Este papá de Allen hace todo para conseguir una maestra de inclusión para su hijo

Gonzalo tiene cuatro años y asiste al Jardín N° 104, el más nuevo de Allen. A comienzos de 2017 le diagnosticaron autismo y comparte el turno mañana con otros tres nenes y nenas con distintos tipos de discapacidad. Todos buscan contención para poder integrarse al resto de sus compañeros, como les corresponde por derecho. Sin embargo, las autoridades dilatan la solución. Los días pasan, las maestras se desbordan y los que pierden tiempo valioso son los más chicos.

Daniel Soto, papá de Gonzalo, habla y la bronca por la falta de respuestas se le mezcla en los ojos con la emoción, por la ternura que le causa su primer hijo. “Para mí es el nene más feliz del mundo”, dice, pero denuncia que a su calidad educativa le falta algo: una maestra de apoyo a la inclusión (MAI) y la correspondiente preceptora.

El edificio donde juegan y aprenden cada mañana puede verse desde la Ruta 65, en la salida a Fernández Oro. Allí, él ya tiene una acompañante terapéutica, pero los 150 pesos por hora que cobra para venir a verlo desde Neuquén, los paga la familia, no el Estado. Daniel está sin trabajo y mientras se demoran las medidas, su familia hace lo que puede.

El reclamo motivó la presentación de un recurso de amparo a fines de junio, en el Juzgado N° 3, en Roca. Hasta allí se dirigieron junto a la mamá de otra nena del mismo jardín, que tiene síndrome de Down.

La jueza Andrea de la Iglesia, lo declaró admisible en forma parcial, dando intervención a la Defensora de Menores, pero rechazando la solicitud para abrir el cargo de preceptora, por considerar que existen “otras vías administrativas pertinentes”.

Llegaron a esa instancia ya con la respuesta esquiva de la Dirección de Inclusión Educativa de la provincia, que pidió volver a revisar el requerimiento, aun cuando lo formuló el propio ETAP (Equipo técnico de apoyo pedagógico). “No es el recurso más apropiado”, respondieron en una nota. Recomendaron que se trabaje con “maestros estimuladores, que tendrán una visión más integral de la situación”, pero no definieron designaciones.

La resolución N° 3438/11 del Consejo Provincial determina que se destinará un MAI en Nivel Inicial o Primario cuando haya “uno o más alumnos/as con discapacidad que requieran de apoyos individualizados intensivos y/o permanentes” (artículo 5). En el turno de Gonzalo, una sola maestra está a cargo de salas que tienen 25 chicos, en promedio.

“Llevan el ajuste a lo que ellos mismos dicen defender”, repudió desde el gremio Unter, Mariela Rodriguez, al referirse a la resistencia de las autoridades. Desde su mirada, “hacen una ley de inclusión sin inversión, y todo recae sobre la docente”.

Esta situación se suma, según denunció Daniel, a la falta de profesionales para integrar el ETAP. “Por turno, hay una sola persona para Allen, la zona de Guerrico y Fernández Oro”, lo que lleva a que estén excedidos con los casos y no se pueda hacer un seguimiento. “Río Negro” intentó por varias vías de comunicación dialogar con la directora del Jardín, Neri Vergara, pero no respondió a la convocatoria.

Insistiendo para que haya una solución favorable a esta necesidad, el pedido seguirá de la mano de la defensora de Pobres y Ausentes, María Cecilia Evangelista, desde Allen. Podrían llegar hasta el Superior Tribunal de Justicia. “Quiero que mi caso sirva para todos aquellos papás que no tienen voz. Con todas las cosas que yo estoy pasando, ¿qué sucede con aquellos a los que ni siquiera les prestan atención?”, concluyó Daniel.

“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”

Van a cumplirse cuatro meses desde el día en que el diagnóstico de autismo impactó en la familia de Gonzalo. Así lo determina el certificado de discapacidad, uno de los tantos documentos que Daniel tuvo que empezar a tramitar, sin saber dónde golpear puertas. “Uno hace lo que le dicen, porque no sabe cómo es”, reconoce.

La entrevista con la seño, al empezar salita de 4, disparó el alerta. Pese a los controles con pediatras desde que nació, nadie advirtió las señales: Gonzalo decía algunas palabras, pero no dialogaba, se concentraba demasiado al jugar y no respondía cuando lo nombraban.

En medio de la incertidumbre no hubo mucho tiempo para asimilar el nuevo desafío. Empezó la seguidilla de visitas a médicos privados y de Salud Pública, centros de estimulación en Roca y Neuquén con listas de espera, el ANSES, la junta médica en Cipolletti. Sin certezas, todo por recomendación, y muchas veces enfrentando el rechazo, la incomprensión. Desgastante.

Daniel trabajaba en la empresa Koko, pero el cambio de sede lo convirtió en desocupado. Hoy sus familiares lo sostienen económicamente, a la par de algunos trabajos que realiza en forma particular. Los intercala con las vueltas de la burocracia y el papeleo. Aún le quedan pendientes para su hijo la pensión no contributiva y el salario cuádruple.

De fé cristiana, reconoce que Dios lo reconforta en esta nueva etapa que le toca vivir y repite: “Si Él me lo trajo, fue por algo, yo voy a poder”. Mientras tanto, en cada regreso a casa, se reencuentra con la sonrisa amplia de su niño, de pelo castaño y ondeado, que pasa las horas con su mamá, otro pilar en esta lucha. Con él salen a andar en bicicleta, juegan a las escondidas o lo acompañan cuando repasa letras y números mirando videos en YouTube.

“Aprendimos a observarlo, a estar atentos. Lo voy a apoyar en todos los puntales que haga falta”, reafirma, para pasar el nudo en la garganta y seguir.

Quiero que mi caso sirva para todos aquellos papás que no tienen voz. Con todas las cosas que yo estoy pasando, ¿qué sucede con aquellos

a los que ni siquiera les prestan atención?”.

Daniel Soto, papá de Gonzalo