Desarme con perspectiva de género: armas de fuego, causal del 30% de los femicidios en la región

El disparo de una 9 milímetros marcó el final de la historia de Claudia Casmuz en Roca. Su destino quedó atado a una bala de plomo en las manos equivocadas, las de un hombre que decidió acabar con su vida brutalmente y que hoy acarrea la condena máxima. Ella y otras, fueron víctimas de la violencia machista más extrema y del poder de fuego, de un arma que no tendría que haber estado ahí. Las más vulnerables fueron y siguen siendo las mujeres.

Las armas de fuego dispersas en la sociedad afectan al conjunto de la población, pero sobre todo a las mujeres y disidencias. Los agresores utilizaron pistolas, revólveres y escopetas para matar en uno de cada cuatro femicidios (25%), sobre un total de 1.628 víctimas, según datos del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (Rnfja), elaborados por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

“Cada año mueren aproximadamente entre 250 y 300 mujeres víctimas de femicidio. La tasa de homicidios dolosos en general, sin distinción por género, disminuyó notablemente en los últimos ocho años, pero no se reflejó en la tasa de femicidios. Este hallazgo abona el argumento de que los homicidios de mujeres por razones de género responden a causas distintas”, analizó el licenciado en Criminalística de Neuquén y perito de la región, Eduardo Prueger, en diálogo con Diario RIO NEGRO, sobre esta dramática incidencia. 

Para el becario del Conicet y docente en la Universidad Nacional de Río Negro, los mecanismos de muerte principales o más frecuentes en los casos de femicidio son la fuerza física (golpes y estrangulamiento) y le siguen arma de fuego y arma blanca en un rango similar y parejo. “El segundo medio comisivo más frecuente varía año a año entre estas últimas dos”, explicó. 

En Río Negro, de 19 asesinadas en entre 2017 y 2022, siete murieron por disparos (37%), convirtiéndose en la segunda provincia, tras La Pampa, con más porcentaje de muertas por armas de fuego de la Argentina. En Neuquén, de 20 femicidios, cuatro fueron ultimadas con este medio comisivo, el 20%. A nivel país, 404 femicidios directos y vinculados se cometieron en todo por varones que emplearon armas de fuego en estos seis años. 

Según datos relevados por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), en Argentina el 99% de los usuarios de armas registrados son varones y solo el 1% son mujeres. 

Una de las características centrales de las armas de fuego es su mayor letalidad en comparación con otros medios utilizados. La mayor eficacia, limita la posibilidad de arrepentimiento, la búsqueda de ayuda, la detección por terceros, la intervención temprana y la asistencia médica.

Las estadísticas son contundentes y su análisis, urgente para la toma de medidas inmediatas.

Desarme de la población: una vía para la protección

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Por estos motivos, la necesidad del desarme de la población es acuciante y una pieza clave para la prevención de nuevas víctimas. Centralmente porque el femicidio suele ser un estadio posterior luego de prácticas previas de violencia o bien, un intento (tentativa). Así lo revelan las cifras de la Oficina de la Mujer: en uno de cada tres vínculos donde hubo un femicidio directo cometido con arma de fuego, ya había antecedentes de violencia de género, es decir, ese arma se podría haber quitado de la escena del crimen a tiempo. 

Según la información de la Corte Suprema, las víctimas de femicidio con armas de fuego conocían a sus agresores en casi nueve de cada diez casos: un 69% eran pareja o expareja. En un 40% de los hechos, femicida y víctima vivían en la misma casa, es decir, el arma -autorizada o no- convivía bajo el mismo techo. 

De la información disponible y de las medidas relevadas, ninguno de los 404 casos a nivel nacional incluyó restricciones sobre las armas de fuego, tal como lo dispone el inciso a.4., artículo 26, de la Ley 26485: “Prohibir al presunto agresor la compra y tenencia de armas, y ordenar el secuestro de las que estuvieren en su posesión”. 

Restringir la tenencia y portación de armas a personas con antecedentes de violencia por motivos de género podría tener un impacto real en la protección de las potenciales víctimas y personas en situación de violencia, reduciendo el nivel de letalidad.

Opresión, desigualdad y ensañamiento

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El femicidio es la manifestación extrema de un sistema de opresión y desigualdad cometidos por varones motivados por el odio, desprecio, placer o por un sentido de propiedad sobre las mujeres, según Caputi & Russell (1990). Así lo expresó Eduardo Prueger en el “Estudio sobre homicidios en Argentina: un análisis del periodo 2001-2021”, una publicación del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (Celiv) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero en la que participó.

“El móvil desencadenante del hecho más frecuente es el intento de separación por parte de la víctima: si no estás conmigo, no estás con nadie”, así dice la frase amenazante más repetida por los femicidas.

Del total de 361 víctimas directas en el país, 352 eran mujeres cis y nueve mujeres trans/travestis. En promedio, tenían 37 años de edad, al menos 18 estaban embarazadas, doce eran migrantes internacionales, diez se encontraban en situación de prostitución.

