Weretilneck defendió a la Policía y dijo que Unter “intentó impedir el funcionamiento de la Legislatura”

“Lo que Unter quería, con el Frente de Todos, era paralizar la sesión y que la Legislatura no pueda tratar un proyecto de ley, que es uno de los delitos más graves en la democracia”, dijo hoy en Bariloche el gobernador Alberto Weretilneck al evaluar los incidentes ocurridos ayer en Viedma durante el tratamiento y aprobación de la ley de esencialidad educativa.

Weretilneck admitió que fueron hechos “realmente graves”, con golpes, proyectiles y gases lacrimógenos, pero negó que la policía se haya excedido en la represión. Volvió a cargar, en cambio, contra la responsabilidad de la Unter.

Aseguró que los uniformados actuaron “en defensa propia y del edificio legislativo”, en respuesta a las agresiones previas de los docentes.

Weretilneck dijo que “hay diez policías heridos, y analizando lo que sucedió surge que el ataque fue por parte de Unter, con palos, botellas, escupidas y agresiones físicas al personal policial”. El gobernador habló hoy con la prensa en Bariloche al cabo de un acto convocado por la CEB para presentar una inversión en nuevos vehículos y donde su presencia no estaba anunciada.

Señaló que los manifestantes convocados ayer por el gremio docente en la capital provincial buscaban “impedir el funcionamiento de la Legislatura, que es algo que en democracia no se puede aceptar”.

Agregó que esa actitud se justificaba menos aún “desde que Unter había tenido oportunidad de expresarse y participar durante el tratamiento en comisión”. Dijo tener entendido incluso que “parte del proyecto se modificó a partir de temas que ellos habían planteado”.

Reafirmó que el gobierno tomó la decisión de “avanzar con las denuncias penales contra los que agredieron a los policías y buscaron alterar el funcionamiento de la Legislatura, con pruebas de todo tipo: hay videos, certificados médicos y testimonios”.

La ley que condiciona las huelgas de los docentes

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Sobre la ley aprobada ayer en primera vuelta, que fue impulsada por el legislador de PRO Juan Martín y que el gobierno asumió como propia, Weretilneck dijo que “lo que se discute la esencialidad y los derechos en juego, que son tres: el de los estudiantes a tener clases, el de los padres a que sus hijos reciban educación y el tercer derecho es que los trabajadores, si deciden una medida de fuerza, la puedan hacer”.

Entendió que la “esencialidad” es la herramienta para mantener las escuelas abiertas, aunque su aplicación puntual dependerá de la reglamentación.

“Desde el punto de vista nuestro hay muchos derechos para garantizar -explicó Weretilneck-. Con esta ley el gobierno garantiza el derecho de quienes quieran trabajar, por un lado, y quienes necesitan estar en la escuela. Con la esencialidad vía ley se logra que las escuelas estén abiertas y los niños puedan ser recibidos. Lo que pasa hoy es que ante una medida de fuerza ni siquiera se pueden abrir las escuelas”.

Afirmó que “no hay ninguna coerción, como plantea Unter, no se viola el derecho a realizar una medida de fuerza. El que quiere lo va a poder hacer, nada más que la escuela debe garantizar un mínimo plantel, se irá reglamentando después cómo se conforma”.

La pulseada con Unter por el control de ausentismo

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El gobernador se refirió también al motivo del paro docente de 48 horas que termina hoy y que fue convocado en repudio al control tercerizado de las licencias médicas que implementó la provincia desde el 1 de septiembre.

Para Weretilneck, el eje del conflicto es que “ellos no quieren ser controlados cuando faltan. Y se trata de un problema serio, porque en los últimos 45 días el 38% de los docentes ha presentado certificado médico, con lo cual para la provincia se genera un gasto muy importante en suplencias. Es muy preocupante”.

Advirtió que el gobierno también tiene la mira puesta en el origen de los certificados. “Todos sabemos de la conducta negligente y delictual de algunos médicos en la provincia -sostuvo el gobernador-. Lo hemos denunciado y hay causas penales. Entregan certificados ilegales y son aprovechados por algunos, porque en esto no hay que generalizar. Ningún agente público se puede molestar porque el Estado quiera controlar la validez de esos certificados médicos”.

Consultado por la postura de Unter, que rechaza la delegación de los controles en una empresa privada bajo condiciones que no fueron difundidas, Weretilneck defendió ese acuerdo.

Dijo que “si el problema es ese en ningún caso amerita una medida de fuerza: dejar a los chicos sin clases y sin alimentos para saber qué dice el contrato me parece algo extremo”.

Aseguró que la firma que quedó a cargo de las auditorías, Dienst Consulting, trabaja bajo contrato de la aseguradora provincial Horizonte, “que es una SA y recibió el encargo de la provincia para realizar este tipo de control”. Weretilneck señaló que “el contrato es información pública y se puede solicitar”.