Lozada dispuso que se investigue el presunto pedido de sobreprecios para la Fiesta Nacional de la Nieve

El fiscal jefe Martín Lozada revocó la decisión por la cual el fiscal Inti Isla desestimó la investigación de la organización de la última edición de la Fiesta Nacional de la Nieve.

Las actuaciones se iniciaron el 19 de julio de 2021, a partir de la denuncia penal radicada por Leandro Costa Brutten y Estanislao Cazaux en el Ministerio Público Fiscal. Plantearon una presunta solicitud de sobreprecios por parte del productor Diego Tonón, respecto de los presupuestos que debía presentar en el marco de la organización de eventos que le fuera encomendada por la Municipalidad de Bariloche.

A comienzos de agosto, Isla sugirió profundizar la investigación para determinar si una funcionaria municipal recibió dádivas por parte de proveedores del estado municipal, pero desestimó la investigación de Tonon.

Destacó que el delito sugerido es el de cohecho activo, que consiste en recibir dinero o efectos, una dádiva, por parte de un funcionario público para hacer, no hacer o retardar algo relativo a sus funciones. En este sentido, Isla advirtió que «Tonón no reviste carácter de funcionario público, una de las condiciones primordiales para la configuración de ese delito«.

Isla consideró que no se comprobó «prima facie un perjuicio económico al municipio, poniendo de relieve que, en todo caso, los hechos en cuestión constituyen una negociación entre privados respecto de un evento que, si bien es público no tiene como negociador ni financiador al municipio«.

Los abogados denunciantes pidieron que se revoque la decisión adoptada por el fiscal y se disponga la continuidad de la investigación. Insistieron en que Isla incurrió en un error al referir que Tonón es un productor particular contratado por el Emprotur ya que la Cámara de Turismo de Bariloche «le otorgó en forma directa el manejo de 13 millones de pesos que corresponden al presupuesto de la Fiesta Nacional de la Nieve, con lo cual el fiscal erra al sostener que la Municipalidad de Bariloche no efectúa dispendio económico alguno».

También resaltaron que «la consultora de Tonón administró los fondos de la fiesta a raíz de un convenio entre el intendente Gustavo Gennuso y el entonces presidente de la Cámara de Turismo de Bariloche, Felipe Orticelli».

Lozada entendió que «estamos en presencia de un hecho que podría configurar la comisión de un delito por parte del denunciado» y consideró que la calificación legal correcta es la de «fraude en perjuicio de la administración pública«.

Consideró que «el denunciado era consciente del origen de los fondos que gestionó para abonarle a los proveedores que él designó, pues para lograr la emisión de las referidas ordenes de pago por parte del Emprotur, necesariamente tuvo que articular con el ente, informando a quién se le debía pagar, qué monto y en qué concepto».

Por otro lado, manifestó que «si el productor solicitó a uno o más proveedores que incrementasen en un 10% sus respectivos presupuestos para lograr un beneficio para sí, pues entonces su maniobra constituyó un engaño suficientemente idóneo para inducir a error a las autoridades del Emprotur, que emitieron órdenes de pago por montos superiores a los correspondientes, lo que en definitiva le provocó un perjuicio patrimonial al municipio, el cual efectivizó dichos pagos».