Gennuso vetó la ordenanza que sumaba a los usuarios en la comisión del transporte

El intendente Gustavo Gennuso vetó una ordenanza sancionada en la última sesión del Concejo para ampliar el número de integrantes de la Comisión de Seguimiento del Transporte Urbano e incluir a los usuarios, que hasta ahora no tienen representación directa.

La comisión funciona actualmente con tres miembros designados por el gobierno municipal, dos del Concejo, uno de la empresa MI Bus y uno más del gremio UTA. Según la modificación que no pasó el filtro del Ejecutivo, pasaría a tener un lugar asegurado cada uno de los bloques del concejo (son cinco) y la Defensora del Pueblo Analía Wolozsczuk. Además se sumarían tres representantes de la comunidad: uno por el consejo Local de Personas con Discapacidad, uno por organizaciones de defensa del consumidor y otro por la “intermesa” de juntas vecinales.

El proyecto fue impulsado por dos concejales de la oposición y tuvo aprobacion unánime, incluidos los fotos del bloque oficialista. Sólo se abstuvo, por ausencia, Pablo Chamatrópulos del partido vecinal Podemos.

Según dijo Gennuso en su resolución de veto, “pareciera que la ordenanza establece una especie de secretaria de Transporte paralela”, ya que se le atribuyen no solo funciones técnicas de “análisis de datos” sobre el servicio sino también “tareas de inspección y control”, para lo cual necesitaría “un equipo técnico específico”, incluidos especialistas y “personal de calle”.

Además, el intendente subrayó que el contrato de concesión con Amancay SRL (y su marca Mi Bus) firmado en 2016 establece en su artículo 4° la creación de la comisión de seguimiento, con funciones como la de velar porque se mantenga “inalterada” la ecuación económico financiera del transporte, además de “incorporar nuevas prestaciones y modificar las existentes”, en materia de frecuencias y recorridos. También la faculta para proponer modificacioens de tarifa.

Gennuso consideró que la puesta en funcionamiento de la comisión ampliada “podría hacer incurrir al municipio en incumplimientos contractuales al alterar de manera unilateral e inconsulta compromisos asumidos por el Ejecutivo” y lo expone a una demanda de la empresa contratista.

Interpretó entonces que correspondía imponer un “veto total” sobre la ordenanza, porque crea “una nueva comisión de seguimiento”, distinta a la pactada por las partes del contrato.

La concejal Roxana Ferreyra (Frente de Todos) fue una de las firmantes del proyecto y destacó que se haya aprobado sin disidencias. Recordó que en 2018 se había presentado una iniciativa similar y fracasó por el rechazo del oficialismo, que ahora cambió su postura.

Dijo que el texto surgió de un trabajo previo con la multisectorial del transporte y con el consejo de discapacidad “que lo habían pedido reiteradamente”, por las deficiencias que imputaron durante años a la comisión de seguimiento original.

Según Ferreyra, si el intendente tuviera “voluntad política” podría acoger la nueva comisión mediante una “addenda” del contrato, como lo hizo otras veces para otorgar beneficios a Mi Bus, por ejemplo para flexibilizar la antigüedad de las unidades Pero entendió que a Gennuso “le interesa más lo que piensa la empresa que lo que piensan los usuarios”.

Dijo que el transporte urbano enfrentó múltiples problemas derivados -por ejemplo- de la deuda de 500 millones de pesos que la empresa acumuló con la proveedora de carrocerías, “de lo cual la comisión no estaba enterada”.

Dijo que la representación que ejercen los concejales en la comisión es válida pero insuficiente. “Creemos en la democracia directa -afirmó Ferreyra-. Esto es un mecanismo más de democracia participativa, que al gobierno no le interesa. Ellos creen que alcanza con un múltiple choice o una página de internet”.

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Gennuso apeló al derecho de veto apenas cuatro veces en sus siete años de gestión. Las anteriores fueron por cuestiones menores y estuvieron relacionados con inconsistencias técnicas en materia de planeamiento urbano y de fiscalización turística.

Esta es la cuarta vez que descalifica una ordenanza, y seguramente la más polémica. El Concejo tiene la potestad de insistir con el texto original, para lo cual necesita dos tercios de los votos. En ese caso la ordenanza ya no podrá ser objetada. También puede incorporar modificaciones que sumen los aportes del Ejecutivo.

La decisión deberá tomarla el cuerpo en su totalidad en la próxima sesión, que será la última del año.

El concejal de JSRN Gerardo Ávila dijo que cuando votó por la ampliación de la comisión ya fijó postura y lo hizo convencido. No adelantó si está dispuesto a cambiar y dijo que antes debería evaluar muy bien los argumentos del veto.

Aseguró que “el contrato no incluía la comisión” y en eso se diferenció de Gennuso. Ávila reconoció que hace un par de años se opuso a un proyecto similar porque consideraba que la representación de los usuarios era ejercida por los concejales, “pero si los mismos concejales de la comisión quieren sumar a otros”, ahora no le parece mal.

Dijo que, al menos en su caso, le dio vía libre a la apertura de la comisión “para no ser tildado de estar en contra de los usuarios” y consideró que para impugnarla “primero habría que ver cómo funciona”.

Dijo que la comisión original, tenía “un planteo de fondo”, que era el de “hacer un seguimiento permanente y corregir lo que haga falta para una mejor prestación del servicio”. A su juicio “claramente no ha cumplido con las expectativas y a nadie lo hace feliz cómo está el transporte en la actualidad”.

Opinó que “si sumar actores a la comisión sirve, hay que abrir esa posibilidad”, aunque advirtió que la comisión “no debe tener un funcionamiento asambleario sino expeditivo”.