El Fondo Estímulo de los recaudadores de Río Negro y los números de la distribución

El Fondo Estímulo de la Agencia de Recaudación se conforma con parte de los ingresos tributarios mensuales de Río Negro y se reparte entre el personal del organismo.

En la última semana, la Justicia opinó de ese Fondo frente a un reclamo de una treintena de agentes impositivos que solicitaban que ese pago salarial -que califican de la “remuneración principal”- se transformara en bonificable, que permita su cálculo para la “zona desfavorable, zona y permanencia de cargo”. La Cámara Laboral de Viedma y, después, el Superior Tribunal de Justicia no aceptaron esa pretensión.

En abril, la disponibilidad del Fondo Estimulo llegó a los 271 millones, a partir de que se conforma con el “10 por mil del total de la recaudación” percibida por la Agencia, “previo a la distribución” de la coparticipación municipal. En ese mes, los ingresos tributarios de Río Negro fueron de 27.150 millones.

La cartera tributaria tiene cerca de 440 estatales y la distribución de esos 271 millones significan -en promedio- unos 615 mil pesos por remuneración aunque, en realidad, existe una escala entonces el adicional se duplica o se triplica en cargos jerarquizados. Ahí la expuesta importancia del mismo por parte de los demandantes.

Este pago fue creado en 1993 por la ley 2686 y, desde entonces, no faltan críticas por la diferencia que ese tratamiento genera entre los estatales del Poder Ejecutivo. Por eso, el ingreso a la Agencia es un objetivo anhelado.

La asignación alcanzó el ámbito judicial por la demanda de agentes que “pretendían que se les otorgue el carácter de bonificable al «fondo estímulo», que «es un premio de carácter variable y aleatorio”.

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Ese estímulo para la hoy Agencia figura en una ley de 1993 y equivale al 10 por mil del total de los ingresos tributarios de la Provincia.

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Inicialmente, la Cámara Laboral de Viedma -integrada por Rolando Gaitán, Carlos Valverde y Gustavo Guerra Labayén- rechazó ese reclamo, pero los agentes de la Agencia de Recaudación insistieron ante el Superior Tribunal de Justicia.

En su presentación, los demandantes explican que cobran por dos recibos, uno con el “salario básicos, adicionales remunerativos, aportes y contribuciones”, y otra documentación “en el que se da cuenta del concepto salarial denominado fondo de estímulo” que -entienden- “resulta bonificable y no se lo reconoce como tal”, planteando que se le debe calcular para los adicionales por antigüedad, zona y permanencia en el cargo”.

El cuerpo laboral desestimó que el “fondo estímulo” se considere bonificable, valiéndose de la “doctrina legal obligatoria y en el hecho de que el carácter remunerativo del bonificable debe surgir de la norma que lo dispone o de normas o principios preeminentes”.

Resaltó, además, la Cámara que “la vía judicial no puede constituir una indebida injerencia en facultades propias de otros poderes como el Ejecutivo o Legislativo”.

En su análisis, el STJ se mantuvo en la negativa a lo reclamado por los agentes, empezando que la defensa de su posición “adolece de insuficiencias argumentativas, en tanto carece de componentes críticos elementales que permitan asignarle un adecuado sustento”.

La opinión del STJ, expuesta por Ricardo Apcarian, plantea que los peticionantes alcanzan la nueva instancia y “reeditan los mismo argumentos” expuestos en su demanda y que ya fueron tratados en el fallo de la Cámara. Así, remarca, se “constituye una mera discrepancia subjetiva con la decisión” del tribunal juzgador.

Además, remarcó que tampoco se consigna cuál es la norma mal aplicada o la falta de lógica en el criterio.

En cuanto a la doctrina, se advirtió que se trazó una analogía con un caso de la policía federal que no resulta extrapolable al ámbito del empleo público del Poder Ejecutivo rionegrino, que se rige por sus propias leyes locales y reglamentos administrativos.

A la postura de rechazo de Apcarían se sumaron los vocales Liliana Piccinini, Sergio Barotto y Sergio Ceci.