Fernando Bravo continuará como defensor del Pueblo en San Martín de los Andes

El Defensor del Pueblo y del Ambiente de San Martín de los Andes, Fernando Bravo, fue reelegido ayer para continuar en ese cargo por otro período de seis años al cabo de una agitada sesión del Concejo Deliberante, en la cual participaron referentes de numerosas organizaciones sociales que tomaron la palabra para expresarle su apoyo.

A la hora de la votación los concejales del MPN resolvieron retirarse porque no acordaban con la continuidad de Bravo y defendieron la candidatura de la joven abogada Milagros Fernández Noya, quien recibió cuestionamientos del resto porque no pudo acreditar la residencia continuada en la ciudad durante los últimos 4 años.

Esa discusión legal ocupó buena parte de la sesión (también de la reunión preparatoria) y derivó en una mutación de la postura del bloque Juntos para el Cambio. Sus miembros habían firmado ayer el dictamen en favor de Noya, pero al final se inclinaron también por Bravo, quien terminó designado por segunda vez en la Defensoría gracias a los siete votos aportados por el Frente de Todos y JxC. La terna final del concurso también estuvo integrada por Juan Manuel Bayá, quien no cosechó ningún apoyo.

Durante la sesión varios de los asistentes -en nombre de gremios, organizaciones sociales, bibliotecas y grupos de desocupados- pasaron por el micrófono para defender la actuación de Bravo y cuestionaron a la candidata impulsada por el MPN porque incumplía una de las condiciones del concurso.

El debate fue áspero y el vuelco se dio cuando Juntos por el Cambio decidió aceptar la opinión jurídica expresada por el asesor del Deliberante, Jorge Fernández, quien señaló que “residencia no es igual que domicilio” y que Fernández Noya no cumplía con el requisito.

Ante ese nuevo escenario la concejal del MPN Laura Da Pieve dijo que correspondía dictar el dictamen que quedaba en pie y que se iban a retirar, en una tácita abstención, que no está prevista en el reglamento.

El presidente del Concejo, Sergio Winkelman, fue uno de los que dejó la sesión. Minutos después le explicó a este medio, que el proceso de concurso fue normal y estaba encaminado a designar a Fernández Noya, hasta que “un dictamen que apareció a último momento” precipitó otro desenlace.

Dijo que la joven abogada se crió en San Martín de los Andes y luego estuvo radicada por un tiempo en Rosario, para cursar sus estudios universitarios, “pero nunca cambió el domicilio”. Argumentó que la residencia también se le podía dar por cumplida. “Defendimos la tesis de que tiene raigambre en la ciudad, conoce la ciudad y tiene sobrado conocimiento, de modo que cumple con el espíritu de la ordenanza”, señaló.

Entre otros argumentos, los impulsores de Fernández Noya destacaron que San Martín de los Andes no tiene oferta universitaria suficiente y sería un contrasentido pretender profesionales jóvenes y preparados para la función pública pero “castigarlos” si se van a estudiar a otra ciudad.

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Para los concejales de la oposición no era un tema de “interpretaciones”, como sostuvo Winkelman, y pidieron atenerse a la letra de la normativa, y eventualmente cambiarla para futuros procesos de selección.

El concejal del Frente de Todos Martín Rodriguez destacó la tarea desarrollada por Bravo, la independencia política que mantuvo “a rajatabla” y también, entre muchas de sus gestiones en los últimos seis años, la decisión de litigar contra la provincia por el vertedero de basura, con fallos favorables en primera y segunda instancia.

“Ganó la justicia -dijo Rodríguez-. La política le dio credibilidad a un proceso de concurso y supo ponerse del lado de los vecinos y las vecinas. Frente al poder ningún tema es poco importante, incluso el ambiental”.

Destacó la participación de numerosas de organizaciones que expresaron su adhesión a la continuidad de Bravo, algo que fue relativizado por Winkelman. Según el presidente del Concejo, “no era un clamor popular, sino solo las voces del grupo de apoyo que tiene un bloque del Concejo (por el FdT) y que lo convocan para estas cosas”.

Dijo que “seguramente” van a promover desde el MPN un cambio de la ordenanza de Defensoría del Pueblo para aclarar el requisito de la residencia última y continua de cuatro años en San Martín de los Andes, porque es incluso más exigente que la fijada para los concejales (solo dos años) y porque es difícil de chequear, ya que una residencia sin interrupciones, en sentido estricto, “sería vivir y pernoctar en la ciudad los 365 días del año sin faltar nunca”.

También se pronunció en contra de los períodos de 6 años porque le parecen muy largos. “Cuatro años está bien, ocho ya es un desgaste y 12 (como cumplirá Bravo) tiene un montón de consecuencias, sobre la persona y sobre la institución”, dijo el presidente del Deliberante.