Denuncian a Arabela Carreras por el acuerdo con una empresa israelí por datos del agua

El acuerdo de cooperación de la provincia de Río Negro con la empresa israelí Mekorot firmado en 2023 por la exgobernadora Arabela Carreras, que ya generó pedidos de informes el año pasado y una propuesta de nulidad, ahora sumó una denuncia penal contra la exmandataria porque el convenio comprometería gravemente la soberanía provincial sobre los recursos hídricos.

La denuncia que se extiende en la explicación de legitimación y ofrece pruebas, la presentó hoy en el ministerio público fiscal de Viedma las legisladoras Magdalena Odarda y Ayelén Spósito, del bloque Vamos con Todos, y estará a cargo de la investigación inicialmente el fiscal Guillermo Ortiz.

La avanzada en la justicia ordinaria llega después de no tener correspondencia el pedido de nulidad del convenio que el año pasado impulsaron Odarda y Spósito en la Legislatura y luego de que la semana pasada visitaran la provincia 40 gerentes, técnicos y directivos de la Federación de Compañías de Aguas de Israel quienes recorrieron la planta de saneamiento que opera la Cooperativa Eléctrica Bariloche (CEB) para “estudiar su modelo de tratamiento de efluentes” que valoraron como “un caso de éxito”, según difundió la entidad barilochense.

En la demanda las legisladoras piden a la fiscalía que se investigue si la exgobernadora —y cualquier otro funcionario que haya intervenido— incurrió en delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

A su entender, Carreras al firmar el convenio cuestionado, sin la intervención del Departamento Provincial de Aguas ni la aprobación de la Legislatura, avanzó en una “violación grave a la Constitución Provincial” porque “se le entregó a una empresa extranjera la posibilidad de investigar, proyectar y proponer medidas sobre nuestros recursos hídricos, sin que la provincia tenga acceso al contenido de esos informes. La cláusula de confidencialidad es tal, que ni el Estado de Río Negro sabe qué se hizo o qué destino tiene la información obtenida sobre su propio territorio. Además, se prorrogó la jurisdicción a tribunales ingleses y bajo leyes inglesas. Todo esto es inaceptable”, señaló Odarda.

El acuerdo rionegrino fue acompañado por el gobierno nacional de ese momento, con la presidencia de Alberto Fernández, y también incluyó a otras cuatro provincias. Odarda fue funcionaria de ese gobierno en el Instituto de Asuntos Indígenas hasta agosto de 2022, meses antes de este convenio en el que participó Wado de Pedro, como ministro del Interior.

El contrato cuestionado, firmado en febrero de 2023 y que entró en vigencia en abril de ese año, habilita a la consultora extranjera a elaborar un “Plan Maestro del Agua” con “acceso a información estratégica sobre las fuentes, reservas, calidad y usos del agua en territorio rionegrino”. Establece un servicio de consultoría y prevé un análisis para la desalinización de agua para abastecer la Región Sur y localidades de la costa Atlántica.

Las denunciantes señalan que la provincia fue excluida del control y la participación técnica del proceso.

“La decisión de Carreras es arbitraria, ilegítima y pone en riesgo la soberanía de la provincia”, insistió Odarda.