Crisis carcelaria en Neuquén: la defensa pública alerta al gobierno sobre «condiciones inhumanas» de detención en comisarías

Defensoras y defensores públicos de Neuquén alertaron al gobierno provincial que el hacinamiento de las personas privadas de su libertad en comisarías del área capital «ha llegado a niveles inadmisibles», y todo hace prever que en el futuro se podrían habilitar otros espacios «que no reúnen los más elementales requisitos de habitabilidad» para alojar detenidos.

Así lo hicieron saber en el «Informe Anual 2024 del Grupo de Control del Encierro Preventivo del Ministerio Público de la Defensa», que fue entregado este lunes en el ministerio de Seguridad que conduce Matías Nicolini.

El documento, cuyo carácter preliminar se resalta y será publicado completo próximamente, contiene datos de la Primera Circunscripción Judicial que abarca Neuquén capital, Plottier, Centenario, Senillosa, San Patricio del Chañar, Añelo y Rincón de los Sauces, entre otras ciudades.

«Es la zona en que se ubican los centros de detención que atraviesan las mayores afectaciones a los derechos de la población en cautiverio. Respecto de 2023 no sólo se han agravado las deficientes condiciones de habitabilidad, sino también el hacinamiento ha llegado a niveles inadmisibles», dicen las y los defensores.

Violaciones constitucionales

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Manifestaron que del análisis «cuantitativo y cualitativo» de las condiciones de detención «surge evidente que se ha reducido a esta población a condiciones inhumanas, inadmisibles en un Estado constitucional de derecho y en consideración a los estándares internacionales que rigen en la materia».

Destacaron que las actuales comisarías «no resultan aptas para un trato humanitario y adecuado a tales estándares», y la sobrepoblación supera el 100 % de la capacidad estimada por la Policía provincial: la Jefatura estima para la I Circunscripción Judicial un cupo teórico de 72 plazas («aún fuera de los estándares mínimos»), cuando en la actualidad el nivel de ocupación alcanza las 143 personas (83 condenados, 59 detenidos en prisión preventiva y un arrestado a disposición del Juzgado de Familia)». El corte es al 23 de diciembre.

Con y sin alcaidía

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Las comisarías se dividen en dos grupos: con y sin alcaidía. Las primeras cuentan con un espacio destinado a alojar personas en forma permanente, que consiste en celdas -con capacidad para dos o hasta tres detenidos- un comedor común y un patio interno abierto; las segundas únicamente estaban habilitadas por la Jefatura de Policía para alojar contraventores, por espacio de pocas horas.

En el informe, la defensa pública advirtió que «dada la sobrepoblación registrada durante el 2023, en las comisarías del primer grupo y la Unidad de Detención N° 11 fueron ‘habilitadas’ varias comisarías para el alojamiento permanente de detenidos, sin haberse efectuado mejoras de ningún tipo en sus infraestructuras, ni creado nuevos espacios de detención que cumplan requisitos mínimos».

Resaltaron que «la evolución de la situación del encierro provisional hace prever que esta tendencia continúe hacia la paulatina ‘habilitación’ de otras comisarías que no reúnen los más elementales requisitos de habitabilidad, aún muy alejados de los establecidos en los instrumentos internacionales y nacionales referidos a las condiciones de detención de las personas privadas de la libertad».

Los informes del Comité contra la Tortura

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En sus periódicos informes, el Comité Contra la Tortura también alertó sobre la sobrepoblación carcelaria, el hacinamiento, las personas que duermen en el suelo, en pasillos, sin iluminación natural, calefacción en invierno ni ventilación en verano. Tampoco tienen acceso a recreo ni intimidad con las visitas.

Según una investigación de Diario RÍO NEGRO publicada el domingo, en un año la cantidad de condenados alojados en comisarías aumentó 326%. Las personas en esa situación no pueden estar en comisarías.

El gobierno de Rolando Figueroa declaró la emergencia penitenciaria pero aún no construyó ni un metro cuadrado nuevo de pabellones.