Los ensayos y el debate del contrato
El proceso electoral de Bariloche es el actual foco institucional y político de Río Negro, a partir de la decisión de Carreras de postularse y la resistencia de Weretilneck.
La elección del 16 de abril va quedando definitivamente atrás y la dirigencia rionegrina se introduce en el proceso nacional y las pujas locales pendientes.
Bariloche, con su votación para el 3 de septiembre, es el corazón de lo que queda por elegir en Río Negro. Su interés se potencia con ingredientes oficialistas, a partir de la decisión de la gobernadora Carreras de ir por la intendencia y la resistencia del líder de JSRN, Alberto Weretilneck. El intendente Gustavo Gennuso demanda también su espacio.
Es una etapa de ensayos y simulaciones.
Dos hechos por consignar. El senador sumó a Carlos Valeri, ya legislador electo, al último relevamiento de intención de votos, además de Carreras, Agustín Domingo, Juan Pablo Muena y Marcela Abdala, entre los de Juntos. El ministro supo tener buena base electoral y Weretilneck quiere saber qué fue de eso. Se ajusta, por ahora, a Domingo y a Muena, como primer y segundo plan para la candidatura barilochense.
El restante dato pertenece a otro sondeo: Carreras hurga una estructura alternativa a la de JSRN, si fuera necesario para su postulación. Abre y cierra esa puerta y la evalúa con el partido “Bariloche Unidos”, de los hermanos Barriga, y “otras opciones”. Esa afirmación toma cuerpo con la reciente confesión de Patricia Bullrich en el Llao Llao a un grupo del PRO, entre ellos, el legislador Juan Martín y las electas María Laura Frei, Martina Lacour, Ofelia Stupenengo y Juan Murillo. La precandidata presidencial sorprendió al sugerir poner en un análisis que Carreras sea la candidata del espacio, con descripciones internas del oficialismo. ¿Existió diálogo entre ambas? Es una posibilidad.
Nada resuelto en el estrujamiento del núcleo de JSRN, salvo las evidencias que no habrá camino sencillo si la gobernadora no resigna su postulación. “Jaque mate”, definió un dirigente nada complaciente con ella y bien allegado a él. Aludía a la encrucijada que esta situación significa para Weretilneck, puntualizando en el alto riesgo que acarrea para su poder. Tal vez, reaparezca la postulación a la Cámara de Diputados para Carreras, pero restaría convencerla.
Seguridad anunció que se incorporarían 1.800 cámaras de vigilancia, pero se trata de un “servicio de monitoreo”. La licitación no sale por las dudas técnicas sobre su costo.
Bariloche seguirá monopolizando el foco institucional y político. Superada la instancia electoral, las calles se despejaron de los conflictos estatales y se reinstalan aquellas permanentes problemáticas ciudadanas, como los reclamos de mayor seguridad.
Sirve lo ocurrido en Viedma para reconocer que el Estado mantiene falencias primarias.
Vecinos capitalinos se movilizan y denuncian una fuerte suba en los robos de motos, bicicletas y celulares, especulando con un circuito ilícito. Esa organización vecinal arriesga un número de los delitos que no hay forma de cotejar por carencia de registros oficiales. La investigación judicial, el Ministerio Público, no dispone de estadísticas regulares. Tampoco su auxiliar, la Policía.
La fuerza refiere a un registro trimestral y se remonta al del 2022. El mismo que sirvió a Carreras para su mensaje legislativo cuando promocionó una baja del 27% de los robos en Río Negro en relación al 2012, cotejando períodos de enero a octubre. Sería fortuito tener conclusiones y estrategias efectivas con semejantes limitaciones estadísticas.
La contracara aparece en el anuncio hecho en marzo por la ministra de Seguridad, Bettiana Minor cuando prometió un “sistema de videoseguridad”, incorporando 1.800 cámaras (hoy son 370) de “alta tecnología”. Ella no avanzó en precisiones. Pero lo más parecido a lo adelantado es un trámite de contratación de un servicio de monitoreo, es decir, abandonando la compra de las cámaras.
Esa licitación no fue convocada. El expediente tiene circulación interna aunque, hace un mes y enviado por la Fiscalía de Estado, continúa en la Comisión Informática, que evalúa la “razonabilidad” del precio.
La demora se explica en dudas técnicas sobre su costo de 26 millones de dólares, que perfila rumores y bulla en el oficialismo.
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