Un año del gobierno de Javier Milei: «En las universidades fue mucha crisis y vulnerabilidad», dijo Gentile

Las marchas en apoyo a las universidades públicas fueron una de las imágenes que resume el primer año de la gestión de Javier Milei. De manera espontánea, desde distintos estratos sociales y signos políticos, con carteles, mates, banderas, cantos y gritos hubo confluencia en el reclamo: las universidades públicas se defienden.

La primera marcha sucedió a principio de año, en abril. Fue el momento en que la sociedad puso un límite – al unísono – a una de las políticas públicas de la gestión de Milei. Luego se sucedieron otras, también tomas de edificios y festivales que mostraron su apoyo.

Los reclamos siempre fueron los mismos: presupuesto para sostener los gastos de las casas de estudio, salarios acorde a la inflación; becas universitarias e inversión para proyectos de investigación.

De parte del gobierno nacional el ataque varió: comenzó con un ahogo presupuestario, siguió con la necesidad de auditar sus gastos, luego descalificó su función: “la universidad pública nacional no le sirve a nadie más que a los hijos de los ricos y de la clase alta”, dijo Milei y también sumó: “la universidad dejó de ser una herramienta de movilidad social”.

“Para las universidades fue un año de mucha crisis, de mucha incertidumbre, de mucha vulnerabilidad y de mucho ataque”, analizó Beatriz Gentile, rectora de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), “el gobierno siempre buscó algún argumento que justificara una política de no financiar los estudios superiores. El balance es malo, no solo para las universidades, sino también para el sistema científico, con el desfinanciamiento del Conicet y todo lo que hace a la política científica en nuestro país”.

Para la rectora de la UNCo 2024 fue una permanente vigilia: “estuvimos esperando la decisión arbitraria de si los fondos iban a estar, si se iba a transferir el dinero para pagar los salarios o si se iba a poder pagar los servicios. El mayor impacto fue no poder planificar, no saber con qué íbamos a contar, si íbamos a poder abrir nuevas carreras o si se podían encarar proyectos de investigación. La falta de previsibilidad presupuestaria obligó a funcionar en estado de emergencia y así vivimos prácticamente todo el año”.

El tipo de personas y de grupos que se movilizó en la región y a nivel nacional para defender el funcionamiento de las universidades fue variado y ecléctico. En edad, en clase social, en trayectoria y hasta incluso en fama. “Me parece que tiene que ver con una sociedad argentina que defiende algunas cuestiones aunque sean contrarias al presidente que votó, por ejemplo la universidad, pero que al mismo tiempo quiere otras cosas. Pero, en ese andar, la universidad pública tiene que seguir estando abierta y de eso nos vamos a encargar, pero también vamos a estar en la calle exigiendo que para estar abiertas necesitamos que se nos financie”.

Se calcula que en lo que va del 2024 y de acuerdo con los datos de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) el salario bruto de los docentes universitarios aumentó en agosto un 76% con respecto a diciembre de 2023. Este incremento es inferior a la inflación registrada entre diciembre y agosto, que fue del 94,8%, según el Indec. Es por esto que los sueldos docentes perdieron poder de compra en ese período.

Otro dato que da cuenta de la crisis económica que atravesaron las universidades fue el siguiente: en los primeros ocho meses del año, el Gobierno nacional transfirió a las universidades nacionales $ 1,8 billones. Esto representa una caída en términos reales del 30,1% contra el mismo período de 2023.

El daño a las universidades, por fuera de los magros salarios y de los proyectos de investigación que quedaron truncos, parece no verse aún. Pareciera que existe un magma que de a poco socava las estructuras, que impacta de manera subterránea y que sus consecuencias se palparán en el futuro.

Sigue Gentile: “La universidad en su conjunto, tanto los docentes, no docentes, estudiantes y autoridades, hicimos el esfuerzo de mantener las aulas abiertas. Cerrarlas y no permitir que la comunidad se gradúe sería precisamente darle la razón a quienes sostienen que hay muchas universidades o que no sirven”.

La rectora proyecta lo que se espera para el año que viene: el conjunto de las universidades tiene una necesidad de financiamiento de 7,19 billones de pesos y el gobierno nacional llevó al Congreso un proyecto de presupuesto de 3,8 billones. “En nuestro caso, este presupuesto significa que vamos a recibir 73 mil millones de pesos y el cálculo salarial del 2025 es de 70 mil millones”, graficó.

“Este año pudimos arrancar con un remanente que nos había quedado de las gestiones anteriores, lo que va a pasar en 2025 es que ese remanente no va estar”, y cierra: “probablemente tengamos más dificultades si es que esto no se revierte en función de un presupuesto adecuado”.