A cuatro años del aborto legal: ¿Quién resignaría la libertad de decidir una vez que la conoció?

El gobierno de Javier Milei redujo la distribución de preservativos, métodos anticonceptivos y medicamentos para garantizar abortos legales en todo el país. A este desfinanciamiento planificado se suma la reciente declaración del presidente de la Cámara de Diputados que explicitó la voluntad libertaria de que se derogue la ley. ¿Es posible pensar en este escenario en 2025?

En un año electoral como el próximo, un debate de esta magnitud sería impracticable, ya que la disputa por las bancas en el Congreso se vuelve el tema central para los partidos. El oficialismo, además, tiene una representación exigua en ambas cámaras.

Hay otra barrera. La sanción de la ley se concretó hace cuatro años, pero el cambio en la sensibilidad social es anterior. Apenas recuperada la democracia, el 8 de marzo de 1984, María Elena Oddone subió las escaleras del Monumento de los Dos Congresos con el cartel: “No a la maternidad, sí al placer”. La organización de los feminismos ha sido desde entonces imparable: las activistas socorristas junto a profesionales de la salud y del derecho pelearon y garantizaron la práctica aún cuando era restringida.

En 2018 se produjo un quiebre incluso con la derrota en el Senado: el movimiento se expandió generacionalmente, con una oleada de jóvenes que asumieron la causa como propia, y se consolidó la transversalidad política en los apoyos. Esa legitimidad acumulada no se pulverizó. El acceso al aborto es desigual en los territorios, pero existe. ¿Quién resignaría la libertad de decidir una vez que la conoció?

El intento de jaquear la ley podría convocar a miles a defenderla, revitalizaría viejas alianzas, nacerían nuevos afectos. En palabras de (otra) María Elena, la Walsh, alimentaría una «justa indignación».