Pocas veces visto: por tercera vez buscan que un juez los condene en la causa Planes Sociales

Quizá será, en algún momento, materia de estudio. Por tercera vez dos imputados en la estafa con planes sociales cometida en Neuquén, Rodolfo López y Adrián Meza Lizama, le pidieron a un juez que los declare responsables de asociación ilícita y estafas reiteradas y los condene a 3 años de prisión en suspenso y a cumplir tareas comunitarias. En esta ocasión lo plantearon ante Juan Pablo Encina Rivero, quien dará a conocer su resolución el miércoles.

Los dos colegas que intervinieron antes, Carina Álvarez y Cristian Piana, se negaron a homologar este acuerdo al que llegaron los imputados con los fiscales Pablo Vignaroli y Juan Narváez. Los argumentos fueron básicamente que la pena es muy baja y que no está contemplado que devuelvan el dinero (más de 12 millones de pesos en el caso de López y más de 4 millones en Meza Lizama, a valores históricos).

Meza Lizama tiene un punto a favor: el mes pasado depositó en una cuenta oficial los 4 millones que le reclaman. En sede civil enfrenta un juicio por los intereses.

¿Acuerdo contra el acuerdo?

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Los abogados defensores Pablo Gutiérrez (de López) y Alejandro Marco (de Meza) lograron que dos veces el Tribunal de Impugnación anule los fallos de los jueces de Garantías, y lograron una tercera oportunidad. La audiencia se hizo este lunes con Encina Rivero, quien en el pasado ya expresó críticas hacia las demoras que registra esta causa interminable.

Según Gutiérrez, los jueces de Garantías (son 12 en la capital) tienen posición tomada de rechazar el acuerdo.

Los imputados aceptan declararse culpables y buscan garantizarse una condena a prisión en suspenso. Quieren evitar el juicio oral, de fecha incierta y en el cual podrían recibir una pena mayor.

La paradoja que marcó un juez

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Sin embargo en la última audiencia el integrante del Tribunal de Impugnación Nazareno Eulogio marcó «una paradoja». Explicó que la fiscalía, la fiscalía de Estado y las defensas están de acuerdo con los 3 años en suspenso, y el que no está de acuerdo es el juez de Garantías. Pero si esto mismo sucede luego del juicio, con la persona condenada, en la cesura «podrían proponer la misma pena y los jueces del juicio no podrían negarse a imponerla».

«La paradoja -continuó Nazareno- se da en que en caso de un contradictorio (un juicio común) los jueces deberían hacer lugar, y en el caso de un acuerdo lo están rechazando«.

Quizá será, en algún momento, materia de estudio.