin a la larga gestión de Morales o que, cuando menos, los hizo interrumpirlo, ya que sería prematuro descartar la posibilidad de que un día asistamos al regreso triunfal de un hombre que cuenta con el apoyo apasionado de millones de compatriotas.

Por motivos comprensibles, no solo Evo sino también sus muchos simpatizantes en el resto de América latina quisieran convencernos de que los militares son congénitamente derechistas, razón por la cual buscan oportunidades para llevar a cabo golpes de Estado contra los gobiernos “populares”. Los planteos en tal sentido serían más persuasivos si las fuerzas armadas venezolanas no hubieran permanecido leales a un régimen que según ellos es izquierdista.

Así y todo, lo sucedido en Bolivia les ha permitido insuflar nueva vida a la idea, que en el pasado aprovecharon con éxito, de que los militares, con esporádicas excepciones, habitualmente apoyan a las oligarquías locales y actúan en consecuencia, como en efecto han hecho en Ecuador y Chile.

¿Hubieran reaccionado con vehemencia parecida si los militares de dichos países se hubieran negado a reprimir a quienes obligaron al presidente Lenin Moreno a trasladar pasajeramente la sede del gobierno a Guayaquil o a los que trataban de derrocar a Sebastián Piñera?

Claro que no, antes bien los hubieran felicitado por respetar la voluntad popular.