Cuánto le pedirá el Tribunal Superior de Neuquén a la Provincia para pagar el acuerdo salarial con los empleados judiciales

El acuerdo salarial al que arribaron el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén y el sindicato de empleados judiciales (Sejun) incluye el pago de una serie de sumas fijas no remunerativas ni bonificables por más de 1 millón de pesos a cada trabajador que tendrán impacto en el presupuesto del Poder Judicial.

Según consta en el acta que firmaron las partes, los empleados percibirán 575.000 pesos «durante la primera semana de abril, cuando se transfieran los fondos del Tesoro provincial». La propuesta inicial del Tribunal Superior era de 520.000 pesos.

Otra suma la percibirán en septiembre. Surgirá de la aplicación del IPC a los 180.000 pesos que percibieron en igual mes del 2024.

También cobrarán una ayuda escolar extraordinaria de 200.000 pesos, y «una suma extraordinaria no remunerativa ni bonificable, por única vez, durante la primera semana de abril, con destino a la capacitación y entrenamiento en nuevas tecnologías aplicadas a la función judicial de 250.000 pesos».

Estas sumas fijas no serán percibidas por las categorías MF1 a MF5 (vocales del Tribunal, jueces de cámara, fiscales jefes, defensores de circunscripción, jueces de primera instancia, fiscales, defensores) y AJ1 y AJ2 (el equivalente en profesionales auxiliares). Era una condición impuesta por el gobernador Rolando Figueroa; no quiere que los salarios de los jueces se sigan desacoplando del resto de la administración pública.

El impacto presupuestario

---

Fuentes del Tribunal Superior dijeron a diario RÍO NEGRO que el pago de las sumas fijas representan 1.680 millones de pesos que el Poder Judicial le tendrá que pedir al Tesoro provincial. Se descuenta que antes de hacer la oferta hubo un visto bueno de Roca y Rioja.

La otra parte del acuerdo son los ajustes trimestrales por IPC. Al respecto se indicó desde el TSJ, ante otra consulta, que «la pauta macrofiscal de IPC para el ejercicio 2025 fue del 18,3%. En el primer trimestre tenía previsto 4,88% y con los índices reales de enero y febrero y el que se prevé para marzo podría alcanzar el 8,2%, lo que representa una diferencia aproximada 650 millones de pesos«.

Lo que advertía el proyecto de presupuesto

---

El presupuesto de gastos para el ejercicio financiero 2025 se fijó en 260.197.239.015 pesos, «con previsión de partidas para la recomposición salarial» que ya quedó desfasada.

En el proyecto de ley enviado a la Legislatura el año pasado se advertía: «se tuvo en cuenta el impacto de la inflación (IPC) proyectada para el cierre del ejercicio actual, así como la estimada para el ejercicio 2025, conforme a las pautas macrofiscales definidas por el órgano rector provincial. Es importante señalar que cualquier desvío del indicador mencionado requerirá de mayor asistencia financiera a fin de garantizar el pleno y normal funcionamiento del servicio de justicia».

En el presupuesto la partida personal se lleva, como es habitual, el 93%, es decir 241.697.239.015 pesos.

Queja de los jueces porque quedaron afuera

---

Por su parte la Asociación de Magistrados y Funcionarios, a la que están afiliados jueces, fiscales, defensores y secretarios del Poder Judicial, le hizo saber al presidente Gustavo Mazieres la «preocupación» y «malestar» que le generó el aumento salarial «parcialmente diferenciado». Remarcó que «el funcionamiento del servicio de justicia en épocas de medidas de fuerza es realizado, casi en su totalidad, por aquellos a quienes se pretende excluir del acuerdo salarial».

La entidad señaló que dejar afuera de las sumas no remunerativas y bonificables a determinadas categorías «constituye una práctica similar a situaciones y soluciones adoptadas en el pasado que no solo fueron resistidas por esta Asociación, sino que internamente generaron un malestar generalizado de magistrados y funcionarios, sumado a que esta posibilidad incumple con lo establecido en la ley de remuneraciones».

En una nota que entregaron a Mazieres, firmada por la presidenta Patricia Lúpica Cristo y la vocal Valeria Ortiz, añadieron que «el malestar señalado por este posible escenario se ve reflejado particularmente en aquellos funcionarios con categorías más bajas, que vieron que sus salarios en muchos casos resultaban similares o inferiores a los de agentes administrativos, personal este último que no tienen firma ni responsabilidad funcional en los diversos procesos judiciales».