Crisis carcelaria: Neuquén encerrará a cien presos en contenedores para descomprimir las comisarías

El gobierno de Neuquén comprará contenedores que instalará dentro de la Unidad de Detención 11, alojará allí a un centenar de condenados por delitos sexuales y de esa manera buscará descomprimir el hacinamiento en las comisarías del área capital. Además tratará de habilitar nuevas plazas en las casas de pre-egreso, destinadas a detenidos de confianza que ahora están subutilizadas. Para fin de año espera terminar un pabellón de máxima seguridad con capacidad para 27 personas, y en 3 años mantiene su master plan de ampliar significativamente la capacidad de alojamiento en toda la provincia.

Esa es la propuesta que le hizo llegar el fiscal de Estado, Raúl Gaitán, a la defensa pública para sortear la grave situación de superpoblación en las comisarías del área Capital. Es posible que el lunes se firme un acuerdo en presencia de un juez y comience a funcionar una «mesa de trabajo permanente» que se encargará de monitorear el cumplimiento del compromiso.

Según pudo saber diario RÍO NEGRO, Gaitán intervino en el grave conflicto por orden directa del gobernador Rolando Figueroa luego de que la semana pasada un juez le prohibiera al gobierno el ingreso de nuevos condenados a las comisarías. El fallo fue anulado por una cuestión formal lo que le dio unos días al Ejecutivo para armar una respuesta. El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, se corrió de la escena.

El viernes iba a realizarse una nueva audiencia, pero se suspendió porque las partes involucradas avanzaron hacia un acuerdo. Son Gaitán y Gustavo Kohon por la fiscalía de Estado; Maximiliano Breide Obeid por la fiscalía penal; Raúl Caferra, José Maitini y Luciana Petraglia por la defensa pública, y Sol Pérez de León como abogada particular.

Los contenedores

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En las reuniones reservadas, el fiscal de Estado como vocero del gobierno informó que la estrategia es utilizar contenedores o módulos prefabricados para mejorar las condiciones de detención de manera inmediata. Proyectan encerrar en los mismos a los 90 ofensores sexuales condenados que están en la Unidad 11 y a los 22 de comisarías. El gobierno pidió un plazo de seis meses para su instalación.

El fallo, luego anulado, del juez Juan Manuel Kees, le daba un plazo de seis meses al gobierno para sacar a todos los condenados de las comisarías, y le sugería como posible solución la contratación de contenedores. Diputados del oficialismo lo trataron de «imbécil» y «juez pro narco».

La solución de los contenedores no es para nada original. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la está explorando el alcalde Jorge Macri, quien afronta un serio problema de superpoblación en las comisarías con frecuentes fugas masivas. Ha derivado en un conflicto político con la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich.

Las casas de pre-egreso

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Otra parte de la propuesta del fiscal de Estado para descomprimir el hacinamiento -que la provincia no reconoce como tal- es habilitar las tres casas de pre-egreso de la Unidad 11 que están vacías, y completar las otras tres que están a medio usar.

Es un sector destinado a personas privadas de su libertad en etapa de confianza y con buenas calificaciones. La policía pone muchas condiciones para autorizar el traslado, según dijeron fuentes de la defensa, en parte porque les preocupa que se produzca una fuga. Eso les trae aparejadas severas sanciones disciplinarias a los que están de guardia en ese momento.

El gobierno propone construir cuatro casas más, tres para alojar detenidos y una para dictar talleres educativos y laborales, que es otro de los constantes reclamos de la defensa pública.

A cambio de todo esto, y tal como anticipó diario RÍO NEGRO, la fiscalía de Estado niega que existan condiciones ilegítimas de detención y violación de tratados internacionales. Es la principal preocupación del gobierno provincial, porque si un fallo consolida esa situación, la provincia será pasible de sanciones económicas y políticas.