Memoria, verdad y justicia

Más de 30 años en busca de justicia por los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura  cívico militar entre los años  1976 y 1983,  un verdadero terrorismo de Estado que se hizo llamar “Proceso de reorganización Nacional” y que bajo el  amparo del poder  cometió violaciones a los derechos humanos contra la ciudadanía, que consistieron en desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, ejecuciones, exilios forzosos, torturas, abuso sexual, robo de bienes, ataque a las libertades civiles, políticas y sindicales, censuras y secuestros de niños recién nacidos.  

El golpe militar comienza el 24 de marzo de 1976 con el derrocamiento  del gobierno  de la  Presidenta  María Estela de Perón, un proceso  militar que gobernó durante 7 años. 30.000 personas fueron víctimas del terrorismo de Estado. Con el gobierno del Presidente Ricardo Alfonsín,  a partir del año 1983, hubo una vocación de comenzar a juzgar los procesos de crímenes de lesa humanidad y se creó la Conadep  con el propósito  de investigar el destino de los desaparecidos.

En  1985  fueron procesados y condenados  los nueve miembros de las tres primeras juntas  militares  que gobernaron el país. A pesar  de los avances de la justicia, hubo levantamientos  antidemocráticos  dirigidos  a resistir las órdenes de comparecer  ante la Justicia. Fruto de esas presiones  se sancionaron las leyes de Obediencia Debida y Punto final.

Posteriormente en el gobierno del presidente Carlos Menem se aplicaron los indultos, una etapa donde se promueve  la  indiferencia y la impunidad.  En 2003, el Congreso de la Nación anula estas leyes y  se produce  la reapertura de los procesos que habían sido cancelados. En  2005,  la Corte Suprema de Justicia  confirma la constitucionalidad  de la ley y  en  2017 la misma Corte dicta un fallo conocido como el 2×1,  que  beneficiaba  a los exrepresores con la posibilidad de dejarlos en libertad, por el cómputo de los años con prisión preventiva.   Todo el arco político de la oposición, la población y asociaciones de derechos humanos rechazaron  este  fallo y el Senado de la Nación sancionó por unanimidad una ley que restringía la aplicación  de  las reducciones de condena para los delitos de lesa humanidad.

Un largo recorrido llevan los   juicios por lesa humanidad y el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, que  no empieza en el 2003  sino que empieza durante la dictadura misma,  con la fundación de las Madres de Plaza de Mayo y la asociación de Familiares de Detenidos por razones políticas.

En  estos  años  recorridos se construyó una lucha hegemónica  e interpretativa  con respecto a los crímenes del terrorismo de Estado,  con un consenso social muy sólido.
Muchas causas como ESMA y la causa de los crímenes de los primeros cuerpos del Ejército a cargo del juez Daniel Rafecas, tuvieron procesos y condenas;  aún faltan algunos  como  los casos Campo de Mayo, que chocaron con problemas de organización judicial, pasaron varios jueces y hoy hay 18 juicios orales pendientes.

Los crímenes de lesa humanidad  son considerados  violaciones a los derechos humanos agravadas por la intervención en ellos de las máximas autoridades estatales.  
La obligación del Estado es investigar,  juzgar, sancionar y reparar estos crímenes cometidos  durante el terrorismo de Estado y devolver el derecho a la verdad, a las víctimas, a sus familiares y a toda la sociedad. Las víctimas y familiares tendrán justicia solo si la sociedad tiene memoria y se persigue la verdad.

* Defensor del Pueblo Adjunto de Río Negro