Ponen el ojo en un barrio de Viedma que crece con terrenos usurpados

La Fiscalía judicial de esta capital está llevando a cabo una serie de actuaciones con motivo del crecimiento que está observándose en una toma de terrenos ferroviarios, cuyo depositario “ad honorem” es el Municipio de Viedma que presentó una denuncia por el supuesto delito de usurpación.

En los avances investigativo, a cargo de la funcionaria judicial Paula Rodriguez Frandsen, figuran la solicitud a la comuna capitalina un relevamiento económico y social para constatar ese cometido ilícito.

Personal de la Dirección de Tierras y funcionarios judiciales ya cumplieron con ese cometido verificando ahí la ocupación por parte de siete familias. De acuerdo a datos extraoficiales al que accedió DeViedma se hizo mención que uno de los ocupantes alambró un parte, y luego logró una mensura precaria que le habría permitido vender el sector delimitado.

El año pasado, el secretario de Ordenamiento Territorial y de Servicios Públicos, Mario Castro, se presentó ante los tribunales locales haciendo mención a esa causa ubicando los terrenos ocupados sobre la margen sur del río Negro, debajo del puente ferrocarretero, un sitio que forma parte de la historia patrimonial ferroviaria de la ciudad ya que desde esos andenes se guardaban los trenes ligeros -Ganz, de origen húngaro- que en la década del ‘50 unían en poco tiempo Viedma con Bariloche.

El lugar es óptimo para perpetrar este tipo de maniobras ya que está cubierto por el terraplén ferroviario emplazado al costado del puente, y por donde surcan las vías entre las estaciones de Viedma y Patagones.

La presencia inicial de funcionarios municipales -por entonces- ya habían supervisado la zona con siete viviendas construidas en forma muy precaria, aunque una de ellas ya cuenta con el “plato” de televisión satelital.

Si bien no se descarta que el municipio en el caso de la supuesta venta de un lote haga un juicio por desalojo, la Justicia pidió el mencionado relevamiento antes de tomar otras medidas.

Las actuaciones van a paso firme en virtud de que -paralelamente- existe una reglamentación judicial para atender este tipo de situaciones. Es que desde 2013, La Procuración General emitió la Resolución N° 1 como instructivo para actuar en ocupaciones masivas de inmuebles, sean éstas de dominios privado o público. Incluye, entre otras medidas, impedir la consolidación de la ocupación irregular y la intimación a desocupar los inmuebles bajo apercibimiento de su inmediato desalojo con uso de la fuerza pública.

El año pasado, también, se desalentó otra toma cuando un grupo de personas usurpó tierras en un sector cercano al barrio Lavalle. En Viedma, hay por los menos otras dos más en terrenos privados.