Desde una perspectiva criminalística, Prueger abona a la caracterización de estos hechos teniendo como eje central, el “ensañamiento en el cuerpo de las mujeres”, que se percibe por la multiplicidad de lesiones, diversidad de agentes lesivos, el daño innecesario previo a la muerte, las maniobras de ocultamiento como el desplazamiento y descarte de los cuerpos como objetos desechables (algunos semienterrados, desnudos y en algunos casos con signos de abuso sexual). Todo esto “forma parte de una realidad inocultable”, aseguró el licenciado en Criminalística de Río Negro.

Otras tipologías como el femicidio en grado de tentativa y el suicidio vinculado o suicidio feminicida tienen una mayor invisibilidad. Además, el docente de la Universidad de Río Negro destaca que en algunas ciudades del país los femicidios no solo aumentaron sino que han aparecido tipologías “nuevas” relacionadas con economías ilícitas y la violencia feminicida narco.

“En estos casos, la mujer es el territorio de violencia de las organizaciones criminales. Es un asunto relevante que enciende nuevas alertas”, cerró.

Un 20% era de posesión legal: fuerzas de seguridad y suicidio

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Al menos el 20% de las armas utilizadas en femicidios directos entre 2017 y 2022 eran de posesión legal, al menos 20% no estaban autorizadas y en un 60% no se obtuvo información sobre su condición legal, según los datos del registro.

Dos de cada diez autores de femicidios cometidos con armas de fuego (68) en todo el país, eran integrantes de fuerzas de seguridad (policía provincial, Fuerzas Armadas, fuerzas federales, seguridad privada). En Río Negro, de los siete casos con arma de fuego, uno de los agresores era uniformado y en Neuquén, uno de los cuatro.

Del total de 361 víctimas directas, al menos 16% (58) fueron atacadas con armas reglamentarias y en tres casos, esta pertenecía a la mujer, policía.

El 43% de los femicidas (156 de 365) se suicidó luego de cometer el hecho; por lo que utilizar un arma de fuego para la comisión, incrementó en gran medida las chances de suicidio.

A partir del 2019 se empezó a pedir a todas las jurisdicciones del país mediante una ficha que remitan información ampliatoria cuando hubo un femicidio directo cometido con armas de fuego en su territorio. Allí se relevan precisiones sobre las actuaciones del sistema de justicia ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ex Renar) en estos casos y datos adicionales sobre las armas de fuego empleadas.

El rol del exministerio de Mujeres y Géneros

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En 2020-2021 surgió la primera “Campaña de Desarme con Perspectiva de Género” en el marco del Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego y Municiones de la Agencia Nacional de Materiales Controlados que ya venía funcionando hace más de 15 años, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación.

El trabajo fue conjunto entre la Anmac y el exministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y formaba parte de las acciones del Programa Interministerial de Abordaje Integral de las Violencias Extremas por Motivos de Género, hoy inexistente ante el cambio de gobierno.

Entre las acciones preventivas, se llevaron a cabo tres líneas de acción: el trabajo con la justicia, a través de trabas registrales a varones denunciados por violencia de género para que no puedan acceder a la condición de legítimos usuarios; la participación ciudadana a partir de la publicación de solicitantes y portación para que quienes tengan causas justificadas puedan oponerse; y en tercer lugar, el trabajo con fiscalías, en casos de denuncias sobre violencia de género o familiar, para inhabilitar al denunciado hasta que se esclarezca la causa.

Bajó la entrega voluntaria y continuaría el programa en 2024

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Según datos del Ministerio de Seguridad de la Nación de la gestión anterior, de 2007 a 2022 hubo entregas voluntarias de armas y municiones en todas las provincias, pero desde 2020 bajó drásticamente la recepción con 33.336 armas entregadas de 2016 a 2022 y 175.678 en el período anterior, 2007 a 2015.

Este plan de Prevención de la Violencia con Uso de Armas de Fuego tenía como objetivos específicos reducir el circulante de armas en la sociedad civil y prevenir los efectos de la violencia armada con campañas de comunicación pública, además de generar programas de concientización y sensibilización de desarme y control de la proliferación de armas de fuego en la sociedad.

Diario RÍO NEGRO consultó a autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación de la gestión de Javier Milei, y aseguraron que mediante un nuevo proyecto buscarán continuar con el programa de desarme.

“Cuando llegamos al gobierno el programa estaba vencido”, advirtieron a la vez que confirmaron que están elaborando una norma para prorrogar por cuatro años más en el Congreso. “Antes se hacía por dos años y ahora se va a pedir que se haga por cuatro años”, informaron fuentes de la cartera que dirige Patricia Bullrich.

Durante el 2022, la Anmac había realizado 2.341 inspecciones en todo el país (en Río Negro 16 y en Neuquén, 53), en las cuales se secuestraron un total de 1.274.716 materiales en infracción. En el primer trimestre de 2023, se llevaron adelante 1.508 inspecciones (en Río Negro 23 y en Neuquén 77), en las cuales se secuestraron 270.000 armas de fuego en infracción.

Además, se desarrollaron talleres sobre desarme voluntario de 2017 a 2022 que alcanzaron a unas 2500 personas por año en unos 100 talleres anuales, en promedio.

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El Código Penal establece en su artículo 189 bis los delitos de tenencia, portación y fabricación de armas de fuego, que son contra la seguridad pública y prevén penas de prisión efectiva.