Se diluye la causa que más complica a ATE

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La causa penal más complicada contra ATE por sus protestas se orienta a un acuerdo de partes, aunque la fiscalía resiste esa simplificación y pretende enjuiciar a su conducción, incluyendo al secretario general, Rodolfo Aguiar, quien estuvo detenido en el caso.

Las acusaciones, alentadas por el gobierno provincial, corresponden a los hechos ocurridos afuera de la Legislatura cuando se aprobó el Plan Castello, el 24 de mayo del 2017, cuando la policía registró 5 heridos. Entonces, el fiscal Pedro Puntel imputó a Aguiar y su segundo, Aldo Capretti por “coación agravada”, “atentado a la autoridad”, y “lesiones graves y leves”. A los otros imputados -Ariel Leguizamon y Miguel Báez- los acusó por los dos últimos. Aguiar y Capretti fueron detenidos por el juez Carlos Mussi, quien los procesó en junio por “coacción agravada” contra el poder público. Trece meses después, el gobierno de Alberto Weretilneck y ATE ya no tienen esa virulenta relación. Hoy están vinculados, y eso bien se refleja en la Justicia. El viernes, la jueza Itzia Soly presidió la audiencia previa al llamado a juicio, que se suspendió por la ausencia de dos imputados (no notificados). Estaban Aguiar y Capretti. El abogador de los policías heridos, Damián Torres adelantó que hay negociaciones para llegar a “soluciones alternativas”, como la “suspensión de juicio a prueba”. El representante del gremio, Diego Sacchetti confirmó tratativas para una “solución integral” y recordó que hubo una “equivocada criminalización de la protesta”.

Por la acusación del fiscal estuvieron detenidos el titular del gremio, Rodolfo Aguiar, y su segundo. Hoy el clima político es otro: hay diálogo y vínculos.