Estafa con planes sociales: por tercera vez tratan de hacer un acuerdo para no ir a la cárcel

«Queremos presos a quienes les robaron la plata a los más humildes y queremos que devuelvan lo robado», dijo una vez más, en su discurso del 1 de marzo ante la Legislatura, el gobernador de Neuquén Rolando Figueroa cuando habló de la estafa con planes sociales. Esas consignas hacen imposible encontrar un juez que homologue un acuerdo entre la fiscalía y la defensa de dos de los 19 imputados, que esta semana tratarán ¡por tercera vez! de evitar la cárcel.

No sólo la presión -indebida- del gobernador obstaculiza la salida negociada para estos imputados, con una pena de 3 años de prisión en suspenso y trabajos comunitarios (es decir, ni cárcel ni devolución de lo robado). La causa Planes Sociales tiene brillo suficiente para atraer miradas; nunca pasan inadvertidas las fricciones entre la fiscalía y los magistrados, y también dentro de los dos grandes grupos de magistrados: el Colegio de Jueces y el Tribunal de Impugnación. A veces Planes es el motivo, otras actúa como cámara amplificadora vaya a saber de qué internas.

Los que buscan el acuerdo

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Quienes aspiran a lograr un acuerdo son Rodolfo Andrés López y Adrián Alfredo Meza Lizama. Ninguno fue empleado estatal, y participaron de la estafa de diferentes maneras.

López recibió 264 cheques que debían cobrar personas sin trabajo, beneficiarios de planes sociales. Los depositó en su cuenta en el BBVA, retiró el efectivo por ventanilla y le entregó los billetes a Néstor Pablo Sánz o Marcos Ariel Osuna, dos de los señalados como cabecillas. Ellos los usaron en provecho propio o lo gastaron en la campaña del MPN. En total, a valores históricos, López cobró 12.791.500 pesos. Representan alrededor del 8% del total de la maniobra.

Meza Lizama le alquilaba vehículos a Sánz sin cumplir con la ley de administración financiera y cobraba con cheques de planes sociales. Le pagaron con 103 cartulares, por 4.982.500 pesos. Días atrás depositó ese importe en una cuenta oficial, para demostrar su voluntad de devolver el dinero.

Ambos llegaron a un acuerdo con los fiscales Pablo Vignaroli y Juan Narváez: declararse culpables de integrar una asociación ilícita y aceptar una pena de tres años de prisión en suspenso, más tareas comunitarias. A cambio no irán a juicio oral.

Nulo lo anulado

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La jueza Carina Álvarez en setiembre del 2024 y el juez Cristian Piana en febrero pasado desaprobaron ese acuerdo, por razones casi idénticas que se pueden traducir en que la pena es demasiado baja y no contempla la devolución del dinero.

Las dos veces, los defensores Pablo Gutiérrez y Alejandro Marco lograron que se anulara la anulación. Sí: el Tribunal de Impugnación dijo que lo resuelto por Carina Álvarez y Cristian Piana no era válido, por lo que esta semana debe intervenir un tercer juez y decidir si corresponde homologar el acuerdo o no.

Espíritu de cuerpo

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Pero atención. El abogado Pablo Gutiérrez dijo que todos los integrantes del Colegio de Jueces van a pronunciarse de la misma manera que Álvarez y Piana «por una cuestión de cuerpo, no de individualidades» y porque «no comparten los fallos del Tribunal de Impugnación» en esta materia. Sacó a la superficie lo que es un secreto a voces en la Ciudad Judicial.

Lo raro es que el Tribunal de Impugnación parece estar de acuerdo con que tres años en suspenso y tareas comunitarias para los participantes en la estafa es una pena muy liviana. Incluso los argumentos para anular la resolución de Piana sonaron rebuscados. Aun más cuando el que fundamentó su voto fue el juez Andrés Repetto.

El caso del robo de cobre

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Recordó el magistrado que hace poco le tocó intervenir en un juicio contra tres personas acusadas de robar el cobre de un transformador, y fueron declaradas responsables del delito de robo en despoblado y banda, que tiene una pena en expectativa de 5 a 15 años de prisión. Es decir, irán presos.

Dijo Repetto: «Sin embargo en este caso (la estafa con Planes) hay un grupo de personas que aceptan su responsabilidad de haber formado parte de una asociación ilícita con el fin de haber sustraído bienes del Estado por muchos millones de pesos, y van a recibir una pena que implica no ir nunca presos. Esta diferencia que existe entre un caso y otro, donde aquel que roba unos kilos de cobre va a ir a una unidad de detención como mínimo cinco años y aquél que participa de una sustracción al Estado por muchos millones de pesos no va a pasar ni un día preso como cumplimiento de pena, genera una sensación de injusticia».

Sabor amargo

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«Es natural que a algunos jueces les quede un sabor amargo cuando se arriba a este tipo de acuerdos en este tipo de delitos, que no hace más que remarcar que a la cárcel van solo los ladrones de gallinas y no aquellos que atentan contra los bienes públicos«, concluyó.

La argumentación molestó al fiscal Vignaroli, pero no tuvo oportunidad de replicarle en la audiencia porque ya no estaba en uso de la palabra. Se acercó al juez en un cuarto intermedio y le mencionó que para otros niveles de la banda pedirá penas de prisión altas, cuando llegue el juicio y si los declaran responsables.

La estafa con Planes Sociales incomoda, y eso que (o debido a que) todavía está lejos de tener definiciones.