UTA se juega por la renovación anticipada de la concesión del transporte en Bariloche

El contrato de concesión del transporte urbano que explota la empresa Mi Bus tiene todavía dos años de vigencia pero ya existen gestiones orientadas a darle continuidad. El gremio UTA tiene especial interés en ese desenlace, al punto de que evalúa llamar a un paro si aparecen trabas a la renovación directa.

Un proyecto de ordenanza del concejal Leandro Costa Brutten (Incluyendo Bariloche) que propone derogar la habilitación vigente desde los años noventa para renovar contratos de concesión sin llamara a licitación abre un interrogante sobre el futuro de la firma Mi Bus como titular del servicio. Además, puso en alerta a la UTA, que ve allí un riesgo para las fuentes laborales y “las inversiones” en nuevos colectivos que necesitan los pasajeros.

Costa Brutten dijo que su proyecto tuvo el mérito de “poner en evidencia una maniobra que hasta ahora se manejaba debajo de la mesa” para eludir la licitación. Señaló que no cederá en su propósito de ajustar la normativa para exigir licitaciones obligatorias. “Cada uno tiene que hacer lo que le toca por su rol -afirmó-. Yo soy legislador y no lobbista de la empresa”.

El proyecto para impedir las prórrogas directas sin licitación encendió las alarmas de los trabajadores. Parte de la conducción gremial y algunos delegados se presentaron ayer en el Concejo para manifestar su preocupación.

Aseguró también que la concesionaria Mi Bus, aunque no se tocara la ordenanza vigente que habilita una renovación directa, igual “no califica” para ejercer ese derecho por los incumplimientos y sanciones que acumula. Aseguró que hoy no cuenta con la cantidad mínima de vehículos que tiene obligados por contrato y “la calidad del servicio es muy mala”.

A su entender, el retaceo de nuevas inversiones o la posibilidad de que la empresa se retire y deje a la ciudad sin transporte es “un mecanismo extorsivo” que no debería condicionar al municipio.

El secretario adjunto de UTA Bariloche, Pablo Figueroa, dijo que la derogación de la ordenanza 502, vigente desde hace 30 años, pone en riesgo el servicio de transporte en Bariloche y la continuidad laboral de sus afiliados, porque obligaría a realizar una licitación, cuando el municipio arrastra una historia de fracasos en ese tipo de convocatorias.

“Nos preocupa, porque esto sería repetir lo que pasó con la salida de la empresa 3 de Mayo (durante el gobierno de la exintendenta María Eugenia Martini) y la llegada de Autobuses Santa Fe, que provocó una crisis del sistema y fue muy malo para Bariloche”, agregó el sindicalista.

Señaló que rechazan de plano el proyecto de Costa Brutten, esperan ser escuchados en el Concejo y si no encuentran respuesta favorable llamarán a asamblea con la opción concreta de “definir un paro” para mañana.

Licitación para todos los casos

Costa Brutten dijo que insistirá en su propósito de revisar la legislación de contrataciones directas “por más que el gremio se oponga”. El proyecto ingresó para su tratamiento hace ya tres meses, pasó por comisiones y según el autor “hay voluntad” de aprobarlo, porque “cualquiera puede ver que es imprescindible”.

Su interés por derogar la ordenanza 502 surgió “después de que el municipio extendió por largo plazo y sin licitación las concesiones en el cerro Catedral y en el cerro Campanario”.

Dijo que la relación con la empresa Mi Bus es “ruinosa” en lo económico, porque el subsidio del municipio no para de aumentar y acumuló 522 millones de pesos en los últimos tres meses, cuando el intendente Walter Cortés “en campaña decía que iba a revisar esos aportes porque entendía que atrás había retornos y situaciones delictivas”.

El concejal opositor señaló que su proyecto, sin ser aprobado todavía, “sirvió para que salga a la luz el acuerdo tripartito entre el Ejecutivo municipal, Mi Bus y el gremio para renovar el contrato a dedo y por adjudicación directa”. Y observó que la UTA “en lugar de defender a los trabajadores se embarca en defender los intereses de la empresa”.

El proyecto de Costa Brutten busca poner fin al permiso para realizar prórrogas de contrato sin licitación. Advierte que esa ordenanza en su momento “fue redactada con la intención de agilizar los procedimientos administrativos”, pero en la práctica “ha generado efectos que comprometen los principios esenciales del sistema de contrataciones públicas”.

Consideró que las adjudicaciones directas “afectan la transparencia” esperable en la gestión pública porque “impiden la exposición de los criterios de selección la justificación de las decisiones, lo que puede generar la desconfianza de la ciudadanía y otros actores involucrados”.

El proyecto que puso en guardia al gremio UTA alega que “la transparencia es esencial para garantizar que los recursos públicos sean utilizados de manera eficiente y las decisiones sobre contrataciones sean adecuadamente evaluadas y supervisadas”. Entre ellas, garantiza la toma de decisiones “en base a la mejor relación calidad precio” y optimiza el uso de los recursos públicos.

El proyecto apunta a derogar la ordenanza dictada en 1995 porque la elusión de las licitaciones “puede resultar en una distorsión del mercado y en la consolidación de prácticas que no responden a los mejores intereses del municipio ni de la comunidad”.