Reservas naturales urbanas en Bariloche, un modelo en crisis

La necesidad surgió hace más de dos décadas, cuando el avance urbanístico en áreas de bosques y humedales de Bariloche empezó a generar impactos cada vez más notorios, mientras la conciencia ambiental crecía en sectores amplios y un grupo de vecinos entendió que “algo había que hacer”.

De esa inquietud nació la primera reserva natural urbana (RNU), denominada “Laguna El Trébol”, por el espejo de agua ubicado a casi 20 kilómetros del centro de la ciudad, sobre Circuito Chico, cuyo entorno ambiental buscaba preservar. La ordenanza se gestó a lo largo de dos años y fue aprobada en 2005.

Desde entonces fueron creadas media docena de reservas similares, complementarias de otras áreas con distintos estátus de protección como el bosque municipal Llao Llao, la isla Huemul y el Jardín Botánico Municipal, ubicado a pocas cuadras del Centro Cívico.

En todos los casos, para ocuparse de “la gestión y éxito” de los planes de manejo se crearon comisiones mixtas, donde conviven funcionarios del Ejecutivo municipal, concejales, representantes de ongs y de las juntas vecinales involucradas.

Pero el funcionamiento de esas instancias generó frustración y descontento entre muchos de los participantes, quienes alegan que el municipio ignora a las comisiones y suele dar vía libre a emprendimientos inmobiliarios por fuera de los criterios de preservación.

En general no culpan a uno u otro gobierno sino a “todos los que han pasado por el municipio en los últimos años”, a quienes definieron como reacios a “abrir los expedientes” y desconfiados con los espacios de participación ciudadana.

La actual secretaria de Planeamiento Territorial, Sofía Maggi, dijo que “el objetivo que persiguen las reservas naturales urbnas es súperloable”, pero consideró que el principal punto débil es “la falta de representatividad” de los vecinos que forman parte de las comisiones.

Dijo que “algunos creen tener ese derecho por una cuestión histórica, porque hace 20 años que participan” pero no está claro quién los eligió y por qué período. Maggi señaló que el Ejecutivo tiene pedida al Tribunal de Contralor una aclaración sobre ese punto, el criterio de selección y plazos, a fin de “regularizar un poco” el funcionamiento de las comisiones, pero hasta hoy no tuvieron respuesta.

“Puede haber otros vecinos interesados en participar, pero nadie los convoca, no tienen lugar ni forma de integrarse”, argumentó. Maggi propuso no perder de vista que la preservación del patrimonio natural en muchos casos entra en colisión con “la propiedad privada”, y que los dueños tienen también interés en hacerse escuchar en los espacios deliberativos “pero esa pata no está representada”.

Obstáculos para acceder a la información

Diego Mamann es integrante de la comisión mixta de la reserva Morenito-Ezquerra y criticó del “hermetismo y el oscurantismo” con los cuales el municipio maneja los proyectos que pueden resultar polémicos. “No te llaman, no te consultan, como están obligados, pedís informes y no te los dan”, se quejó.

Dijo que “la categoría RNU está emparentada con los parques nacionales”, con la diferencia de que se encuentran dentro del ejido urbano, “en convivencia con el hábitat del hombre”, cuya presencia por sí sola “deteriora el espacio natural”. Y ese es un motivo permanente de confrontación porque la reserva “lo que hace es regular esa intervención en el espacio”.

Dijo que las RNU “son fundamentales, y así lo entienden en otros países, donde les otorgan un valor agregado y tienden a crear más espacios de reserva”, mientras que en Bariloche son vistas desde el Estado como una amenaza.

Mamann consideró que si fueron aprobadas en su momento por el Concejo Deliberante “fue porque consideraron que eran beneficiosas para Bariloche, o tal vez hubo algo de demagogia”. Sostuvo que en los hechos funcionan de modo muy deficiente. “El Ejecutivo debería ser el garante de las ordenanzas y es el primero que las viola, pero tampoco promueve su derogación”, observó.

Ordenar y no prohibir

Entre las pioneras que promovió la creación de la primera RNU está Maite Vacarezza, quien fue además presidente de la junta vecinal El Trébol durante más de dos décadas. En su opinión, las reservas naturales son conflictivas porque “molesta la opinión de los vecinos”. Aceptó que la convivencia de espacios naturales frágiles con el desarrollo inmobiliario es “algo complejo” y que el propósito no debe ser prohibir sino ordenar, para que sea sustentable.

