Violencia institucional en Argentina

Cada especulativa desorganización o enroque político, cada ego  o personalismo que vienen enredando o atrapando tanto a los partidos políticos tradicionales, como a coyunturales asociaciones electoralistas, es violencia institucional.

A propósito ¿cómo entender  si no, cada destrato entre el binomio del actual poder ejecutivo nacional, como en las más que recientes y desafortunadas manifestaciones en contra de la legislación electoral vigente para la ciudad autónoma de Buenos Aires (CABA), paradójicamente proferidas por los más altos caciques de la oposición resistiendo a la misma y a su legítimo ejercicio, precisamente a cargo y por parte  de uno de sus más que conspicuos ´correligionarios´ (actual lord mayor de CABA y precandidato presidencial, 2023´); ello cuando en Argentina, constitucionalmente, los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático?

La violencia institucional también refiere y aplica a situaciones sistémicas  de instituciones y/o sus desprendimientos, por caso, cuando se producen  o crecen las denuncias o reclamos de adultos mayores por la mala atención personal que reciben en dependencias públicas hospitalarias, bancarias o previsionales. Basta con mencionar a nuestros abuelos y/o adultos mayores haciendo vanas colas o larguísimas filas  vg., entre las  4 a las  9  horas  de la mañana para que, cuántas veces, se les recibe con: un “se acabaron los turnos/números”; “se cayó el sistema”,  un “vuelva la próxima semana” cuando no, un desinformado  “´estamos de paro o trabajando a reglamento´”, etc., etc.

Violencia institucional comprende asimismo, aquellos mecanismos estatales, activos u omisivos, que garantizan  impunidad ante vg., obscenos enriquecimientos ilícitos de funcionarios, legisladores y magistrados; lavado de dinero, el uso del Estado para favorecer intereses de grandes grupos económicos o la patria contratista, la criminalización o extorsión de legítimas protestas sociales (hoy, los justos reclamos de maestros, no docentes, médicos y enfermeros en todo el territorio nacional).

Resumiendo, dicha violencia institucional no se agota con lo relacionado. Efectivamente, más que frecuentes e invisibilizadas son aquellas desairadas peticiones ciudadanas en ocasión de pretender denunciar pública y legalmente algún tipo de violencia: vg., inseguridad física e insatisfacción de las necesidades físicas básicas (vg.: aire y ambiente limpios, agua potable y saneamiento; alimentación nutritiva,  educación, vivienda y trabajo dignos; básico bienestar y salud mental o psicológica; violencia sexual, patronal, económica (proliferación y sofisticación de hurtos y robos), patrimonial; violencia intelectual-ideológica (mentiras, falacias, engaños, pos verdades); violencia ecológica/ambiental; no recreación, etc.); y la autoridad o funcionario pertinente -sin razón ni fundamento- se niega a recibirlas, no obstante sus específicas atribuciones que –institucionalmente- le corresponden y obligan en relación con tales peticiones e ilícitos.

Claramente cada omisión funcional en tales casos, es violencia institucional que conculca derechos humanos, entendidos como derechos inherentes e intrínsecos sólo por y para existir como seres humanos.

Por último, la violencia institucional alcanzo su paroxismo con la Alianza Anticomunista Argentina (AAA), tremendo aparato paraestatal que asesinó a sacerdotes, artistas y religiosos, intelectuales, políticos de izquierda, estudiantes, historiadores y sindicalistas, además de utilizar como métodos las amenazas, las ejecuciones sumarias y la desaparición forzada de personas.

No se olvide que la triple “A”  fue responsable de la desaparición y muerte de miles de argentinos, así como del exilio forzado de gran cantidad de artistas e intelectuales;  todo un elogio a la aporía durante las presidencias institucionalmente democráticas de Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón, entre 1973 y 1976.

* Docente e investigador universitario.