Reclaman esclarecimiento del caso de Verónica Díaz

VIEDMA (AV).- Una nueva marcha en reclamo por el esclarecimiento de la muerte de Verónica Díaz se concretó ayer por calles de esta capital.

Los padres de la primera víctima del «Yectafer», se mostraron indignados por las demoras en la justicia porteña en buscar a los responsables que fabricaron la versión adulterada de la inyección de hierro.

«Estamos sorprendidos, indignados y disconformes porque dejaron libre a estos tipos», afirmaron en relación con los directivos y el personal del Laboratorio Quimbel que vendió la droga en una ruta comercializadora que terminó en Río Negro.

Nicolás y Graciela Díaz expresaron también sus molestias porque «no hay nada resuelto» en las investigaciones que se están llevando a cabo en los tribunales porteños.

La manifestación de los días 23 de cada mes se inició en el barrio Guido donde vivía la joven, trasladándose primero hacia el hospital Zatti y concluyendo la marcha en el centro de la ciudad. Los padres y familiares fueron acompañados por medio centenar de personas, aproximadamente.

Según las últimas resoluciones en el ámbito tribunalicia porteño, una Cámara de Apelaciones de la capital federal ordenó la excarcelación bajo caución real de tres procesados que estaban detenidos, tomando en cuenta que el juez de primera instancia Javier Reyna de Allende se declaró incompetente y derivó la causa a la Justicia Federal ante una controversia con la supuesta imitación fraudulenta de marcas.

Visiblemente conmovidos, los Díaz coincidieron con los fiscales de la causa original en el fuero porteño, Adrián Giménez y Marcelo Munilla Lacasa, que con esta decisión la causa «volvió a foja cero».

En la justicia rionegrina se encuentran procesados el director del hospital Zatti, José Pacayut, institución que suministró a Verónica Díaz la inyección. Mientras tanto, la responsabilidad del empresario bahiense Santiago Gavazza –cuya droguería adquirió a Quimbel y luego vendió el producto al hospital de Viedma– se evaluará inicialmente en la Justicia Federal después que la Cámara en lo Penal resolvió la incompetencia rionegrina en esa actuación.