El cobro de aranceles a extranjeros no residentes en Río Negro tendría bajo impacto

El cobro de aranceles a extranjeros con residencia temporaria o transitoria en Argentina fue impulsado por Juntos Somos Río Negro y seguramente se transformará en ley, pero su impacto económico —con los registros actuales— no será importante porque son escasas las consultas médicas en hospitales y los estudiantes terciarios de los institutos provinciales con esas condiciones.

El proyecto de ley fue presentado esta semana por el presidente del bloque oficialista, Facundo López, y el legislador Lucas Pica, quienes en los fundamentos señalaron una iniciativa similar impulsada el año pasado por la CC-ARI Cambiemos y la legislación que ya rige en provincias como Salta, Jujuy, Mendoza, Santa Cruz y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La iniciativa oficial no es otra cosa que seguir la política arancelaria contra los extranjeros que impulsó el año pasado el presidente Javier Milei. Aunque se venía mencionando el proyecto desde el 2024, específicamente en salud con la exministra Ana Senesi, los legisladores ahora lo hicieron extensivo no solo a las prácticas médicas en los hospitales públicos sino también a la educación terciaria que depende del ministerio de Educación de Río Negro.

Entre los argumentos, indicaron la “disminución de los ingresos para solventar el funcionamiento y la prestación de servicios esenciales a cargo del Estado Provincial” y un “aumento significativo de la demanda”, entre la que incluyen la exigida por extranjeros turistas o de países vecinos como Chile, cuya población más cercana está ubicada a menos de 200 kilómetros de Bariloche. Por eso entendieron necesario aplicar un criterio de “administración de recursos”.

Los números oficiales no están plasmados en el proyecto. RÍO NEGRO consultó el real impacto de la medida. En el caso de salud, el hospital que podría recibir una mayor cantidad de pacientes extranjeros sin residencia sería el Ramón Carrillo de Bariloche. Según datos oficiales del ministerio de Salud, en esa ciudad con atención de alta complejidad, en 2024 se atendieron 96 pacientes extranjeros no residentes por distintas afecciones y solo 10 estuvieron internados. En 2023 fueron 131 con atención por consultorios y 22 internaciones; y en 2022 llegó a 108 consultas y 15 internaciones.

Los datos reflejan que no hay una incidencia importante de los pacientes extranjeros categorizados con residencia transitoria o autorización precaria, conforme la ley nacional de inmigración 25.871 que menciona la normativa provincial en debate. Los autores del proyecto estiman que esto se da porque no hay registros fiables hasta el momento ante la política abierta de atender a todos por igual.

En Educación no hay cifras oficiales respecto de los estudiantes terciarios extranjeros porque no se tiene certeza de su condición de residencia. Lo que se sabe es que habría menos de un centenar de alumnos que han declarado ser nacidos en el extranjero, pero al momento de pasar el tamiz y ver los papeles actuales no llegarían a 20 los que deberían pagar un arancel, según información extraoficial de un total de unos 13.500 alumnos en los institutos de formación docente y técnicos de la provincia.

Pica, uno de los autores del proyecto, puntualizó a este diario que la iniciativa busca generar el marco legal y a partir de su sanción “los ministerios de Salud y Educación, como autoridades de aplicación, deberán reglamentar cómo será el parámetro del arancel”.

El legislador indicó que existe un trabajo previo del ministerio de Salud referido a crear un “nomenclador específico” para el cobro de aranceles y también allí entraría en vigor el costo de las prestaciones, como se factura por ejemplo a pacientes con obras sociales o prepagas.

El proyecto de ley establece crear dos fondos específicos con los recursos que se generen por el cobro de aranceles a extranjeros, que por ahora no está cuantificado ni estimado. Un fondo será de Salud Pública con el objetivo de mejorar las instalaciones, equipamientos y mobiliario, capacitar personal, financiar programas; y otro de Educación, destinado “exclusivamente a solventar los gastos de funcionamiento de los establecimientos educativos, la mejora edilicia, la adquisición de equipamiento y mobiliario”, pero queda expresamente prohibido su destino al pago de salarios.

En el caso de la asistencia en hospitales, la inciativa aclara que se garantiza la prestación de atención en urgencia y emergencias a todas las personas y luego la autoridad sanitaria arbitrará los medios necesarios para cobrar los gastos.

También permite que la Provincia avance en acuerdos de reciprocidad con otros países para garantizar la atención sanitaria gratuita de los rionegrinos en esas jurisdicciones y su contraprestación local con los foráneos de las naciones que firmen convenios.