Un abogado en el casino y pingüinos que no murieron

Tres días después de que estallara en la opinión pública el supuesto acoso sexual y laboral de una empleada municipal a manos del intendente de Trelew, Gerardo Merino, el jefe comunal posó para las fotos y participó de la firma de un convenio entre el municipio que conduce y la prestigiosa Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco sobre la Ley Micaela. Se sabe que dicha ley establece la capacitación obligatoria en violencia de género para las personas que se desempeñan en la administración pública en todos los niveles del Estado.

Con la denuncia en su contra en las calles y en las redes, Merino declaró tras la firma: “Tenemos una fuerte decisión de trabajar en el respeto, en el género, hacia adentro y hacia afuera de la municipalidad. Esta capacitación será virtual para que todos la puedan hacer”.

Esta representación del intendente pasó inadvertida para algunos, pero no para todos. Entre estos últimos se encuentra el gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Torres, quien entre sus más estrechos colaboradores la calificó, al menos, de inoportuna.

Esta pequeña anécdota viene a cuento porque quizá forme parte de la estrategia del intendente respecto a tan delicado tema que puso en jaque la política de Chubut en general y a la de Trelew en particular. Los pasos siguientes del intendente fueron hacer un raid mediático respecto al tema de la denuncia de la empleada, aunque sólo en aquellos medios que en ningún momento habían dado a conocer la noticia del presunto acoso.

Nombró una abogada mujer y cuando se presentó a declarar lo hizo en los tribunales del centro de la ciudad, a media mañana y con toda la prensa local presente que había sido informada con anterioridad sobre los pasos que el jefe comunal iba a dar ese día.

Tras la declaración, fuentes de la justicia confiaron a Diario RIO NEGRO que los dichos del intendente fueron “seguros y convincentes”. Si bien no lo hicieron público, hoy por hoy en la fiscalía ven como más creíble al denunciado que a la denunciante. Esto, claro, sin prejuzgar.

Tras la decisión judicial de prohibición de acercamiento de parte de Merino hacia la empleada que lo denunció, es casi seguro que ésta sea sometida a una pericia psicológica en el marco de las medidas que irá tomando la Justicia. La pregunta es si lo mismo pasará con el intendente. Pese a las consultas, este diario no obtuvo respuestas.

Lo cierto es que ya nadie habla del tema. O mejor dicho: nunca se habló. Los allegados a Merino mantienen un silencio ordenado. Y la oposición, representada con más fuerza en el Concejo Deliberante, miró para otro lado. Después de la tormenta, llegó la calma. ¿Seguirá?

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Donde no hubo calma es en el inicio de la causa por corrupción contra el Estado provincial denominada “Ñoquis calientes”. Se logró la elevación a juicio después de cuatro años, pero la iniciación del mismo sufrió postergaciones a veces por motivos desopilantes. La última fue la ausencia de un abogado defensor al que no podían encontrar pero que finalmente se supo dónde estaba: jugando en el casino. La causa, como informó este medio, tiene que ver con personas que, bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Cecilia Torres Otárola, cobraban sin ir a trabajar. Entre ellos, la niñera y el jardinero (de nacionalidad peruana y que nunca estuvo en Chubut) de la funcionaria. Todos tenían altos cargos.

En esta causa también se mezclan cuestiones místicas, de “brujerías” y maldiciones que caerían sobre alguno de los testigos. Increíble, pero pasa, según confió a RIO NEGRO uno de los fiscales de la causa.

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Lo que tal vez traerá cola es el tema de la denominada “Masacre de pingüinos” en Punta Tombo, la reserva continental más grande de la especie. Mucho se habló sobre “centenares de animales adultos y pichones muertos y decenas de nidos destruidos». Un breve repaso al informe de los únicos organismos que representaron al Estado provincial en toda la causa, al que tuvo acceso este diario, dan por tierra toda esa teoría: “No se verifican ejemplares adultos o crías muertos. La colonia en cuestión no forma parte de la reserva de Punta Tombo, de la cual se encuentra distante unos 10 kilómetros al norte. No se identifican zonas de nidos ni movimiento de suelo”.

El informe (más extenso) fue firmado por dos profesionales (un biólogo y un veterinario) de larga y respetada carrera en la administración pública. Tras el informe, a uno le pidieron la renuncia y otro está trabajando “en un altillo”.

De esto tampoco se habla después del fallo que condenó al dueño de los campos. Aquí también, después de la tormenta llegó la calma ¿Seguirá?