Revés judicial para exvicepresidente del Colegio Médico de Regina en caso de gestión fraudulenta

El Tribunal de Impugnación (TI) de Río Negro rechazó el recurso presentado por la defensa y confirmó la imputación contra el exvicepresidente del Colegio Médico de Villa Regina, Edgardo Fernández, acusado de administración fraudulenta. En la causa, que investiga la Fiscalía de Roca, hay varios integrantes de la comisión directiva saliente implicados.

El órgano de revisión rechazó el planteo de la defensa de Fernández y aclaró que la ley no prevé un tercer nivel de revisión en la etapa de investigación.

En su resolución, sostuvo que “el juez de revisión cumplió con el mecanismo de control previsto en la normativa procesal y garantizó el derecho de defensa del imputado”, por lo que no correspondía habilitar una nueva impugnación. Además, remarcó que el proceso penal contempla la posibilidad de cuestionar decisiones en etapas posteriores del proceso, pero no en esta instancia.

Agregó que la decisión del magistrado de revisión cumplió con los requisitos que prevé el artículo 130 del Código Procesal Penal de Río Negro, el cual establece los alcances de una formulación de cargos. “La revisión cumplió con los parámetros de legalidad exigidos, garantizando el derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva”, indicó el tribunal en el fallo.

Con esta resolución, la Fiscalía podrá avanzar en la investigación sobre las presuntas maniobras de administración fraudulenta que habrían afectado el patrimonio del Colegio Médico de Villa Regina. La imputación contra el exdirectivo se mantiene firme y el proceso continúa en la etapa preparatoria.

En la investigación ya fueron imputados los profesionales Antonio Wegierski, expresidente de la entidad; Oscar Bogado, exsecretario de Finanzas; y la empleada administrativa Susana García; quienes se desempeñaban en la institución al momento de detectarse las sospechosas maniobras administrativas.

Antecedentes del caso

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El caso se inició en noviembre de 2024, cuando el Ministerio Público Fiscal, a cargo de Vanesa Cascallares, solicitó la formulación de cargos contra el exdirectivo por presuntas irregularidades en la administración de la entidad médica. Junto a otros integrantes de esa comisión directiva, está señalado como responsable de desviar fondos provenientes de PAMI.

Sin embargo, un juez de Garantías Gastón Pierroni no hizo lugar a la acusación. Ante esa resolución, la Fiscalía y la querella recurrieron la resolución.

En un primer momento, los recursos fueron declarados inadmisibles, pero luego de un nuevo planteo en queja, la causa llegó al juez de revisión, Maximiliano Camarda, quien revocó la resolución de su par, dio por formulados los cargos y ordenó la continuidad del proceso.

En esa instancia, los abogados de exdirectivo impugnaron la resolución con el argumento de que el juez de revisión había vulnerado el derecho de defensa de su representado. Sostuvieron que debía existir una nueva instancia de revisión para que se evaluara nuevamente la decisión.

Tras analizar el caso, el TI rechazó el planteo y dejó firme la acusación.

Qué dijo la acusación contra las exautoridades del Colegio Médico

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La fiscal Vanesa Cascallares en la formulación de cargos de junio pasado, acusó a los imputados de desviar un porcentaje de lo que se pagaba a los médicos y utilizar un sistema contable paralelo para que ese dinero salga del Colegio Médico en forma de cheques destinados a terceros entre los años 2020 y 2021. Según la querella los profesionales afectados podrían sumar unos 60.

“Luego, se habrían confeccionado cheques al portador, rubricados por quien era el presidente y el secretario de finanzas de la institución, que no habrían sido entregados al asociado correspondiente sino a terceros (cobrados por estos) o utilizados en negocios jurídicos ajenos al objeto social del Colegio”, agregó.

Aclaró que los integrantes de la Comisión Directiva, incumpliendo el estatuto de la entidad no dieron cumplimiento en debido tiempo y por a la confección aprobación de los balances lo que generó una situación “irregular” frente a la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Río Negro.
“Esta acción habría imposibilitado convocar a elecciones periódicas, evitando el cambio de autoridades, y así habrían logrado ocultar la maniobra”.

En mayo pasado, el abogado querellante Oscar Pineda, explicó que la maniobra consistía en que los médicos facturaban las prestaciones a PAMI pero cuando se cancelaban esos fondos eran por un valor menor, y la diferencia era transferidas a cuentas particulares o de terceros.

Esto significaba que los afiliados al Colegio no recibían el mismo valor sino que era menor a otros prestadores de la provincia.