Un decreto Ponzi para la Corte Suprema: temor político y temblor judicial

Una semana clave para la Corte se complica.

1. El escándalo cripto refuerza la necesidad de profundizar los pactos judiciales

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A Milei le concedieron la inmunidad presidencial parcial que la Corte de EE. UU. le dio a Trump. Éste la obtuvo expresamente. Milei la obtuvo con silencios tácticos en varias instancias. Su “error” tensa su todavía sólido pacto con las dos principales facciones judiciales y quizás lo acelere.

Después del episodio $LIBRA, los hermanos Milei que iban a empezar a definir la composición de la Corte pasaron a verse denunciados en Comodoro Py. Sin embargo, ambas esferas judiciales tienen comunicación directa e interlocutores con ternas judiciales en el Ejecutivo, en comisión de acuerdos del Senado y ante los posibles decretos en comisión. La debilidad es pública. Las negociaciones son privadas. Solamente se ampliaron los actores, cambió el tono y se abren nuevas posibilidades.

Sea como fuere, hasta fines de febrero, después de varias idas y vueltas, parece seguir abierta la oportunidad para designar en comisión a sus candidatos a la Corte. El jueves 20, hasta hace unos días, todo anunciaba que el Juez Lijo tenía una posibilidad cierta de obtener su acuerdo en el Senado y eso forzaba un decreto en comisión para García Mansilla. La semana comenzó con rumores intensos y operaciones cruzadas.

En paralelo, el anteproyecto de Código Penal anuncia otro canal judicial abierto y repite la estrategia de hacer codificadores a jueces con causas candentes. La división de poderes y los conflictos de intereses ya no existen. Los contratos editoriales tampoco.

2. Temor y temblor: escenarios judiciales inciertos

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Si se designa a Lijo con acuerdo del Senado y a Mansilla sin acuerdo podría darse una situación de inferioridad y fragilidad  de éste último. Hasta una posible caída de su designación precaria por rechazo posterior del Senado. Existe ya una extraña diferencia entre ambas candidaturas. Más allá de las retóricas públicas, obviamente, ningún sector quiere una guerra judicial al rechazar el candidato de la mayoría de la Corte. El único potencial interesado en hacer tal daño sería alguien sin códigos.

Si ninguno de los dos tiene acuerdo senatorial, esa paridad puede habilitar el decreto de dudosa constitucionalidad para después negociar votos con diferentes sectores. Mientras tanto, la Corte recibirá sus nuevos miembros, firmarán sentencias, nombrarán sus secretarios recomendados por pares afines e importantes actores y su whatsapp explotará con felicitaciones falsas, interesadas y de temor reverencial.

Sin ley de presupuesto, sin una lista pública de ternas de candidatos en el Consejo y sin certezas en el año electoral, el Gobierno podría usar todo eso y más para buscar sus dos acuerdos posteriores.

Se usa una facultad constitucional excepcional de forma alternativa, disruptiva. Se decreta para negociar. Es una disrupción constitucional. Así se están usando decretos, vetos y silencios judiciales. También el sistema federal es reformulado peligrosamente de hecho.

Es dudoso que la Corte y el resto de los jueces frenen esas designaciones. Por un lado, sus actuales tres miembros, las aceptaron en 2015. Por otro lado, los jueces necesitan papel higiénico, resmas y cargos para su juzgados. Todos tienen presente que Rosatti -y en alguna medida su par- preside y gobierna el Consejo de la Magistratura y sus recursos. Los concursos y ternas judiciales pueden incluir a varios hijos, familiares o apadrinados de fiscales, políticos y hasta de los magistrados supremos.

Jueces, senadores y todo el arco político temen hablar y votar en contra de Lijo y Mansilla. Pueden necesitar de sus votos o el poder de sus operadores en el futuro. Quieren la paz con Lijo pero también con la Presidencia de la Corte.

Los estudios jurídicos de la casta política trabajan en los tribunales que controla la casta judicial. Pero sobre todo le temen a las guerras judiciales que el Gobierno redujo en contraste a Macri.

El escenario de ampliación de la Corte y de respeto de paridad de miembros federales auténticos, de género y más diversidad ideológica parece cerrado.

La precariedad de la designación en comisión hace evidente que no existe independencia judicial. Los jueces y sus tribus judiciales tienen precariedad constitucional pero son fuertes con expedientes y armas de hecho para mantenerse y defenderse ante un sistema político débil en una economía más que frágil.

El accionar oficial ante la crisis autogenerada permite imaginar las próximas. Muchos pueden temer que futuros errores propios no forzados provoquen golpes a terceros, alteración de agendas y ruptura de pactos. El expedito procesamiento de Alberto Fernández como señal de alarma.

En este contexto crítico puede salir el decreto Ponzi para la Corte. A pesar de todo, distracción oficial y amnesia social mediante, nadie parece poder evitar aún el apoyo nacional y mayoritario a su próxima estafa electoral.

* Abogado y Profesor de Derecho Constitucional.