Cuestionan que Rolando Figueroa asigne aportes no reintegrables a los municipios para políticas sociales
Cada localidad elegirá en qué gastarlo, el gobierno provincial sólo "sugiere". Cómo será la rendición y las desigualdades que podrían derivar de esta descentralización.
Una de las leyes que deberán garantizar con estos fondos es la 2302. Foto Cecilia Maletti.
Un total de 492 millones de pesos serán distribuidos en los 57 municipios que tiene Neuquén para políticas sociales. El gobierno provincial decidió descentralizar por decreto la aplicación de siete leyes, esto significa que cada localidad recibirá un aporte no reintegrable trimestral y decidirá cómo utilizar esos fondos. ¿Qué tipos de controles habrá sobre el dinero?
El decreto 202 de 2025 otorga una asistencia económica a los gobiernos locales, que varía según la categoría del municipio. Los de primera recibirán 12 millones de pesos (aquí entran por ejemplo Chos Malal, Zapala, Centenario, Neuquén), los de segunda 10 millones de pesos (Rincón de los Sauces, Las Ovejas, Añelo), los de tercera 8 millones de pesos (Tricao Malal, Caviahue-Copahue) y las comisiones de fomento 6 millones de pesos (Villa Traful, Coyuco-Cochico, Santo Tomás).
Estos fondos deberán destinarse a acciones que hagan efectiva las leyes 2302 (de niñez y adolescencia), 2785 y 2786 (violencia familiar y de género), 2955 (régimen provincial de hogares para niñas, niños y adolescentes), 3238 (centro de atención a la víctima), 3349 (protección de las personas mayores), y la 3370 (trata de personas).
La justificación es que: «la descentralización de las políticas públicas sociales, es la manera más efectiva de garantizar una rápida y oportuna respuesta a los/as ciudadanos/as que se encuentren en situaciones de riesgo donde sus derechos son vulnerados».
Para recibir los aportes cada intendente o presidente de comisión tendrá que firmar un convenio con el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, en el que se compromete a llevar adelante políticas para la aplicación de estas leyes. La provincia pondrá a disposición «líneas programáticas de asistencia» de la subsecretaría de Familia y asesoramiento técnico.
Los programas de protección integral abarcan acciones de inclusión social, prevención, promoción y protección.
El convenio incluye, además, una solapada delegación de funciones: plantea que los municipios y comisiones de fomento asumirán «mediante el personal que designe la contestación de los requerimientos del Poder Judicial».
Rendición de fondos
Generalmente los aportes no reintegrables, por su naturaleza discrecional, tienen asignaciones específicas. En este caso es muy amplio el uso que se le puede dar al dinero, ya que comprende siete leyes, cuyas competencias son bien distintas.
RÍO NEGRO pidió una entrevista con el ministro. No hubo posibilidad de hacerla, y se nos permitió enviar un cuestionario sobre el que hubo una contestación oficial.
El primer trimestre del año se entregarán 492 millones y, según el gobierno, el estimativo anual será de 1.968 millones de pesos. ¿A dónde se enviará cada monto? Estos fondos se depositarán en las cuentas generales de los gobiernos locales, una vez que se firmen los convenios.
Respecto de si cada municipio elegirá una ley a la cual irá el aporte, se nos respondió que: «No se exige utilizar los fondos en la aplicación de todas las leyes debido a la autonomía y autarquía de los gobiernos locales, aunque se sugiere y se promueve la aplicación en los puntos focales de la política social de cada localidad, por ejemplo, en la contratación de equipos profesionales psicólogos, trabajadores sociales, acompañantes terapéuticos».
En cuanto a la rendición se nos indicó que este año «se realizará de manera trimestral, con nota elevación informando lo percibido y gastado, adjuntando comprobantes y los informes de situaciones abordadas según leyes. El área de Gestión Territorial de la Subsecretaría de Familia será la responsable del seguimiento y supervisión de intervenciones. En la auditoría se observa el destino de los fondos y se realizan sugerencias en cuanto a programas y/ o acciones».
También se nos dijo que en 2024 este convenio se firmó con «24 de los 57 gobiernos locales», cuando se insistió para saber cuánto dinero se entregó en ese entonces, si fue también por decreto y si estaban esas rendiciones, no hubo respuesta.
Acceso desigual
Más allá de conocer la ruta del dinero, hay otro interrogante que abre la descentralización y es a cuáles de las leyes se les dará prioridad y a cuáles no.
«Esto puede implicar que en un municipio se otorgue más transcendencia a un determinado colectivo, en detrimento de otro, lo que implica un acceso desigual a las políticas públicas, dependiendo del lugar de residencia de cada habitante«, afirmó Angélica Acosta, abogada del servicio Socorro Violeta, que acompaña y asesora legalmente a víctimas de violencia machista en Neuquén capital.
Y agregó: «cada municipio puede utilizarlos para garantizar los derechos o políticas que a su criterio resulten necesarios, sin que la aplicación de las leyes adquiera un carácter de acciones permanentes y sostenidas. Este tipo de práctica no genera compromisos ni satisfacción de los derechos de todos los grupos involucrados y protegidos por las leyes neuquinas».
Sostuvo que cualquier convenio de descentralización que pretenda garantizar, por caso, las leyes 2785 y 2786 de violencia familiar y de género, debería señalar «las acciones estratégicas que el Ejecutivo pretende realizar». «Tampoco se detalla qué porcentaje de fondos debe ser usado/atendido por cada población objetivo, ni qué indicadores deben utilizarse en la programación y/o el avance en la aplicación de los recursos», remarcó Acosta.
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