Sin tratamiento psiquiátrico, se va de la provincia un condenado por violencia de género

Un joven de 21 años, adicto a la cocaína y el alcohol desde los 12, en situación de calle y sin recursos económicos, admitió ayer tres delitos en un contexto de violencia de género cometidos contra dos mujeres que fueron sus parejas. También aceptó la pena de un año de prisión en suspenso que le aplicaron.

El caso fue revelado la semana pasada por Río Negro como un ejemplo de la inoperancia de los organismos del Estado, que han resultado incapaces de darle una solución. «Hace dos años que intervienen un montón de instituciones pero ninguna le da una respuesta, salvo esta salida punitiva», expresó en la audiencia la defensora pública Ivana Dal Bianco.

En el servicio de salud mental se negaron a atenderlo hasta que los obligó una orden del juez Ravizzoli, y el resultado fue decepcionante: en apenas una carilla, informaron que el joven no necesita un tratamiento.

Según el informe enviado a la fiscalía, que fue leído en la audiencia, lo entrevistó en la guardia un médico con un policía al lado. Estuvo preso porque no tiene dónde vivir, y registra intento de suicidio en las comisarías donde lo alojaron. Tras la audiencia de este jueves, recuperó la libertad.

Un juzgado de Familia, por su parte, ordenó que le impongan una tobillera electrónica. Ahora se da la paradoja de que es un hombre libre pero con ese dispositivo electrónico, pese a que no volvió a acercarse a sus víctimas.

La fiscalía y la querella le explicaron que las decisiones las tomaron jueces de fueros distintos, y que lo resuelto en una sede puede no tener correlato en otra. La trituradora penal sigue siendo la maquinaria más efectiva, podría decirse.

El joven fue condenado por un hecho de violencia cometido el 28 de octubre de 2019 contra quien era su pareja de entonces; otro hecho de violencia contra una segunda pareja el 19 de diciembre de 2021, y por quitarse la tobillera electrónica el 2 de enero de este año.

Este jueves hubo un acuerdo pleno entre la fiscal Carolina Mauri, la defensora Dal Bianco, al que prestaron conformidad las víctimas. El juez Gustavo Ravizzoli lo convalidó.

Una de las víctimas asistió a la audiencia, pero prefirió no hablar cuando el magistrado le cedió la palabra.

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Atenuantes

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La fiscal Mauri tuvo en cuenta como atenuantes la edad del imputado, su falta de antecedentes, su estado de salud y la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra. Pidió una prohibición de acercamiento a quienes fueron sus víctimas, y reveló que tiene pensado radicarse en otra provincia.

Dal Bianco recordó que «los últimos dos años» el joven «prácticamente vivió en la Ciudad Judicial» y con la fiscalía buscaron soluciones a sus problemas. Los padres dejaron expresa constancia de que no quieren que viva con ellos.

Cuando le dieron la palabra, el imputado confirmó que aceptaba su responsabilidad y dijo que «no me voy a acercar nunca más a estas dos mujeres». De hecho, no lo hizo desde que cometió las agresiones. Confirmó que dejará la provincia y se alojará en la casa de unos parientes. Expresó su ambición de conseguir un trabajo para poder alquilar y vivir por su cuenta.

Ravizzoli destacó el trabajo coordinado de la fiscalía y la defensa «para dar una respuesta concreta, definitiva y la más adecuada posible en virtud de todas las aristas que tiene este caso».

«Lo importante es que se haya resuelto este conflicto y cada uno pueda seguir con su vida», cerró.