Continúa el corte de la Ruta 65 en Roca para evitar el desalojo de la Cooperativa 1° de Mayo

Trabajadores del aserradero 1° de Mayo mantienen desde el viernes por la mañana el corte total sobre la calzada de la Ruta Provincial 65, a dos kilómetros al oeste de calle San Juan, justo enfrente del predio de la cooperativa que está en litigio hace años.

El corte de ruta, , ratificaron en horas de la tarde, será por tiempo indeterminado. Cada media hora aproximadamente, permiten el paso a algunos vehículos.

Con esta protesta, los trabajadores buscan hacer visible su resistencia a entregar las instalaciones que ocupa el aserradero, hecho que debía consumarse hoy (11 de febrero) como máximo según los plazos judiciales. El empresario Mario Leonardo López asegura que son de su propiedad.

Se trata de 40 familias empleadas en la empresa recuperada y más de 300 familias que viven de la cooperativa, porque trabajan en los galpones que dependen de ella.

Omar Carrasco, presidente de la 1° de Mayo, aseguró a RIO NEGRO que no están dispuestos a entregarlo. «Es algo ilógico que vos entregues tu fuente de trabajo», dijo y responsabilizó directamente al Gobierno Provincial.

«Arabela Carreras, Alberto Weretilneck, Luis Di Giacomo y Alejandro Palmieri se quieren quedar con las tierras. Ellos hicieron la Ley de Expropiación N° 5.031 y no la cumplieron y hoy en día estamos peleando contra un desalojo por culpa de ellos», lanzó el referente.

Los trabajadores planean resistir hasta obtener una respuesta o una solución alternativa por parte del gobierno. Y adelantaron que seguirán «hasta las últimas consecuencias».

La orden de «retiro voluntario» se hizo bajo apercibimiento de ordenar de manera inmediata el desalojo del bien inmueble y hacen responsables a los demandados de los daños y perjuicios que se puedan ocasionar.

El conflicto data desde hace varios años y enfrenta a los integrantes de la cooperativa con un empresario, quien asegura que adquirió el predio de 12 hectáreas en el año 2014. Los referentes de la organización insisten en que no hay documentación que ligue al empresario con la compra de las tierras y aseguran que cuentan con una ley de expropiación que respalda la actividad del aserradero.

A pesar de las apelaciones presentadas por los abogados de la cooperativa, finalmente la Justicia ordenó el desalojo de las tierras.