Malestar de asesores porque “cobran poco” generó revuelo en el Concejo de Bariloche

La parálisis que afecta a la Unidad Coordinadora encargada del planeamiento urbano del municipio de Bariloche puso sobre la mesa las quejas por la “magra” remuneración que reciben los técnicos designados desde el Concejo Municipal par integrar ese organismo, y el consiguiente retaceo en la dedicación laboral.

El reproche por la paga fue transmitido en forma directa desde el Ejecutivo Municipal para explicar por qué la Unidad Coordinadora acumula un serio atraso en el tratamiento de expedientes, que afectan proyectos públicos y privados.

El ingreso de una simple nota, de las que suelen pasar con un “visto” por la Comisión Legislativa, se salió de esa rutina y provocó hoy un áspero debate en la reunión semanal de los presidentes de bloques, cuando la titular del Concejo, Natalia Almonacid reconoció su “ofuscación” por el planteo.

Dijo que se trataba de un tema “repetitivo” y descargó su enojo por el reclamo salarial de un grupo de profesionales arquitectos y urbanistas, a quienes acusó de adeudar informes que se les requieren por su función y de “no ir a trabajar, cuando solo se les demanda una reunión de dos horas por semana”.

La remuneración acordada por el Concejo en acuerdo entre bloques es de 78.000 pesos mensuales para cada profesional, que equivale a la mitad fijada por el Ejecutivo para sus contrataciones por locación de servicios.

Almonacid subrayó que en su momento estuvieron de acuerdo todos sus pares y por eso aprobaron esa cifra. “Pero si quieren cobrar más que vengan y lo digan. ¿500 mil? ¿Dos millones? Me transmiten cuánto es y lo decide esta mesa”, desafió.

El año pasado los profesionales habían cotizado su trabajo en 380 mil pesos, pero los concejales desestimaron la pretensión.

Almonacid se lamentó de que mientras los arquitectos con representación de los bloques se molestan por el pago “no participan ya de la comisión de Obras (que se reúne los viernes), no presentan los informes, no vienen a trabajar”.

Subrayó que su función es política y en el Concejo hay “un montón de trabajadores de planta política que vienen todos los días a las 8 de la mañana” a cumplir con sus tareas. Recordó que a los profesionales de la Unidad Coordinadora no se les impone inhibición de título y todos pueden continuar con sus trabajos particulares, siempre que no haya colisión de intereses con los expedientes que tienen en tratamiento.

El entredicho surgió a partir de una nota enviada el viernes pasado por el Coordinador Ejecutivo de la Unidad Coordinadora del Consejo de Planeamiento Municipal, Gabriel Cazalá.

Allí el funcionario comunicó que se había acordado con los profesionales representantes de los bloques políticos reducir a la mitad la cantidad de reuniones presenciales de la Unidad Coordinadora (que por por ordenanza deben tener frecuencia semanal), “como consecuencias de las magras retribuciones asignadas por el cuerpo Deliberante”.

Insistió en otros párrafos que esa decisión se tomó “a fin de compensar la exigua paga”, a la que calificó de “realidad poco feliz, pero realidad al fin”.

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Un organismo que no funciona

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Cazalá reconoció que debido a ese malestar de los profesionales hay un atraso ostensible en el trabajo y fue imposible “dar cierre a los temas” que debían tratar en la última reunión del 15 de febrero, lo cual “está demorando procesos internos ya excesivamente demorados”.

Señaló que “en el pasado cercano la cuasi inactividad de la Unidad Coordinadora ha generado un cúmulo de temas a resolver que afectan significativamente actos decisorios para el futuro de nuestra ciudad y que demandan urgentes definiciones”.

Almonacid fue más tajante y recordó directamente que durante la pandemia la Unidad Coordinadora “no tramitó un solo expediente”. Dijo que para salir del atolladero habría que rediscutir la remuneración. “Hagamos la paritaria otra vez, no tengo problema, que digan cuánto quieren cobrar, lo aprobamos, me comprometo a conseguir el presupuesto y yo firmo los contratos”, propuso la presidente del Concejo.

Cazalá insistió en que la retribución asignada a los profesionales es “poco realista” y propuso que el Concejo “las recomponga dignamente”.

La Unidad Coordinadora debe evaluar y dictaminar sobre los expedientes de obra complejos que ingresan al municipio, en especial los que colisionan con los parámetros urbanísticos ya existentes. Hay varios proyectos en espera para desarrollos en el este de la ciudad y otros por emprendimientos comerciales en Bustillo, nuevos loteos e incluso alguna inversión hotelera.

El concejal Gerardo Ávila (JSRN) reconoció que hay decisiones urgentes que tomar y la discusión relacionada con las remuneraciones, pero aseguró que la asesora designada por su bloque para la Unidad Coordinadora cumple con el trabajo. Dijo también que algunos expedientes no avanzan “porque falta información y el Ejecutivo los presenta incompletos”, y no por defección de los profesionales.