Puerto San Carlos: una historia de fracasos

RECUPERACIÓN

“El puerto San Carlos no logró ninguno de sus objetivos” fue la evaluación tajante del abogado Carlos Fernandez, exconcejal del radicalismo que en 1987 votó favorablemente la ordenanza que dio impulso a la reconstrucción del embarcadero arrasado por el terremoto y lagomoto de 1960.

Luis Lutz, también exconcejal durante aquel debate que se opuso a la sanción de la concesión, observa a la distancia como la historia le dio la razón y lamenta que no se llegó a corregir la superposición de intereses particulares que impidió el desarrollo del ambicioso proyecto.

“Yo dije y repito que el contrato de concesión es de deficiente redacción, no observa principios y criterios básicos propios de convenciones de esa naturaleza, al incluir cláusulas innecesarias, conflictivas, contradictorias y dudosas que que perjudican a ambas partes”, afirmó.

Hace años que el puerto San Carlos luce abandonado y sin actividad lacustre. No operan barcos con excursiones pero tampoco embarcaciones náuticas ni deportivas. Su imagen es lamentable y simboliza uno de los fracasos políticos y comerciales más notorios de la ciudad.

El puerto entrará en breve a la órbita comunal ya que el gobierno de María Eugenia Martini tiene avanzado el juicio de desalojo tras la rescisión de contrato con la empresa concesionaria, Emprendimiento Bariloche (EB).

“Río Negro” entrevisto a dos de los concejales que en 1987 debatieron el proyecto para reconstruir el puerto y que tuvieron opinión muy diferente sobre el mismo. Luis Lutz, fue concejal del MID y Juan Carlos Fernández de la UCR. Ambos son abogados y ocuparon puestos relevantes en la función publica.

Fernández recordó que entre los objetivos de reconstruir el puerto local estaba “descongestionar la ruta al Llao Llao, recrear la ciudad puerto que originó el nacimiento de Bariloche y vincular a la población con el lago”. “Está visto que nada de ello se ha logrado”, reconoció.

La iniciativa de reconstruir el puerto fue promovida por la empresa Turisur, en aquel entonces líder en la navegación lacustre en Nahuel Huapi, aunque su propuesta era de menores dimensiones y estaba destinada a albergar solo alguna de las rutas existentes. El ambicioso proyecto licitado por al gestión del exintendnete Edgardo Gagliardi fue concesionado a EB.

Fernández explicó que en aquel entonces había una voluntad generalizada para reconstruir el puerto y que EB estaba conformada por “los empresarios más representativos de la ciudad”. También recordó que el contrato era por una obra a riesgo y que al final de la concesión todas las mejoras pasaban al municipio. Evitó opinar sobre la medida adoptada por Martini y evaluó que “si la rescisión de contrato está bien hecha o no es un tema que determinará la Justicia”.

Por su parte Lutz aseguró que mantiene sus ideas expuestas hace tres década, cuando fue el único concejal que se opuso formalmente al contrato de concesión, lo cual le valió un “llamado al orden” de sus pares. Lutz junto al concejal José Luis Chirulo (PI) se abstuvieron de votar la ordenanza 502/86, que declaraba de interés municipal la construcción del puerto.

El exjuez del Superior Tribunal de Justicia, destacó que “las decisiones políticas y el interés público debe estar por encima de los intereses particulares, sea de los concesionarios o de la burocracia ecologista de la APN”.

En tla sentido sostuvo que “Parques no es el exclusivo regulador ni controlador del lago y en materia de economía lacustres hay competencia e intereses concurrentes”. A su criterio “circuitos, tarifas y peajes son materia de acuerdo entre las autoridades públicas y no de negociaciones entre particulares”.

En esto, si se analizan numerosos procesos por los que transitó la concesión se puede ver que en algunas instancias el sector publico se mantuvo expectante, cual si fuera ajeno a la cuestión, viendo las negociaciones entre las empresas lacustres y la concesionaria del puerto, cuando estos deberían cumplir con los actos administrativos fijados por el Estado.

Lutz también evitó expedirse sobre la decisión adoptada por Martini, pero evaluó que un desalojo de un lugar público debería ser rápido, pues una ley nacional así lo establece, y también dijo que habría que haber evaluado si no cabía la rescisión cuando EB se declaró en convocatoria de acreedores.

DeBariloche