Javier Milei espera que la Corte tome juramento a Lijo y García-Mansilla tras su designación por decreto
El Gobierno apuesta a consolidar su influencia en la Corte Suprema con la designación de Lijo y García-Mansilla por decreto.
Javier Milei.
Tras haberlos designado en comisión mediante decreto, el presidente Javier Milei espera que la Corte Suprema tome juramento a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. En el oficialismo insisten en que Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti tienen la «obligación legal» de llevar adelante el proceso.
En la Casa Rosada confían en que Lijo solicitará licencia o renunciará a su cargo de juez federal para asumir en el máximo tribunal, y planean invitar tanto a él como a García-Mansilla a la apertura de sesiones ordinarias.
Según TN, la intención del Ejecutivo es que ambos ocupen un lugar junto a los actuales miembros de la Corte en la Cámara de Diputados. A pesar de las especulaciones sobre su disposición a aceptar la designación por decreto, fuentes del Gobierno aseguran que la decisión ya está tomada: «Van a asumir, no hay dudas».
Desde el Ejecutivo anticipan una fuerte resistencia en el Senado, pero argumentan que el decreto no es de Necesidad y Urgencia (DNU), por lo que no podría ser anulado.
Creen que Lijo cuenta con respaldos suficientes para que su pliego no sea rechazado, aunque reconocen que García-Mansilla enfrenta un panorama más incierto. No obstante, confían en que los senadores opositores evitarán oponerse abiertamente a la designación del juez federal.
El decreto de nombramiento justifica la medida en una «emergencia administrativa»
El decreto de nombramiento, firmado ayer, consta de 32 páginas y justifica la medida en una «emergencia administrativa» debido a la actual composición de la Corte con solo tres jueces. El documento argumenta su validez con jurisprudencia y citas legales.
En Balcarce 50 niegan haber negociado con el kirchnerismo y descartan cualquier intención de ampliar la Corte en 2025. «No nos interesa ampliar, esa oferta ya no está sobre la mesa», sostienen en el Gobierno.
Mientras tanto, el oficialismo posterga la cobertura de las 150 vacantes de jueces federales, así como la designación del sucesor de Eduardo Casal en la Procuración General de la Nación y la titularidad de la Defensoría General, a cargo de Stella Maris Martínez, sin un plazo definido.
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