Bosques nativos en Río Negro: prometen resolver los incumplimientos

El mapa protector está pendiente de aprobación desde 2010 y tampoco se realizaron las actualizaciones obligatorias. Existe un compromiso oficial para saldar esa deuda.

El Estado rionegrino carga con un atraso de más de una década en la actualización del mapa de bosques exigido por ley nacional y la gestión actual se comprometió a poner fin a ese déficit, aunque sin hablar de plazos.

La ley 25.331, vigente desde 2007, obliga a definir una cartografía del territorio cubierto por masas de bosque autóctono con categorías de protección que van del verde al rojo, y que según el color establece restricciones muy específicas para el uso del suelo y las actividades permitidas.

La provincia adhirió luego con una ley propia. El mapa debe ser elaborado en forma “consultiva” con los municipios involucrados, ongs, entidades productivas y organismos técnicos como el Inta y Parques Nacionales.

La obligación legal es actualizar el mapa cada cinco años, pero Río Negro desoyó ese mandato. Desde 2015 el mapa no se actualiza en la provincia y los borradores que circularon jamás fueron enviados a la Legislatura, que debe darle estatus legal.

La organización Árbol de Pie denunció varias veces ese incumplimiento, sin mayor resultado. Una de sus referentes, Ana Wieman, dijo ayer que el ejido de Bariloche en los hechos figura “en blanco”, es decir sin categorizar. Dijo que son muchos los intereses en juego y que los intentos por regular con los colores previstos en la ley nunca prosperaron.

“El gobernador Alberto Weretilneck ya en su mandato anterior fue intimado por el Consejo Federal de Medio Ambiente y también por el procurador general Jorge Crespo para que cumpla con la obligación de definir el mapa y envíe el proyecto a los legisladores, algo que sigue pendiente hasta hoy”, explicó Wieman.

La subsecretaria de Recursos Forestales designada por Weretilneck en su mandato actual, Claudia Contreras, aseguró que Río Negro no está tan desenfocada respecto de la ley nacional porque “es de las provincias que tienen el ordenamiento territorial en regla” y por eso está calificada para acceder a los fondos que garantiza la ley nacional para el manejo de bosques. Aunque en 2024 no hubo desembolsos.

Admitió los incumplimientos en relación con el mapa y dijo que se van a resolver. “Hay una actualización que tenemos que hacer y es uno de los objetivos”, dijo la ex legisladora de JSRN. Pero se abstuvo de dar más detalles y de poner plazos, porque “puede ser perjudicial”.

Intereses inmobiliarios


La preservación de las áreas boscosas es un tema sensible en Bariloche, debido a las continuas denuncias de apeo de árboles sin autorización, y a la presión inmobiliaria en sectores como los faldeos el cerro Otto, los barrios del oeste y el cerro Catedral.

Hubo concejales de la oposición que reclamaron sin éxito la presencia de Contreras cuando se discutió y se aprobó en diciembre pasado un nuevo barrio cerrado de 116 hectáreas que se emplazaría sobre un área de “fragilidad ambiental”.

Contreras dijo que no le compete opinar sobre proyectos urbanísticos y que su misión se limita a “autorizar o no” las obras que se pretendan ejecutar.

Otra crítica recurrente que pesa sobre su área es la debilidad de los controles. Contreras reivindicó el trabajo de los técnicos a su cargo y dijo que cuenta con dos inspectores en Bariloche y cinco en El Bolsón para vigilar desmontes o apeos clandestinos.

Proceso trunco


En 2010 existió un mapa de bosques para la jurisdicción de Bariloche presentado por el entonces intendente Marcelo Cascón, pero nunca fue publicado en el Boletín Oficial. De modo que en lo formal la zonificación que define áreas a preservar estaría “en blanco”, a pesar de aquel aporte técnico que delimitaba zonas amarillas y rojas, por ejemplo en el cerro Catedral. Hoy los propios funcionarios lo toman como legítimo, hasta que otro lo reemplace.


Wieman dijo que entre las cuentas pendientes también está la convocatoria del consejo consultivo de bosques, que no se reúne desde hace años. El gobierno provincial, como autoridad de aplicación, parece desinteresado en reabrir ese ámbito.


Señaló que el consejo consultivo funcionó hasta 2015, cuando se presentó una revisión acordada del mapa, aunque “no consensuada” por disidencias que plantearon los centros de esquí.


Wieman señaló que desde Árbol de Pie alguna vez lograron conversar sobre el tema con Weretilneck, al cierre de su gestión anterior. “Sería 2018 ó 2019, y esa vez nos prometió que el mapa se iba a actualizar, que trabajaban en el tema pero reconoció ´tenían un temita con los centros de esquí´, por Catedral y por el Perito Moreno, en El Bolsón”.


A su sucesora Arabela Carreras también le efectuaron planteos similares, sin resultado.


Wieman dijo que desde entonces no hubo intentos serios de regularizar el ordenamiento y desconfía de las reales intenciones del gobierno. Recordó que Fernando Arbat (antecesor de Contreras) emitió disposiciones que permitieron cambios en el uso del suelo en favor del emprendimiento “El Estribo” sobre el cerro Otto, y también otro en el cerro San Martín, ubicado entre el lago Gutiérrez y el cerro Catedral, “en un procedimiento que colisiona con la ley”.


Señaló además que esa normativa con vigencia en todo el país establece expresamente que si no hay un mapa aprobado «todos los desmontes que se realicen son ilegales». Dijo que allí existe otra grave falencia que la provincia no resuelve


El Estado rionegrino carga con un atraso de más de una década en la actualización del mapa de bosques exigido por ley nacional y la gestión actual se comprometió a poner fin a ese déficit, aunque sin hablar de plazos.

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