Acusan a cinco militares de apropiarse de departamentos

La fiscalía federal de Neuquén solicitó al juez Gustavo Villanueva que la apropiación de más de veinte departamentos de la Torre de Periodistas que están a nombre el Ejército, Gendarmería Nacional y la Policía Federal sea investigada como delito de lesa humanidad y se cite a indagatoria a cinco militares de inteligencia.

Los acusa por su rol en la maniobra. (Ver recuadro)

A partir del 24 de marzo la Cooperativa de Periodistas fue desbaratada por los militares y los socios debieron pagar sus cuotas a un interventor que los atendía en el Comando de la Sexta Brigada. Los departamentos fueron reasignados a personas que no integraban la cooperativa.

El requerimiento de Miguel Palazzani se originó en la denuncia de integrantes de la Cooperativa de Periodistas que solicitaron que se investigue cómo fue intervenida la entidad –creada en 1969– a partir del golpe de Estado; cómo fueron desplazadas sus autoridades, lo que derivó en que los periodistas se vieron despojados de las casas que pagaban.

La torre de Periodistas fue declarado edificio histórico por ser el primero en altura en Neuquén, y catalogado como parte del patrimonio de la ciudad por parte del Concejo Deliberante.

Está en Avenida Argentina y Periodistas Neuquinos y 21 de sus departamentos figuran a nombre del Ejército Argentino (15), Gendarmería Nacional (4), Policía Federal (2).

Para la Marina figuraban dos, pero en 1.980 fueron rematados.

“Queremos que demuestren que esos bienes son bien habidos”, dijo en una entrevista publicada por “Río Negro” el fallecido locutor Osvaldo Arabarco, uno de los denunciantes de la apropiación.

Varios de los titulares de esos departamentos que iban a ser entregados el 7 de junio de 1976 fueron perseguidos por la dictadura militar, obligados a exiliarse bajo amenazas de muerte, o padecieron torturas en centros clandestinos de Neuquén y de Bahía Blanca.

La acusación de la fiscalía , que pidió la indagatoria de cinco militares, será la segunda causa que involucre a civiles en los delitos de lesa humanidad.

Ello porque resta conocer también cómo fueron rematados y en un caso revendidos (con intervención de inmobiliarias, escribanos y bancarios) bienes que le pertenecían a los periodistas o integrantes de la cooperativa que fueron sacados de los listados.

La otra causa de lesa humanidad que investiga responsabilidades civiles en la dictadura, es la que imputó a los jueces considerados cómplices o coautores de los secuestros y desapariciones.

Pleno centro capitalino

Identificaban a beneficiarios para sacarlos

de los listados

El fiscal Miguel Palazzani le imputó a los cinco integrantes del Ejército responsabilidad en la maniobra de apropiación de la Torre de Periodistas. Evaluó que su rol en la operatoria fue la “identificación de los integrantes de la Cooperativa que luego habrían sido eliminados del listado de futuros adjudicatarios, para de esta forma facilitar la venta o su simulación”.

Le pidió al juez que indague a Jorge Molina Ezcurra, Jorge Di Pasquale y Sergio San Martín, oficiales del destacamento de Inteligencia 182 del Ejército, y a l jefe de Inteligencia del Comando, Oscar Lorenzo Reinhold, junto con el encargado de Personal del Comando, Luis Farías Barrera.

Aunque Farías Barrera fue suspendido por condiciones de senilidad de los procesos penales pendientes por los secuestros y torturas, para la fiscalía el militar está en condiciones de ser acusado y enjuiciado.

Palazzani reclama la indagatoria porque apeló el dictamen médico que dejó fuera de proceso a Farías Barrera. Sostiene que hay elementos médicos que dan por tierra con la apreciación de que es inimputable.