Fruticultura en Río Negro: se multiplican los pedidos por la emergencia económica

Desde los principales bloques que conforman la Legislatura de Río Negro reiteraron la solicitud de medidas de acompañamiento a la fruticultura. Los productores de la región reclaman a Nación que se establezca la emergencia económica y productiva.

En diciembre, representantes de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén se reunieron con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, a quien le pidieron la declaración de emergencia, la prórroga de las obligaciones contributivas, la quita del IVA al combustible y la energía, y el acceso a líneas de crédito.

«Fuimos a plantear los problemas que atravesamos. Hay una situación particular de países que devaluaron su moneda, como Brasil, lo que creó una situación difícil en general. En función de eso pedimos al Gobierno nacional que interfiera en la presión impositiva, con el fin de dejarnos ser competitivos frente a otros mercados«, comentó en su momento el presidente de la Federación, Sebastián Hernández.

Al respecto, el bloque de la UCR presentó un proyecto de comunicación para solicitarle al Poder Ejecutivo que atienda la demanda de la industria regional «con el fin de alivianar las cargas sociales y tributarias a los pequeños y medianos productores».

«Somos rionegrinos, la pera y la manzana son símbolos de nuestra provincia, por lo que para nosotros
resulta imperioso que hagamos un esfuerzo desde el Estado y acompañemos a esta actividad, que como ya expresamos supo ser durante muchísimos años la principal fuente de empleo genuino y el motor económico y de desarrollo de la provincia», expresaron los legisladores Lorena Matzen y Ariel Bernatene en la redacción.

Asimismo, solicitaron a los diputados y senadores de Río Negro que «arbitren los medios» para que se sancione una ley que establezca la emergencia. Recientemente, el legislador Martín Soria (UP) formuló un proyecto de esta índole, que busca garantizar regímenes especiales y prohibir las importaciones de peras y manzanas.

Por su parte, desde el PRO pidieron al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, que «active los programas presupuestarios de ayuda al pequeño y mediano productor frutícola de la provincia» y solicite a Nación la intervención para la producción rionegrina.

«Consideramos que es urgente que se determine una rebaja transitoria en los impuestos provinciales, haciendo un llamado a las municipalidades para lograr también una disminución de las tasas, que puedan aliviar la situación de los productores frutícolas y preserve fuentes de trabajo e inversiones productivas cuya subsistencia está en grave peligro. Ponemos especial énfasis en la necesidad de reducir los costos impositivos, en este sentido, no bastaría con generar planes de facilidades de pago o diferimientos», detalló el proyecto de comunicación de la barilochense Martina Lacour.

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Fruticultura en Río Negro: el reclamo por la fruta de Chile

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La legisladora Magdalena Odarda (Vamos con Todos) respaldó también el pedido de los productores de prohibir el ingreso de peras y manzanas de Chile. Se trata de una medida transitoria hasta tanto que se concrete una baja de la presión impositiva.

«No podemos permitir que en Río Negro desaparezca ni un solo productor más. El Estado debe garantizar un precio justo para la fruta y tomar medidas inmediatas para evitar que nuestros productores queden en la ruina«, enfatizó la referente.

Odarda fue contundente al rechazar la entrada de fruta del exterior, al afirmar que este tipo de decisiones políticas solo profundizan la crisis. Según la legisladora, el futuro de la fruticultura depende de «un compromiso estatal real, que priorice a quienes producen en nuestras tierras y garantice la sostenibilidad de esta actividad económica clave para la región«.

Por lo pronto, Weretilneck anunció ayer que se formuló un pedido al gobierno nacional para la implementación de acciones. Según informó Provincia, se requirió un diferimiento impositivo, que implicaría postergar el pago de las cargas sociales (Formulario 931) correspondientes a las actividades de cosecha y empaque por un período de 12 meses a partir de febrero. Además, se solicitaron líneas de crédito accesibles.