Retiros voluntarios en Río Negro: aparecen reclamos de estatales que renunciaron pero no cobraron

En el segundo semestre, Río Negro relanzó un plan de retiro voluntario para los agentes públicos, con nuevas condiciones.

Hasta ahora, siete decretos de renuncias fueron publicados en Boletín Oficial, mientras se adelanta que otra treintena está en trámite. El régimen de desvinculación sigue abierto.

Además, existen reclamos formales de estatales que renunciaron a sus cargos, pero todavía no cobraron sus indemnizaciones. Entre ellos, media docena de empleados de la Agencia de Recaudación de Río Negro.

En junio se aprobó la reforma de un antiguo régimen de retiro y el gobierno de Alberto Weretilneck tenía expectativas de que ese mecanismo incentivara renuncias voluntarias.

El esquema -aprobado por la ley 5717- excluía de la propuesta de desvinculación a los docentes, los policías y los penitenciarios con el argumento de que esas vacantes debían cubrirse y, por consiguiente, no se cumplía con el propósito de la reducción de la planta estatal.

El régimen de origen, según  la ley N° 3135, fijaba un pago equivalente a dos sueldos por cada año de trabajo. Luego, en el 2001, esa indemnización se redujo a una remuneración. En cambio, el nuevo plan establece un monto de un 1,2 sueldo por cada año de antigüedad.

El sistema también excluye a quienes les falten hasta cinco años para hacerlo, como también, a los empleados con previos reclamos administrativos o demandas judiciales contra la provincia.

La norma contempla un esquema de pago que puede extenderse hasta 12 cuotas, en los casos, de los agentes públicos más antiguos.

Según la ley, el cobro será en un solo pago cuando el agente no tenga más de cinco años y aquellos de hasta 10 años percibirán 6 sueldos al contado y el resto en tres cuotas mensuales. El tercer rango -de 11 a 15 años- percibirá la mitad al contado y el saldo en seis cuotas, y al personal con más de 16 años se le cancelará un 50% en un solo pago, y el saldo en 12 cuotas.

Esta cancelación ya se advertía que no constituiría un componente alentador y  el gobierno explicaba que esa progresividad se fijaba por las limitaciones financieras de la Provincia.

Este problema de recursos se repite -evidentemente- ahora con las demoras en las cancelaciones de las indemnizaciones.

María Paula González Altieri integra el grupo de desvinculados de Bariloche de la Agencia de Recaudación. Ella, con 12 años en la administración pública. cumplía funciones en el área de Defensa del Consumidor y, en agosto, solicitó su adhesión al régimen de desvinculación.

En su nota de reclamo indica que el “expediente avanzó” en octubre, se aceptó y confirmó que la baja se hizo “efectiva el 1 de noviembre, donde se acordó el esquema de pago”.

Recuerda que la normativa consigna en el artículo 6 que “la extinción de la relación de empleo operará una vez que el presente solicitante presente la renuncia, contemplada en el artículo 9”. Precisa que “la relación se extinguió el 1 de noviembre donde operó la renuncia”.

En su presentación, González Altieri remarca que la legislación establece como “forma de pago al contado”, lo cual, se “refiere a una forma de transacción financiera en la que el pago se realiza de inmediato y en su totalidad en el momento de transacción. En esa inteligencia, la transacción se materializó con la renuncia y el Estado en esa oportunidad debió abandonar la suma establecida”.

Alude también al Código Civil y Comercial aunque insiste en que la propia ley “establece el pago al contado, es decir, fija la exigibilidad inmediata” con la baja y expresa que no se hace referencia a que su cumplimiento dependía de un “evento democrático como ahora lo están haciendo bajo la premisa de que hay que esperar a la firma del decreto”.

Finalmente, se solicita “se pague de las sumas endeudadas por convenio, con los intereses” ya que “el Estado rionegrino está mora”.