Río Negro no tiene un «registro único» de los vehículos oficiales, pero aportó datos y dudas
La Provincia no tiene datos centralizados y recurre a la nómina de la aseguradora provincial. Aparecen divergencias y, otra vez, la carencia de información para cualquier decisión válida. El caso de los alquileres.
Entrega de patrulleros. La nómina entregada indica que la Policía tiene 820 unidades, incluyendo 324 motos. Foto: Archivo/Pablo Leguizamon
La ausencia de información confiable de parte del Estado provincial es una carencia recurrente, que limita cualquier conclusión y decisión gubernamental válida.
Este déficit parece reiterarse en relación al número de vehículos que la Provincia dispone, utiliza y mantiene.
Esta deducción surge de la respuesta del Poder Ejecutivo a un pedido de informe de legisladores opositores.
El área específica de Viviendas y Vehículos Oficiales, que depende de la Secretaría General, confirma directamente que “no existe un registro público centralizado en utilización, asignación y destino” de unidades del Estado provincial.
La Policía -según la nómina informada- cuenta con 820 rodados (incluye 324 motos). Esa cantidad no coincide con números de la Jefatura del año pasado.
Ante el pedido parlamentario, los funcionarios recurren a la entrega de la nómina de pólizas que dispone Horizonte y consigna la existencia de 3.137 vehículos, identificados por marca, modelo y dominio, distribuida por organismos.
Este asiento de los vehículos del Estado rionegrino se presenta con discrepancias cuando se evalúan el número y el reparto informado por cartera.
Sorprende, por caso, la Jefatura de la Policía con 820 unidades en la nómina de Horizonte. Esta cantidad -incluye a 324 motos- se exhibe desproporcionada, incluso porque la Policía estimó en enero del año pasado, en ocasión de anunciar la reparación de cerca de un centenar de unidades, que su plantel activo era inferior a los 400 vehículos.
Además, el ministerio de Seguridad figura con otros 462 rodados. En Salud se consigna un parque de 469 asegurados. El año pasado, ese ministerio informó oficialmente de una disponibilidad de 318 unidades, de las cuales, “166 eran ambulancias”. Después, ese estudio fue cuestionado porque incluía rodados en desuso.
La lista de la aseguradora también podría presentar ese inconveniente, es decir, datos oficiales desactualizados. Así, se mantendrían vigentes pólizas para vehículos no activos. Las altas existentes incluyen decenas de unidades de más de 20 años.
El informe de vehículos oficiales del Ejecutivo figura en la respuesta a un pedido de informe de legisladores libertarios, con acompañamiento de Vamos con Todos.
El pedido de información fue requerido por los legisladores Cesar Dominguez, Patricia Mcc Kidd y Santiago Ibarrolaza (que conforman el bloque libertario, que todavía espera su reconocimiento institucional). El trámite legislativo se completó con las firmas de los justicialistas Ayelén Spósito, Magdalena Odarda, Fabian Pilquinao y Luciano Delgado Sempe.
A mediados del año pasado, esos parlamentarios solicitaron al Poder Ejecutivo información de “cuántos vehículos oficiales posee el estado provincial (incluyendo la administración central, organismos descentralizados, las empresas públicas o los entes)”, precisiones de los que “se encuentran activos y cuáles se encuentran fuera de servicio” y si “existe un registro para conocer asignaciones, uso y destino”.
También se requirió “cuál es el criterio que determina quiénes (funcionarios o agentes) pueden usar esos vehículos” y, además, los recursos ejecutados por esas unidades en “seguros, combustible, alquiler de cocheras y cualquier otro gasto ligado al mantenimiento”, fijando el período entre el 10 de diciembre del 2023 hasta el 1 de julio del 2024.
En pólizas, Hacienda abonó a Horizonte algo más 14,5 millones mensuales. En combustible, en seis meses, las erogaciones fueron de casi 43,4 millones.
La respuesta a la Legislatura pertenece a la Secretaria General -firmada por el titular de Administración, José Carlos Mauricio, y del director de Patrimonio, Viviendas y Vehículos Oficiales, Daniel Krieger- y confirma la inexistencia de un “registro público centralizado”.
Desde esa dependencia se asegura que el jefe de “cada organismo es responsable por el criterio del uso” del vehículo, “junto con las normas de circulación, transporte, elección aplicable y de los gastos, conservación y mantenimiento”.
Igualmente reafirma que ese “análisis” es para poder determinar la cantidad de vehículos que se encuentran activos y cuántos fuera de servicio”, ratificando que la “custodia, integridad y la gestión” de los mismos corresponde a cada uno de los organismos.
La Secretaría General, a cargo de Nelson Cides, sí confirma que la cartera dispone de 38 vehículos y ese número coincide con la cantidad de la nómina de la aseguradora.
Estas privaciones que permanecen siempre ponen en evidencia la falta de sistematización y de modernización básica del Estado.
Información de alquileres y respuesta parcial
Simultáneamente, el bloque de Vamos con Todos -que preside José Luis Berros- requirió detalles de los alquileres contratados por el Estado provincial y, hasta ahora, respondieron el ministerio de Gobierno y la Secretaria General.
En noviembre, esa bancada -conjuntamente con los libertarios Patricia Mc Kidd y Santiago Ibarrolaza- solicitó información de los inmuebles que la Provincia alquila a particulares en Viedma, Cipolletti, Roca y Bariloche.
El pedido parlamentario fue dirigido a la Secretaria General por su área de Vehículos y Viviendas oficiales, y también, a los ministerios de Gobierno, de Desarrollo Humano, de Salud y de Educación.
La Secretaria reitera que el Estado no dispone de “un registro público centralizado de propiedades de inmuebles para el funcionamiento de organismos públicos”.
Acepta que los organismos informan de expedientes de locación, aunque aclara que lo hacen “únicamente para solicitar autorización” “para proceder a alquilar un inmueble al efecto de verificar que en la ciudad que se solicita un inmueble no haya uno desocupado”.
Frente a otra consulta de los legisladores, la secretaria manifiesta que esa cartera “no cuenta con inmuebles en desuso, ociosos o abandonados”.
En relación a contratos propios, la Secretaria comunica de uno en Viedma (calle Buenos Aires) y otorga precisiones, sin detallar el monto pactado.
Por su parte, el ministerio de Gobierno detalla sus alquileres, que totalizan 18, con la siguiente distribución: 10 en Viedma, 4 en Roca, 3 en Cipolletti y 1 en Bariloche.
Ese detalle precisa dirección, dueño del inmueble, período de actualización, fecha de conclusión y el monto abonado en noviembre.
El total mensual superó los 15,2 millones, con 17 locaciones ya que falta consignar un costo.
En Roca se paga 2,45 millones por cuatro contratos, en Cipolletti llega a los 1,7 millones por dos (falta informar de uno), en Bariloche se abona 365 mil por una unidad y en Viedma se superan los 11 millones por 10 locaciones.
La ausencia de información confiable de parte del Estado provincial es una carencia recurrente, que limita cualquier conclusión y decisión gubernamental válida.
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