El municipio de Bariloche se prepara para una batalla legal con la empresa OPS

El intendente Walter Cortés declaró “lesiva al interés público” la contratación de máquinas y equipos viales con la empresa OPS que mantuvo durante varios años su antecesor Gustavo Gennuso y rechazó una millonaria demanda que planteó la proveedora, por la acumulación de servicios nunca abonados.

Las dos resoluciones firmadas en los últimos días que formalizan esas decisiones apuntan a cerrar el litigio en la instancia administrativa y mejorar la posición del municipio frente a la demanda que la empresa se apresta a iniciar en la Justicia.

Cortés dejó sentado que desconoce la legitimidad del reclamo por 15.386.916 dólares presentado por OPS como valuación de los alquileres de una treintena de máquinas, que se extendió por casi cuatro años.

El principal argumento del municipio es que no pudo documentar el “valor objetivo” de las prestaciones realmente efectuadas, ya que existe un contrato original de febrero de 2019 con prórrogas sucesivas, e incorporación de nuevas máquinas, en muchos casos sin actos administrativos ni la necesaria constancia documental.

“Cualquier suma a reconoce debería determinarse conforme a las horas efectivamente prestadas por las maquinarias” subrayó la resolución del intendente, fechada el 26 de febrero. En otra anterior, del viernes 21, declaró “lesiva al interés público la contratación implementada con la firma OPS” mediante las resoluciones originales de 2019, más “los actos dictados en consecuencia y sus prórrogas”. Instruyó además a la asesoría letrada municipal a presentarse a la Justicia para “solicitar la nulidad de las contrataciones” con la empresa de Cipolletti.

En ese punto, el principal argumento es que Gennuso cerró el acuerdo por la locación de equipos viales con una empresa que tenía quiebra declarada desde varios meses antes en un juzgado de Buenos Aires, y según la normativa vigente el municipio no podía celebrar contratos con una firma “que se encontraba en ese momento desapoderada”.

En la reconstrucción del litigio el intendente citó la “suma exorbitante en dólares” que pretende cobrar OPS, por ahora en fase de “reclamo administrativo”.

La asesora letrada del municipio, Yanina Sánchez, dijo que “esos contratos no están todos suscritos, no son válidos y causan un perjuicio directo a la municipalidad”. Recordó que el Tribunal de Contralor tiene en marcha una investigación que -una vez concluida- podría derivar en denuncias penales contra Gennuso y otros esfuncionarios que intervinieron en el caso.

El reclamo por más de 15 millones de dólares excedería por lejos la capacidad de pago del municipio, ya que representa alrededor del 45% de los ingresos totales de jurisdicción municipal a lo largo de 2024. “Sería imposible de afrontar, un perjuicio enorme para las arcas municipales” dijo Sánchez, en declaraciones a Radio C de Bariloche.

Señaló que la demanda de OPS está en vías de agotar la instancia administrativa, como paso previo a la determinación de recurrir a la Justicia, de modo que el municipio también se prepara para defenderse en ese ámbito. Las resoluciones emitidas en los últimos días forman parte de esa estrategia.

Falta prueba documental

Sánchez dijo que buscaron “reconstruir todo lo que se pudo” en la tortuosa relación de varios años entre el municipio y OPS, cuyas motoniveladoras, palas cargadoras, camiones y otros equipos fueron utilizados para el mantenimiento de calles, de pluviales y trabajos de acondicionamiento en el vertedero de basura barilochense.

Pero el soporte documental disponible está lejos de certificar la cantidad de máquinas utilizadas y las horas de uso de cada una, en un listado que se ajuste a lo reclamado por OPS. Según la resolución de Cortés, las contrataciones realizada por el municipio con OPS “se encuentran viciadas de ilegalidad manifiesta”, porque no cumplieron con la ordenanza que regla esas operaciones y tampoco con la ley de quiebras.

“Hay acciones legales en marcha y otras que estamos por presentar en los próximos días y ya las daremos a conocer”, afirmó Sánchez.

Antes de dejar el cargo, a fines de 2023, Gennuso intentó cerrar un acuerdo de pago con OPS por 7,92 millones de dólares y pidió el aval del Tribunal de Contralor mediante un procedimiento de “legítimo abono”, que le fue rechazado. En aquel momento también fueron cuestionadas las “inconsistencias” de las contrataciones directas con la empresa, sin la debida documentación y sin pruebas suficientes de la urgencia invocada.