Las empresas B
En el año 2007, un grupo de emprendedores en los EE. UU. introdujeron un concepto en el ámbito empresario relacionado con la incorporación legal en el contrato de sociedad ( en nuestra legislación una SA, SRL, SAS u otras ) de una finalidad de triple impacto: económico, social y ambiental. No nos estamos refiriendo a la responsabilidad social empresaria, que importa conductas activas y voluntarias en el ámbito del comercio que lleva adelante acciones colaborativas con los problemas sociales y el medio ambiente (donaciones a un comedor comunitario, plantación de árboles, etc.)
En este punto de responsabilidad social las empresas intentan encontrar un estado de equilibrio entre la necesidad de alcanzar objetivos económicos, pero aportando para el mejoramiento del impacto social o ambiental de sus actividades.
En el caso de empresas B ( B-corp) o empresas BIC ( beneficio e interés colectivo ) se avanza un paso más allá , en tanto son los socios o accionistas lo que deciden por mayoría modificar el estatuto o contrato social de la sociedad incorporando como causa final no solamente el cumplimiento de su objeto social (ej.: construcción, actividad hidrocarburifera, agropecuaria, etc. ) sino también la obligación de desplegar acciones positivas con impacto social y ambiental en la comunidad .
Esta decisión de los socios debe alcanzarse por mayoría e importa una decisión de fuerte alcance legal: se modifica el contrato y el estatuto agregando como finalidad no solo el fin de lucro u obtención de ganancias (finalidad principal de la sociedad comercial), sino también realizar acciones positivas, concretas para generar un impacto social y ambiental beneficioso por parte de la empresa.
Se trata de un cambio radical de paradigma, en tanto parte del resultado económico de la empresa debe ir dirigido a mejorar el entorno social y ambiental en que la empresa opera, siendo esto una obligación legal asumida por los socios y accionistas.
Los ejecutores de estas acciones en representación de la sociedad son los administradores de las sociedades (gerentes en las SRL, Directorio en la SA, Administradores en las SAS) quienes, además de gestionar diariamente la empresa bajo el compromiso de obtener resultados económicos favorables, deben asimismo llevar adelante acciones positivas que impacten favorablemente en el entorno social y ambiental. Ese entorno social de acciones positivas sociales alcanza a los trabajadores de la empresa, los proveedores, clientes y las comunidades con que se vincule la empresa, como asimismo el medio ambiente. Los administradores deberán elaborar un reporte anual de las actividades realizadas en cumplimiento de esas acciones, el cual deberá ser auditado por un profesional independiente. Estos requisitos generales los vemos en todas las legislaciones internacionales que han acogido a las empresas B de triple impacto ( Holanda , EE. UU, España , Colombia , Ecuador , etc .) como asimismo en un proyecto presentado en el Congreso de la nación argentina en el año 2018.
Lo cierto es que, más allá que nuestro país no exista una ley específica que las regule, hay decenas de empresas que voluntariamente modificaron sus estatutos incorporando estas modalidades, que se autoimponen direccionar parte de sus ganancias al cumplimiento de las acciones que describimos. El fenómeno se extiende actualmente por todo el mundo, e incluso empresas de gran porte (por Natura en Brasil) han adoptado esta modalidad empresaria.
La implementación de políticas sociales y ambientales por cierto importa beneficios comerciales para la compañía: los inversores y consumidores prestan cada vez más atención y apoyo a empresas que verdaderamente han decidido invertir una parte de sus ganancias a retribuir socialmente la obtención de aquéllas.
En un mundo convulsionado, donde el medio ambiente es degradado diariamente por acción del hombre en su afán de lucro y la necesidad de desarrollo, este aporte siquiera voluntario en la teoría y práctica comercial es de alto valor en la consideración del desarrollo de una empresa.
* Abogado . Docente en la Facultad de Economía UNco
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