Mapuches de Villa Mascardi calificaron a la fiscal Cendón de “racista”

La audiencia convocada por la Oficina Judicial había sido solicitada por la fiscal jefa Betiana Cendón para reformular los cargos contra 8 miembros de la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi, que están imputados por usurpar el predio que el Obispado de San Isidro tiene en ese lugar.

Sin embargo, los acusados aprovecharon la oportunidad para descargar su descontento con Cendón a la que calificaron de “racista”. La fiscal investiga la mayoría de las denuncias por las usurpaciones de lotes privados en Villa Mascardi, distante a unos 35 kilómetros al sur de Bariloche, y agresiones contra personas que señalaron a los mapuches como los supuestos autores. No es la primera vez que apelan a tildar de racistas a los funcionarios públicos que los investigan.

La fiscal le recordó al juez Juan Martín Arroyo, que dirigía la audiencia, que Juan Pablo Colhuan había sido declarado en rebeldía y tenía dos pedidos de captura porque no había comparecido a audiencias relacionadas con otras causas en trámite.

Juan Pablo estaba conectado por zoom, junto con Cristian Germán Colhuan, y explicó que no había sido notificado de que tenía que presentarse. Informó su domicilio en la calle Tejada Gómez del barrio Virgen Misionera. La fiscal replicó que a esa dirección habían enviado las notificaciones,

El contrapunto encendió los ánimos. “La fiscal Cendón a nosotros siempre nos demostró un gran racismo”, afirmó Cristian Germán Colhuan. “Nos quiere meter presos por algo que no hicimos”, sostuvo. Y planteó que había una situación de desigualdad.

Betiana Colhuan, que está imputada por la usurpación del predio del Obispado de San Isidro, advirtió que en esta causa como en otras “no hizo ningún trabajo de investigación”. “No tiene ninguna prueba y no la va a tener”, vaticinó.

Explicó que muchas veces no se pueden presentar a las audiencias porque trabajan en el campo. Y criticó la acusación en su contra. “Nosotros somos los verdaderos despojados”, afirmó, en referencia al pueblo mapuche y la pérdida de territorios. “Esta causa se va a caer”, aseguró.

El juez resolvió intervenir y les aclaró a los imputados que el asunto a discutir en la audiencia era otro. Explicó que les había concedido la palabra a los acusados para que se expresaran, pero defendió el rol que desempeña Cendón.

“No es parte de esta audiencia debatir si el pueblo mapuche fue víctima de un despojo o sufrió un genocidio”, sostuvo el magistrado. Y les recordó a los imputados que “creer que podemos recuperar derechos por las vías de hecho no es lo correcto. No funciona así”. A esa altura, Cendón ya se había desconectado de la audiencia que se desarrolló por zoom.

Solo el abogado por la querella Horacio Brucellaria y el defensor oficial Nelson Vigueras y la adjunta Mónica Goye estuvieron en la sala.

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Al final, Arroyo admitió la reformulación de los cargos por parte de Cendón que les atribuyó a Juan Pablo y Cristian Germán Colhuan haber sido los que intimidaron y amenazaron con gomeras y piedras la tarde del 1 de abril del 2020 al cuidador del predio para que se marchara.

La fiscal imputó a María Nahuel, Romina Rosas, Johana, Micaela y Betiana Colhuan haber ingresado después de que el trabajador fuera obligado a irse para consolidar el despojo del predio que poseía el Obispado de San Isidro. Quedó pendiente la reformulación contra Jésica Bonnefoi, que no pudo comparecer por problemas de conectividad.

La defensa se opuso a la reformulación de la acusación. Vigueras advirtió con énfasis que la acusación de la fiscal era incompleta y sin precisiones, lo que afectaba el derecho de defensa de los acusados.

Cendón y el abogado por la querella refutaron los planteos de la defensa. La fiscal insistió que había identificado a cada uno de los imputados y los roles que desempeñaron para cometer la usurpación. Y destacó que habían podido ubicar al cuidador que pudo brindar su testimonio y aportar información relevante. Vigueras expresó su desacuerdo. Afirmó que el cuidador “no vio a nadie, no sabe quién lo interceptó” porque los autores estaban encapuchados.

Cendón recordó todas las idas y vueltas procesales de la causa. Indicó que el primer paso se dio en octubre del 2020 cuando formularon cargos contra las mujeres sospechadas de haber participado en forma directa en la usurpación. Destacó que el Obispado demostró en el expediente que cuenta desde 1986 con la escritura pública del predio, que hasta la fecha sigue usurpado.

Sobre el pedido de ejecutar la orden de captura, Arroyo le sugirió al imputado que por intermedio de su defensor comunicara que estaba a disposición de la justicia. Y aseveró que se trata de dos causas en las cuales él no interviene.

Tras la decisión del juez de admitir la reformulación de los cargos contra los imputados, la causa que estaba en suspenso para tratar de acercar posiciones en busca de resolver el conflicto con una herramienta alternativa a la persecución penal, podrá continuar.