Reglamentarán en 10 días la ley de aportes a las campañas

La Cámara de Diputados convirtió en ley esta semana el proyecto de financiamiento político, que restablece el aporte de empresas a las campañas electorales, prohibido en 2009. La norma dispone que todos los aportes deberán ser bancarizados con el objetivo de transparentar su origen. El gobierno reglamentará en los próximo diez días la ley para que pueda ser aplicada en las elecciones nacionales de este año, dijeron ayer fuentes oficiales a “Río Negro”.

Como ya informó este diario, la Cámara aprobó en general el proyecto con 148 votos a favor y 69 en contra. El dictamen necesitaba 129 votos positivos, la mayoría absoluta de la mitad más uno del cuerpo, para su aprobación.

El proyecto fue aprobado con el apoyo de los bloques de Cambiemos, el Frente Renovador, Alternativa Federal -que responde a los gobernadores peronistas- , el Frente Cívico de Santiago del Estero y los de los oficialismos de Misiones y Neuquén, entre otros. Por el rechazo se pronunciaron el Frente parta la Victoria, Red por Argentina y la izquierda.

En la votación en particular, hubo disidencias en el oficialismo. La Coalición Cívica de Elisa Carrió no acompañó la iniciativa que permite el aporte de empresas. El artículo 4 tuvo 135 votos a favor y 81 en contra. Aunque al oficialismo le alcanzó, fue uno de los más resistidos.

El proyecto básicamente establece un modelo mixto por el cual los partidos políticos obtendrán sus recursos mediante el financiamiento público y privado para el desarrollo de sus actividades y campañas electorales.

Uno de los puntos centrales es que los aportes privados deberán estar bancarizados, para que se conozca la identidad de las empresas que realicen sus contribuciones.

La iniciativa fija que las personas jurídicas podrán aportar dinero con un tope del 2 % de los gastos autorizados por la justicia electoral a cada fuerza.

La ley también reduce del 10% al 5% el espacio de propaganda en medios audiovisuales y en campaña y obliga a destinar el 60% de la publicidad digital a medios nacionales y provinciales.

Más allá de la votación en general, la expectativa estaba puesta en la votación del artículo 4, que establece que “los partidos políticos podrán obtener para su financiamiento donaciones de otras personas humanas -no afiliados- y personas jurídicas”.

Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli (PRO), defendió la bancarización del aporte privado al afirmar que “la actual ley esconde la hipocresía, porque permitía al aporte de las empresas a través de sus gerentes ya que habilitaba a las personas físicas, pero no jurídicas, cuando es mejor que sepamos cuales son las empresas que aportan a las campañas políticas”. “Es un gran paso para mejorar la transparencia de las campañas electorales y para aumentar las obligaciones de los partidos en orden de esas campañas”, agregó.

Desde la oposición, la diputada rionegrina del Frente para la Victoria María Emilia Soria dijo que el proyecto “obliga a pensar qué tipo de país y cuál es la injerencia que le vamos a dar al poder económico”. Con esta ley, dijo, Cambiemos “volvió a mostrar la escasa capacidad de consenso que tiene el oficialismo”.

Los principales puntos de la ley

La ley establece que los aportes privados deberán estar bancarizados para conocer la identidad de las empresas que financian a los partidos.

La iniciativa fija que las personas jurídicas podrán aportar dinero con un tope del 2% de los gastos autorizados por la justicia electoral.

Además, reduce a la mitad el espacio de propaganda en medios audiovisuales y dispone que el 60% de la publicidad digital sea destinada a medios nacionales y provinciales

Adrián Pérez: “Lo crucial es la transparencia en los aportes”

P-El corazón de la ley es el artículo 4, de los a aportes privados. Es el que más resistencia tuvo…

R-No estoy de acuerdo en que sea el corazón de la ley. Lo crucial y medular es que se termina el aporte en efectivo en las campañas, que tenga que ser bancarizado y se permita la identificación fehaciente del aportante. Hasta ahora más del 50% de los aportes que declaraban los partidos eran en efectivo. La identificación y trazabilidad de los recursos era muy difícil.

P- Un sector del oficialismo dice que habrá una pérdida de “autonomía” de los partidos…

R- Hasta hoy la situación no es que las empresas no financian a los partidos, sino que las empresas financian en negro. Nosotros tuvimos ese debate interno. Esta ley reconoce esta situación y le da transparencia al aporte en las campañas. Y con un límite muy bajo, del 2%. Es muy difícil pensar que con ese porcentaje una empresa pueda cooptar una campaña electoral.

P- ¿Cuánto influyó la causa de los cuadernos en la ley?

R- No creo que haya pasado por ahí. Si se leen todos los informes de la sociedad civil coinciden con el proyecto, que viene a resolver los baches en cuanto a la bancarización, la trazabilidad, la fiscalización. No creo que haya tenido el impacto que algunos le han señalado.

El Cippec celebró la ley de financiamiento y marcó la importancia de que “elimine los aportes en efectivo y amplíe los recursos destinados al control judicial”.

Para Adepa, reconoce el rol de los medios en el debate

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) destacó la aprobación esta semana de la ley de financiamiento de las campañas en la que se incorporó un artículo que busca equilibrar la publicidad electoral en medios periodísticos digitales y en plataformas y redes sociales.

Esta propuesta, recordó la entidad periodística, surgió a partir de un diálogo promovido por Adepa, junto a la Asociación de Periodismo Digital.

La ley incluye un artículo que establece que el 60% de los recursos públicos destinados a publicidad digital de los partidos durante las campañas deberán ser destinados a sitios periodísticos digitales generadores de contenido, el 35% para los de alcance nacional y el 25% a los de alcance provincial, con foco en el contenido local.

“De esta manera, el Congreso de la Nación puso de relevancia el rol central que tienen los medios de comunicación en el debate ciudadano en torno a los procesos electorales y el debate político que conllevan, y especialmente por el lugar que ocupan como generadores de contenidos informativos profesionales”, sostuvo un comunicado de Adepa.

“Ahora, la norma deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo, e informada a los partidos políticos con vistas al proceso electoral de este año, a través de la Cámara Nacional Electoral, que a su vez será el organismo fiscalizador de su cumplimiento”, dijo.