“Es limitar un poquito los parámetros de construcción. Nada muy distinto de lo que ya tiene regulado el municipio, sin ninguna RNU -dijo Vacarezza-. Las RNU son instrumento mejorable, pero son imprescindibles”.

A su entender, con una mayor participación, con estudio más pormenorizado y buenos controles “nunca hubiera pasado lo de Villa Huinid”, donde un desmonte masivo de cipreses provocó un alud que mató a tres turistas alojados en el hotel.

Para la exdirigente vecinal, hay cosas que no se podrán revertir porque “todo Bariloche está loteado y los propietarios tienen derecho a instalarse en este lugar. Pero sí se puede regular el cómo”. La prioridad, a su juicio, debería estar, por ejemplo, en ponerle algún freno “a los grandes hoteles que irrumpen y se llevan todo por delante”.

Otro dirigente barrial del oeste de Bariloche y hoy asesor en el Concejo, Luciano Celsi, dijo que “el Ejecutivo no convoca a las comisiones del ente Llao Llao y de las reservas urbanas y no hay razón para no convocar. Están incumpliendo una ordenanza”.

De todos modos consideró que hace falta ajustar la legislación y abandonar la figura de la RNU, que correspondería solo “para tierras públicas y que no han sido antropizadas”. Su propuesta es reemplazarla por la categoría de “área natural protegida”, ya prevista en el ordenamiento jurídico a nivel nacional y provincial, y que es más efectiva para regular la propiedad privada.

Ese mismo criterio fue defendido por el concejal Leandro Costa Brutten (Incluyendo Bariloche). Hace pocos meses el Concejo trató y rechazó por un voto la creación de una nueva área de reserva en el mallín del kilómetro 12, y tiene en evaluación otro proyecto de la concejal Julieta Wallace (Incluyendo) para crear un área natural protegida que preserve las “altas cuencas hídricas” en los cerros Catedral y San Martín.

Para Celsi, “es muy fácil hacer funcionar bien una comisión mixta consultiva con un poco de voluntad, y sería una ayuda para el propio Estado”.

También la palabra “voluntad” fue empleada por Wallace al evaluar que si la gestión de las Reservas Naturales cruje es por “falta de voluntad política” de darles entidad. Aclaró que “la participación ciudadana y el acceso a la información pública tiene que estar, con o sin RNU”. Aceptó que gestionar un municipio como Bariloche tiene sus complejidades porque “a veces necesitás celeridad y eso puede entrar en tensión con una participación amplia. Lo que no podés es negarla”.

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Muchas polémicas y un caso testigo

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En los últimos días un conflicto que ganó el primer plano fue el del complejo hotelero Cauma, que un grupo inversor pretende construir a la altura del kilómetro 19 de Bustillo, en un área ubicada dentro de la RNU Lago Morenito/laguna Ezquerra, y cuyo camino de acceso afecta a la RNU El Trébol.

Desde hace años los vecinos del lugar se oponen al desarrollo, han planteado sus objeciones durante el gobierno anterior y también al actual, sin mayor resultado, y cuestionaron la reserva del expediente y la violación de pautas de manejo de las áreas protegidas.

El último martes el municipio paralizó los trabajos que ya estaban en marcha para construir un muro de contención, que fue precedido por un importante desmonte. Sofía Maggi dijo que la intervención se formalizó porque los responsables de la obra les negaron el acceso, y sobre eso deberá resolver el Tribunal de Faltas. Pero aseguró que el proyecto hotelero/gastronómico “pasó todos los análisis técnicos y tiene licencia para construir”. Aclaró que “la parcela es de 60 mil m2 y el edificio propuesto abarca 8.000 m2”. Dijo también que el expediente de obra está abierto, “en formato digital” a disposición de los vecinos, pero algunos manifestaron sus diferencias porque “lo quieren en papel”.

La funcionaria dijo que en ese y otros surgen dificultades inevitables ante la necesidad de “armonizar la preservación del entorno con el derecho de propiedad”.