En Río Negro, Salud afina su cobranza a las prepagas por la baja en la recaudación: qué instrumento incorpora

La cobranza a las obras sociales y a las prepagas por parte del ministerio de Salud registró un importante descenso, profundizando el desfinanciamiento de los hospitales rionegrinos.

La presente recaudación estaría, en términos reales, en un tercio de lo que el ministerio percibió el año pasado por las atenciones hospitalarias a sus afiliados.

Este descenso se explicaría esencialmente porque la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) ya no actúa como agente de cobro, con buenos resultados en su actuación directa y efectivas con las prepagas y obras sociales. La razón: un decreto de febrero del presidente Javier Milei retiró a la Superintendencia de esa intermediación.

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Hasta febrero, el cobranza recaía en la Superintendencia de Salud pero el presidente Milei suspendió esa labor que favorecía a los hospitales.

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Hasta septiembre, Salud percibió unos 1.800 millones, que es una cifra similar a lo del año pasado. Aún esos números nominales, la merma real por la inflación ubicaría estos últimos ingresos en un tercio de los registros del 2023.

Ese derrumbe, que se explica en la deserción de Superintendencia, derivó finalmente en que la Provincia busque revertir la situación con un instrumento propio.

Esa propuesta fue remitida ayer a la Legislatura, conjuntamente con otros tres proyectos del Poder Ejecutivo, con acuerdo de ministros, que serán tratados en la sesión del jueves aunque, en principio, el debate parlamentario se iniciará hoy en el Plenario de Hacienda, Constitucionales y Asuntos Económicos.

Se trata de la creación de un “Recupero del Gasto Hospitalario de servicios asistenciales de salud”, permitiendo que “los hospitales de la provincia recuperen los costos incurridos en la atención de pacientes con cobertura”. Se lo define como “una herramienta jurídica que permite al Estado garantizar el cobro”.

En realidad, el nuevo instrumento de la iniciativa parlamentaria radica en que la Provincia, a través de la Fiscalía de Estado, podrá plantear la ejecución fiscal de la deuda frente al incumplimiento de la obra social o la prepaga.

El artículo 6 del proyecto indica que, “vencido el plazo para el pago y sin necesidad de ninguna intimación”, Salud “certifica la deuda a cargo del sujeto obligado, la que tiene carácter de título ejecutivo”. Se aclara que “las reglas” serán precisadas en la reglamentación.

El artículo 7 indica que la “certificación de deuda será remitida a la Fiscalía de Estado para el inicio de la ejecución judicial”.

Según la norma propuesta, el recupero consiste “en el pago obligatorio a favor de Salud de los gastos originados en asistencias clínicas, quirúrgicas, de traslado, internación, farmacia y cualquier otro asociado a la atención de pacientes con cobertura de seguro de salud en cualquiera de sus modalidades”.

Esas obligaciones alcanzan a las “obras sociales privadas, sindicales o mutuales a las que se encuentre afiliado el beneficiario”, como también, “prepagas de salud, seguros médicos, empresas de ART; aseguradoras en general y/o cualquier persona jurídica”.

También se establece un “nomenclador tarifario”, es decir, “los gastos que insuman las prácticas reguladas” serán determinados por el ministerio, conforme lo disponga la reglamentación, o de acuerdo a los montos que terceros prestadores facturasen».