Estafa con planes sociales en Neuquén: la Provincia les inició juicio a los imputados para recuperar la plata
Se trata de una acción procesal administrativa impulsada por la fiscalía de Estado. Su resultado no depende del juicio penal, cuya fecha se podría fijar en las próximas semanas.
Kohon, Cid, Jara, Narváez, el equipo de la acusación, en una de las audiencias por la estafa con Planes Sociales. (Archivo/Matías Subat)
La fiscalía de Estado de Neuquén inició una acción procesal administrativa a 22 imputados en la estafa con planes sociales con el objetivo de recuperar el dinero que, de acuerdo con la acusación penal, sustrajeron de los fondos públicos en beneficio propio o del Movimiento Popular Neuquino entre 2020 y 2022, durante el gobierno de Omar Gutiérrez.
Entre los demandados figuran los cinco señalados como cabecillas de una asociación ilícita: el exministro Abel Di Luca, Ricardo Soiza, Pablo Sánz, Marcos Osuna y Tomás Siegenthaler, y una gran cantidad de empleados y exempleados de Desarrollo Social que integraron según la fiscalía, algunos de los cinco niveles en los que estaba dividida la organización.
Todos tienen sus bienes embargados, incluso algunos adquiridos con anterioridad a la maniobra. Se trata de inmuebles, automóviles, cuentas bancarias y billeteras virtuales.
La novedad se pudo confirmar este jueves, durante una audiencia más por la estafa en la cual se volvió a debatir si aplicarles penas «bajas» a los acusados genera «sensación de injusticia» en la sociedad. Uno de los jueces del Tribunal de Impugnación que intervino lo comparó con otros casos y llegó a decir que «a la cárcel van solo algunos ladrones de gallinas».
La devolución del capital
En la misma audiencia el imputado Adrián Alfredo Meza Lizama informó a través de su abogado Alejandro Marco que depositó en una cuenta oficial los 4.982.500 pesos que cobró indebidamente con cheques de planes sociales a cambio del alquiler de vehículos sin concurso de precios ni licitación. Los intereses serán materia de discusión en un juicio civil ya que a esta persona en particular, la fiscalía de Estado le inició la demanda por esa vía.
Otro imputado que también devolvió el dinero cobrado indebidamente fue Alfredo Cury. En su caso fueron diez cheques por 490.500 pesos, siempre a valores históricos.
Valores históricos
Fuentes de la fiscalía de Estado informaron que la acción procesal administrativa quedó radicada en la oficina del juez José Carlos Pusterla. El monto reclamado es son 153.377.900 pesos «con más sus intereses y costas».
Ese es el valor histórico estimado de la estafa. Un cálculo realizado en septiembre del año pasado ajustó el monto a mil millones de pesos.
El reclamo se formuló en forma solidaria, es decir que se les reclama el total a cada uno de los co-demandados, explicaron las fuentes.
El resultado del juicio para recuperar el dinero no está atado al resultado del juicio penal pero una condena lo haría más ágil, añadieron.
La recusación de una jueza
El abogado defensor Pablo Gutiérrez (de Tomás Siegenthaler, Laura Reznik, Julieta Oviedo y Ariel Krom) recusó a la jueza Carina Álvarez, designada para intervenir en la audiencia de control de acusación fijada para el 11 de marzo próximo. En esa instancia se debatirán las pruebas que se utilizarán en el juicio oral, cuya fecha se fijará en esos días.
Como nada fluye en este legajo, hay que tener paciencia para seguir la secuencia: Gutiérrez recusó a Álvarez, la jueza no la aceptó y el Colegio de Jueces, con la firma de su vicepresidenta Natalia Pelosso (la presidenta es la recusada) ratificó a Álvarez como jueza de la audiencia. Por eso Gutiérrez impugnó e intervino el Tribunal integrado por Andrés Repetto, Nazareno Eulogio y Patricia Lúpica Cristo.
El argumento del abogado es que la magistrada perdió la imparcialidad, ya tiene posición tomada en esta causa respecto de la participación de los imputados, de la calificación legal y de la calidad de la prueba.
Gutiérrez anticipó que el 11 de marzo se opondrá a las tres cosas: la participación que se les atribuye a sus clientes, la calificación de asociación ilícita y las pruebas.
El Tribunal no le hizo lugar. Explicó que el Código Procesal Penal de Neuquén prevé que un mismo juez sea quien lleve adelante todas las audiencias de la causa hasta el control de acusación, y será otro juez quien intervendrá en el juicio.
Por lo tanto, que haya resuelto diferentes cuestiones en la causa no puede considerarse prejuzgamiento, ya que recién en el juicio es donde se expondrán y valorarán las pruebas que determinarán la responsabilidad o no de los imputados.
La fiscalía de Estado de Neuquén inició una acción procesal administrativa a 22 imputados en la estafa con planes sociales con el objetivo de recuperar el dinero que, de acuerdo con la acusación penal, sustrajeron de los fondos públicos en beneficio propio o del Movimiento Popular Neuquino entre 2020 y 2022, durante el gobierno de Omar Gutiérrez.
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